miércoles, 19 de abril de 2017

El Tribunal de Cuentas señala que el Plan E de Zapatero generó unas pérdidas de 7.800 millones

 
 
 
 
El Tribunal ha detectado numerosas irregularidades en la aplicación de este proyecto, que pretendía reactivar la economía española
 
 
Leire Pajín, Pepe Blanco, Rodríguez Zapatero y Manuel Cháves en 2010
Leire Pajín, Pepe Blanco, Rodríguez Zapatero y Manuel Cháves en 2010 - EFE
 
El Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local, conocido como Plan E de Zapatero para reactivar la economía durante la crisis, presentó unas "pérdidas" globales de 7.836 millones, según el Tribunal de Cuentas, que ha detectado numerosas irregularidades en su aplicación.
Así lo pone de relieve un informe del Tribunal de Cuentas complementario a otro realizado desde el punto de vista del ámbito local, que estudió una muestra de 400 ayuntamientos beneficiarios del fondo y que concluyó que únicamente el 15 % de las entidades dio prioridad al empleo como criterio de reparto.
Según ha expuesto hoy en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas el presidente de este órgano fiscalizador, Ramón María Álvarez de Miranda, la imputación presupuestaria de las aportaciones realizadas por el Ministerio al fondo no siguió el criterio establecido en la normativa contable relativa a los fondos carentes de personalidad jurídica.
Las cuentas anuales del fondo correspondientes a los ejercicios 2009 a 2011 representan, en sus aspectos significativos, la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial, del resultado de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, de conformidad con las normas y principios aplicables.
En el informe, de ámbito estatal, el Tribunal de Cuentas detalla que los resultados del fondo presentaron unas «pérdidas» de 5.435 millones de euros en 2009, 2.304 millones en 2010 y 97 millones en 2011, como consecuencia del criterio contable de registrar como gastos las subvenciones concedidas a las entidades locales y como ingresos los reintegros e intereses de demora cobrados.
De las 8.112 entidades locales a las que correspondía el reparto teórico de los recursos, solicitaron financiación 8.094 municipios, las dos ciudades autónomas y siete mancomunidades, y se autorizaron proyectos, finalmente, para 8.082 municipios, Ceuta y Melilla y seis mancomunidades.
Las inversiones realizadas por las entidades locales no superaron, en ningún caso, el importe máximo de inversión establecido legalmente. Con fecha de 30 de noviembre de 2012 no quedaba ningún proyecto pendiente de liquidación y el importe total pagado ascendía a 7.838 millones de euros, el 97,98 por ciento del total de los fondos inicialmente autorizados.
Respecto al análisis de los criterios para la adjudicación de los contratos establecidos en los pliegos-tipo elaborados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, el Tribunal considera que eran «excesivamente genéricos e imprecisos».
Hubo retrasos en los plazos en el 83 por ciento de los proyectos analizados y en el 44 por ciento de los proyectos analizados se detectaron demoras en el pago de alguna certificación de obra.
La Intervención General de la Administración del Estado realizó 423 informes de control financiero, en los que halló deficiencias e irregularidades relativas, principalmente, a la falta de compromiso de creación de empleo por el adjudicatario, a la existencia de inversiones que no cumplían los requisitos legales para su financiación y a la justificación fuera del plazo establecido.
Sobre el grado de cumplimiento de los compromisos de creación y mantenimiento de empleo, el órgano fiscalizador aprecia la desviación a la baja respecto a lo comprometido y la contratación de muchos trabajadores por periodos muy cortos.

Seguimiento

Así las cosas, recomienda que, si se aprueban fondos de similares características, se introduzcan los cambios oportunos en la aplicación informática de gestión de los mismos, facilitando el adecuado seguimiento y control de los reintegros y de los intereses de demora liquidados.
También aconseja al Ministerio que establezca un adecuado sistema de seguimiento del cumplimiento de las condiciones, que se subsanen las deficiencias puestas de manifiesto en el informe y que se definan de forma más precisa los objetivos del fondo.
Del mismo modo, se sugiere que, en la regulación de instrumentos como el fondo, que constituye el objeto de la fiscalización, exija que en el criterio de creación o fomento del empleo se valore el número de trabajadores nuevos contratados o ya empleados, en función del número de días trabajados.
El portavoz del PSOE en la comisión, Antonio Hurtado, ha querido quedarse con lo «positivo» del Plan E, como los 426.000 empleados creados y los 244.000 que se mantienen, mientras que, por Ciudadanos, Vicente Ten Oliver ha considerado al Plan E como «el mayor ejemplo de fracaso del PSOE para hacer frente a la crisis».

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