jueves, 11 de mayo de 2017

Los separatistas amenazan: ‘Cataluña continuará por su camino’

DECLARACIONES DE CAMPUZANO, PORTAVOZ DE PDECAT EN EL CONGRESO

Los separatistas amenazan: ‘Cataluña continuará por su camino’

El Gobierno, que se ha limitado a judicializar el proceso, asegura ahora que protegerá a los funcionarios en Cataluña para que no sean forzados a colaborar con el separatismo.
La Gaceta
 
 
El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, aseguró este miércoles que desde el Parlament catalán se seguirá adelante con los "compromisos" de la "mayoría gubernamental" y "Cataluña va a continuar por su camino" separatista, pese a las sentencias que haya en contra de este proceso.


Así ha respondido Campuzano en el Congreso a la pregunta de los periodistas sobre la última decisión del Tribunal Constitucional, que ha anulado parte de la Ley de Consultas Populares de Cataluña. El TC ha anulado parte de esta ley, aprobada durante el gobierno del tripartito -PSC, ERC e ICV- en 2010, al considerar que cualquier norma que regule convocatorias de referéndum de ámbito autonómico es inconstitucional y, por tanto, nula.
"Estamos convencidos de que la vía del conflicto competencial y del Código Penal no va a servir para evitar que Cataluña ejerza su derecho a decidir y por tanto se habrá perdido esa batalla", señaló Campuzano. Y añadió que aunque habría que conocer el contenido concreto de la sentencia, desde el Parlament "los compromisos que tiene la mayoría gubernamental van a tirar hacia adelante y Cataluña va a continuar por su camino".

El Gobierno dice que portegerá a los funcionarios

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, garantizó este miércoles al presidente de CSIF, Miguel Borrás, que el Ejecutivo velará por la seguridad jurídica de los funcionarios catalanes en el caso de que reciban presiones u órdenes al margen de la legalidad vigente. Sin embargo no han hecho ninguna mención de las medidas que se tomarán con los funcionarios que decidan colaborar voluntariamente con este intento de ruptura de España.
Según informa la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en un comunicado, Sáenz de Santamaría y Borrás han mantenido hoy una reunión, en la que, entre otros asuntos, han abordado la situación del funcionariado de Cataluña en el proceso soberanista. La vicepresidenta, de acuerdo con la nota, comparte con CSIF la preocupación sobre los efectos que puede tener este proceso en los funcionarios catalanes, y ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad, en el sentido de que el Estado velará por su seguridad jurídica.
CSIF y la vicepresidenta han coincidido en la defensa del ordenamiento jurídico vigente y en la necesidad de preservar la labor y la profesionalidad de los empleados públicos catalanes al margen de este proceso, evitando que se vean perjudicados por decisiones de "dudosa legalidad", agrega el comunicado. Sobre este punto, la central sindical ha lamentado las declaraciones de los pasados días sobre supuestas sanciones a los funcionarios que no colaboren con el proceso soberanista.
Borrás aprovechó para informar a Sáenz de Santamaría del protocolo diseñado por el sindicato ante la posibilidad de que se den ese tipo de situaciones, que aconseja a los empleados públicos que, si reciben una orden que entiendan que puede ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. De esa manera se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.
En el caso de que el superior jerárquico persista en la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre su ilegalidad y acudir a los recursos legales. Para "los casos más extremos", cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes.
Asimismo, de estimarse que se pueda incurrir en una situación ilícita desde el punto de vista penal se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, la Fiscalía o los órganos judiciales.

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