El intento de denunciar la, en ocasiones, dudosa práctica de los partidos de depositar el voto por correo delegado ha acabado esta vez volviéndose en contra de la denunciante: una funcionaria de Correos militante de Podemos en un pueblo de Valencia, según cuenta ABC.
Elecciones de diciembre de 2015. En la localidad valenciana de Puzol -que cuenta con más de 19.000 habitantes-, varios miembros del PP, entre ellos la portavoz en el Ayuntamiento, Paz Carceller, se dirigen a la oficina de Correos para depositar varios votos de personas del municipio que se encuentran impedidas para desplazarse a realizar esta acción por ellas mismas.
Al tratar de introducirlos, la directora de la oficina, en ese momento secretaria general de Podemos en Rafelbunyol (localidad muy cercana a Puzol) decide bloquear tres votos por considerar que ese mecanismo no se ajustaba a la legalidad y se encontraba manipulado.
Opta a continuación por dar aviso a su partido, el cual interpone una denuncia contra las tres personas implicadas del PP por haber cometido un supuesto delito electoral. Ésta acaba en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Massamagrell, desde donde el pasado 16 de mayo se decidió sobreseer provisionalmente estas actuaciones por no quedar acreditadas las acusaciones.
Pero la juez no se ha quedado ahí y ha decidido poner la resolución en conocimiento del la Fiscalía para que investigue la posible responsabilidad criminal de la directora de la oficina al apartar y dejar de tramitar los votos por correspondencia emitidos por tres electores a través de sus representantes.
Sin irregularidades
En el auto consta que la denuncia inicial interpuesta por parte de Podemos se basaba en que las tres investigadas acompañaban a la oficina de Correos de Puzol a 20 o más personas de avanzada edad diariamente solicitando el voto por correo para ellas y haciendo de apoderadas para otros tantos, saturando la oficina e introduciendo ellas mismas los votos de su formación desechando los demás.
La juez entiende, sin embargo, que estas acusaciones nada tienen que ver con las irregularidades manifestadas por el personal de Correos, que se limitó a poner en duda la práctica de las representantes de introducir el voto delegado al PP en el sobre sin salir de la oficina. «No se ha acreditado que las tres personas investigadas representasen, cada una de ellas, a más de un elector. Se trata de personas vinculadas al Partido Popular y los ancianos a quienes representaron han declarado ser votantes de esa formación toda la vida, siendo además lo lógico que si quieren votar al PP busquen a representantes vinculados con dicho partido», expresa la juez tras haber tomado declaración a las personas impedidas para acudir a las urnas.
Igualmente, considera que tampoco está probada la existencia de irregularidad alguna en el mecanismo del voto delegado, ya que todas las representantes fueron apoderadas mediante certificación notarial junto al oportuno informe médico en el que se refleja que los votantes se encontraban impedidos físicamente.
«La posible vulneración de un derecho constitucional de estos tres ancianos por la decisión de la directora de la oficina de apartar y no tramitar sus votos puede ser constitutiva de un delito electoral», concluye la resolución.
La portavoz popular local y una de las investigadas, Paz Carceller, explica que la directora de la oficina «tendría que haber notificado su impresión de irregularidad a su superior jerárquico, pero decidió que era ilegal por su cuenta y riesgo». Además, afirma que la denunciante les acusó de trato vejatorio hacia los trabajadores de Correos.
Ahora, asegura que presentará una querella contra la que fuera secretaria general de Podemos en Rafelbunyol -y que dimitió unos meses más tarde- por este caso.
La acusación incluso llegó a protagonizar un pleno municipal el pasado 25 de enero, donde decenas de miembros del partido del círculo preguntaron a los concejales del PP si eran «conscientes» de las irregularidades que podían estar cometiendo.
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