El separatismo catalán completó hoy un nuevo paso en su proceso golpista de ruptura con España acordando la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalidad.
Los separatistas se dan 18 meses de plazo para culminar su golpe de Estado
El acuerdo alcanzado por Junts pel Sí y por los ultraizquierdistas de la CUP incluye la desconexión de Cataluña con España en un plazo de 18 meses: una separación unilateral y abiertamente ilegal, que viola las normas de convivencia que votaron los catalanes por amplia mayoría durante el referéndum con el que se aprobó la Constitución Española hoy vigente.
Ahora quieren la independencia con la mayoría de los catalanes en contra
Hay que recordar que en diciembre de 2007, Artur Mas señaló que harían falta dos tercios de los votos para iniciar el proceso independentista:
“El Estado de las autonomías es insuficiente, en el Estado federal nunca he creído mucho; yo siempre defenderé el máximo de soberanía para Cataluña. Eso sí, si para modificar una ley electoral exigimos los dos tercios de los votos del Parlament, ¿cómo no vamos a pedir también los dos tercios de los votos, el 66%, para un referéndum de este tipo?“
En las Elecciones catalanas del pasado 27 de septiembre la candidatura rupturista de Junts pel Sí obtuvo el 39,59% de los votos. Los independentistas de la CUP, el 8,21%. Juntos suman el 47,8%. No llegan ni al 50% de los votos, y se quedan muy lejos de ese 66% que marcó el propio Artur Mas como mínimo exigible para declarar la independencia. En resumen: no sólo pretenden violar las normas de convivencia que votaron los catalanes, sino que también incumplen el mínimo de votos que ellos mismos señalaron para su ruptura. Con sus escaños los separatistas no podrían cambiar la ley electoral, pero quiere usarlos para romper con más de medio milenio de españolidad de Cataluña. Estamos ante la enésima burla de estos golpistas contra España y contra la democracia. Una burla que, en la práctica, consiste en el secuestro del 52,2% de los catalanes por los representantes del 47,8% restante. Una situación que nunca se ha producido en ningún proceso separatista en ningún país de Europa, y con la que los separatistas empujan a Cataluña a un grave conflicto civil que tendrá desastrosas consecuencias para la convivencia entre catalanes.
La Constitución Española fue apoyada por un 90,46% en Cataluña
En democracia las normas de convivencia están para ser respetadas por todos. Cataluña fue una de las regiones españolas que apoyaron con más contundencia la Constitución: la aprobaron el 90,46% de los catalanes. Ningún proceso separatista se ha acercado ni remotamente a ese resultado. Como vemos, incluso han renunciado a la posibilidad de convencer al 66% de los catalanes. Ese pacto de convivencia contemplaba sus cauces de reforma y sigue hoy vigente. Si los separatistas se saltan esos cauces de reforma es porque carecen de la fuerza necesaria para reformar la Constitución. Dicho sea de otro modo: los separatistas se saltan las reglas del juego para alcanzar sus propósitos porque no han logrado el apoyo suficiente para actuar de forma legal. Esto en democracia tiene un nombre: golpismo. Y el golpismo es un delito muy grave, por cuanto pretende subvertir las instituciones públicas para someterlas a la voluntad de quienes no están dispuestos a asumir las normas de convivencia democráticas.
Ante el golpe separatista, urge aplicar el Art. 155 de la Constitución
Ante un atentado contra la democracia como ése, sobran los comunicados, las promesas y las buenas palabras: hay que actuar con la ley en la mano. La Constitución vigente, ésa que apoyó el 90,46% de los catalanes, establece lo siguiente para casos como el que nos ocupa en su Artículo 155:
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
Esto supondría intervenir la Generalidad catalana y suspender la autonomía de esa comunidad para garantizar el cumplimiento de la ley. Es una medida extrema, desde luego, pero más extrema es la actitud de quienes están llevando a cabo un golpe de Estado que tienen como fin declarado, sin rodeos, romper la unidad de España y apropiarse de una parte de nuestro territorio. El Gobierno de España no puede seguir asistiendo de brazos cruzados al secuestro masivo de toda Cataluña por parte del separatismo. Si hay que echar mano de la Policía y de la Guardia Civil, se echa, pues su misión es garantizar el cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden. Y si para frenar este golpe de Estado hay que recurrir a las Fuerzas Armadas, pues se recurre. Así lo estipula el Artículo 8 de la Constitución, sí, de esa Constitución que los catalanes apoyaron de forma masiva para garantizar la convivencia democrática ante casos como éste: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.“
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