El desafío legitima sobradamente la suspensión de la autonomía catalana
Ayer los separatistas catalanes dieron un paso más en su desafío golpista con una declaración de independencia, declaración que es, por supuesto, abiertamente ilegal.
Esa declaración constituye un claro delito de sedición contra las instituciones del Estado, y particularmente contra el orden constitucional que los catalanes apoyaron masivamente en las urnas en el referéndum celebrado en 1978. Los catalanes, junto al resto de los españoles, aceptaron unas normas de convivencia y unos cauces concretos para modificarlas, junto a los mecanismos jurídicos para impedir que esas normas fuesen violadas. Ahora los separatistas se saltan esos cauces y esas normas, en un atentado directo contra la democracia y el Estado de Derecho.
Los separatistas ya han quemado muchas fases en su desafío golpista. Con esta última pretenden llamar directamente a la desobediencia a las autoridades legales y legítimas de la Nación. Este golpe de Estado en toda regla tiene como objetivo más inmediato desposeer de sus derechos constitucionales a millones de catalanes, unos derechos que no han quedado en suspenso por el mero hecho de que las fuerzas separatistas ganasen en escaños, pero no en votos, las últimas elecciones autonómicas. Lo que están haciendo los separatistas es violar la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, para arrebatarle a España una parte de su territorio tomando como rehenes a quienes habitan en él. No se puede esperar que un golpe como éste, que violenta los derechos de millones de personas y les fuerza a sumarse a un golpe de Estado y a traicionar a la democracia, se solvente de forma pacífica. No lo hizo el anterior golpe de Estado separatista en Cataluña, perpetrado en 1934 y que se saldó con 107 muertos, después de que los separatistas recurriesen a las armas para intentar derribar la legalidad republicana en Cataluña.
Ante un acto de esta gravedad la declaración institucional leída hoy por Rajoy es insuficiente. Hoy el presidente del Gobierno no ha anunciado ni una sola medida concreta frente a la declaración golpista de los separatistas. Se ha limitado a hacer una declaración de intenciones que ya resulta redundante respecto de sus anteriores anuncios. El Estado pudo desactivar el golpe del 23 de febrero de 1981 con medidas concretas y claras, y sólo desactivará este nuevo golpe de Estado de igual forma. Es inútil que Rajoy apele a la ley y a la Constitución si él mismo no da los pasos necesarios para hacerlas cumplir en Cataluña. El gobierno catalán lleva años desobedeciendo sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sin que ocurriese nada, sin que el gobierno actuase para impedirlo, sin que los tribunales tomaran cartas en el asunto. Artur Mas hizo una consulta separatista y el asunto ha tardado más de un año en llegar a los tribunales, como si fuese un mero proceso judicial sobre una delimitación de fincas entre vecinos. No se puede tener a todos los españoles, y a los catalanes en particular, sumidos tanto tiempo en la incertidumbre, y menos aún cuando los separatistas aceleran sus planes independentistas ante las actuaciones judiciales que están destapando la corrupción de décadas entre la casta separatista.
El Artículo 155 de la Constitución es muy claro:
“Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.”
La situación que indica este Artículo lleva produciéndose desde hace años, pero el gobierno aún no ha hecho requerimiento alguno, ni ha mostrado siquiera su expresa y clara voluntad de recurrir a este mecanismo jurídico para garantizar la legalidad constitucional en Cataluña, un mecanismo que incluye, por supuesto, la suspensión de la autonomía catalana. Ya va siendo hora de dejarse de bonitas palabras y pasar a la acción. Y si Mariano Rajoy no se considera capacitado para hacerlo, entonces debe dejar paso a otra persona que sí lo esté.
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