miércoles, 22 de marzo de 2017

El Parlamento desoye al Constitucional y destina recursos para el eferéndun

  
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El Parlament ha aprobado que los Presupuestos de la Generalitat para 2017 puedan asignar los recursos necesarios para organizar y convocar un referéndum de independencia en Cataluña. La medida ha prosperado por 72 votos a favor -62 de Junts pel Sí, 9 de la CUP y uno de Catalunya Sí que es Pot- y 9 votos en contra de Sí que es Pot. Los diputados de Ciudadanos, PSC y PP no han votado. La votación ha bastado para validar la polémica disposición adicional 31, que garantizaría la disposición de recursos para celebrar la consulta y que fue censurada por el Consejo de Garantías Estatutarias, que elaboró un dictamen que consideraba ese punto contrario a la Constitución y al propio Estatuto catalán. Àngels Martínez Castells, diputada de Podem, ha aclarado que ha votado a "conciencia" porque y aunque sea contra el criterio de su grupo, le parecía razonable que se habiliten las partidas para el referéndum.
El conjunto de los Presupuestos, como estaba previsto, se ha aprobado gracias a los 62 votos de Junts pel Sí y dos de la CUP, que mostraba así su apoyo al referéndum y su rechazo a unas Cuentas que no considera "sociales". Su malestar deja una ajustada votación en el dictamen final, con 64 votos a favor, 62 en contra y siete abstenciones (de la CUP).
La disposición se ha convertido hoy en el centro de un bronco debate en la Cámara catalana, después de que los dos principales letrados del Parlament, el secretario general y el letrado mayor, hayan pedido la lectura de una nota advirtiendo que ese texto contraviene un auto del Tribunal Constitucional, por lo que se alertaba de “las responsabilidades que se derivarían” de la votación y aprobación de la misma. Los letrados aseguran que las enmiendas presentadas como alternativas por Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí que es Pot --si esta era de adición-- incumpliría igualmente la resolución.
Tras un breve receso de unos minutos, Junts pel Sí y la CUP han decidido seguir adelante con la votación. A partir de ahí, la oposición, con la excepción de la CUP, ha tratado de detener la votación con el argumento de que la nota de los letrados no ofrecía el mismo criterio de opinión que se incluía en un informe presentado el jueves pasado, en el que no se advertía de los riesgos de aprobar la disposición adicional 31. Primero Ciudadanos, PSC y Ciudadanos han demandado una reunión de la Mesa de la Cámara. La presidenta Carme Forcadell ha denegado esa solicitud al argumentar que no estaba previsto en el reglamento. Después han intentado que se convocara una reunión de la Junta de Portavoces y, en ese caso, Forcadell también lo ha evitado al argumentar que ya se había iniciado la votación, por lo que no era posible, según el reglamento. Sus peticiones se basaban en la necesidad de que la nota emitida hoy por los letrados se pudiera convertir en un informe más amplio y argumentado.
La aprobación de la disposición adicional 31 –que obliga a “habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña”— abre la vía de los recursos ante el Tribunal Constitucional anunciados por Ciudadanos, PSC y el PP. Igualmente, el Gobierno central plantea también recurrir, lo que suspendería automáticamente la disposición adicional.
La cuestión ahora es si los miembros de la mesa se enfrentan a otra vía judicial por desobedecer al tribunal de garantías.

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