El ex ministro de Economía del PP fue liberado antes de tiempo y no entró en la cárcel, pese a que está acusado de cinco delitos fiscales (uno por cada ejercicio entre 2009 y 2013), blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Y es que a una parte del Gobierno, concretamente la que encabezan Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría junto a su dócil ministro de Justicia, Rafael Catalá, ahora le han entrado “interrogantes, dudas e incertidumbres” con la actuación de Cristóbal Montoro en Hacienda al investigar, registrar y detener a su ex ministro Rodrigo Rato.
En medios judiciales ha causado “consternación” el que ahora el gabinete que dirige Rajoy asegure que la detención de Rato fue “irregular” por “urgente”. No merecía ese trato un ex ministro de José María Aznar y compañero de Mariano Rajoy, dicen ahora. ¿A qué se debe este giro de 180º? En Génova 13 temen que Rodrigo Rato “pueda recobrar la memoria”, tal y como adelantaba “Espía en el Congreso” en su edición de ayer. Y su novia, la periodista de “El País”, Alicia González, puede ser una figura clave en este asunto: “Yo hice locutor de radio a Aznar” o “Pregúntenle en qué piso vivía Rajoy de soltero en Madrid: se lo dio Bárcenas a precio de ganga. Y eso lo saben los dos y lo explica todo, Luis se lo reserva para el juicio, si es que se produce”. La publicación de estas dos “perlas”, confiadas por Alicia González a una compañera de trabajo despedida en “El País”, han sido suficientes para remover los cimientos del Ejecutivo, según esta versión.
Pese a las múltiples evidencias en contra, el Gobierno sostiene ahora que “las pruebas no son suficientes para abrir un proceso judicial” contra Rato, que el resultado de la investigación está “inmaduro” y que por ello los fiscales Manuel Moix, José Javier Polo y Carlos García Berro fueron desautorizados por la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal y la fiscal (supuestamente) anticorrupción Elena Lorente. Ellas dos consideran “precipitado” juzgar a Rato, ya que “no se advierte conexión” entre Rato y Bankia. Este atentado “contra el sentido común judicial y humano”, según diversos juristas consultados, pretende hacer creer que la quiebra de las siete cajas de ahorro agrupadas en Bankia no fue “un grave perjuicio a la economía nacional”. Y el hecho de que Rato esté vaciando sus cuentas y empresas para transferírselas a su ex mujer, hijos y hermanos Mari Angeles y Ramón (no ha querido hacerlo con su actual novia, la periodista de “El País”, Alicia González) “no tiene nada que ver” con que Bankia tenga ahora intención de cobrarse los 133 millones de euros de fianza que tuvo que poner en su nombre a causa de la responsabilidad penal y financiera de sus actuaciones.
Después de la decidida actuación de la Agencia Tributaria cuando, por orden, aquiescencia o al menos no obstáculo del ministro Cristóbal Montoro, registró la casa de Rodrigo Rato, ahora el Gobierno, presa de titubeos, dudas y las zozobras propias de quien prevé un descalabro electoral el 24-M, ha dado “marcha atrás”. Los funcionarios de Hacienda, cumpliendo su trabajo más habitual, se llevaron sus ordenadores para investigarlos y detuvieron al ministro de Economía durante siete horas para impedir que siguiera vaciando sus cuentas y transfiriendo dinero a sus hijos y ex mujer en una cuenta de Gibraltar (Vivaway Limited) u ocultando bienes como los de su hotel en Berlín o sus agencias de publicidad (Cor Comunicación y Ánima Marketing) que usaba con el Banco de Santander. También facturaba con empresas de familiares suyos como Alihato -su actividad es la realización de estudios de mercado- o Aurosur, consultora de gestión empresarial. Y la clave está en sus empresas Anima Eventos Marketing, S.L.y Actua Films, S.L. que, al igual que el empresario Enrique Cerezo con las suyas, son utilizadas como “pantalla”.
Pero ha sido tal la reacción ciudadana y especialmente en el seno de los votantes del PP que el Gobierno ha optado por dar marcha atrás. Hoy Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría intentan “bloquear” y desautorizar a Montoro, usando para ello a su colega en el Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Rafael Catalá. En medios del Grupo Popular del Congreso aseguran que “ahora se están viendo las verdaderas razones del cese o dimisión, nunca lo sabremos, de Alberto Ruiz Gallardón en la cartera de Justicia”. Y es que el Gobierno quiere hacer creer a los ciudadanos algo que va a remover las tumbas de todos sus antepasados, a juzgar por la airada reacción que provocaría entre los demás contribuyentes: “Rodrigo Rato puede declararse insolvente”. La estrategia judicial, habitual en España entre los empresarios que desfalcan sus empresas o quiebran pero poseen sus propiedades y dinero a nombre de familiares de primer o segundo grado, es en este caso algo más alucinante, dado que la opulencia de Rodrigo Rato está en el imaginario colectivo de todos los españoles. Y lo que es peor para él, de la Hacienda Pública:
“La Agencia Tributaria detectó hace tiempo movimientos sospechosos en el patrimonio de Rato que podrían sugerir un intento de ocultar parte de sus propiedades o de traspasarlas a sus hijos (las célebres cuentas en Gibraltar donde transfirió 2,6 millones de euros) con la intención de evitar el pago de la deuda/fianza. La doctrina sobre el alzamiento de bienes sostiene que este delito se puede cometer incluso antes de que se haya determinado o sea exigible la fianza. Rodrigo Rato habría “movido/ocultado” en este tiempo 2,9 millones. El ex vicepresidente asegura que no ha vendido nada en los últimos 13 meses y que su patrimonio es tan embargable ahora como antes. Sin embargo, en las cuentas de la Agencia Tributaria se apunta que el patrimonio de Rodrigo Rato permaneció estable entre 2009 (28 millones de euros) y 2013 (26,6 millones de euros)”. Fue en estos años cuando más dinero ganó Rato por sus trabajos de asesoría en Lazard, Santander, La Caixa, Telefónica y tras ser nombrado presidente de Caja Madrid y Bankia. Solo Endesa le ingresó 25,8 millones de euros para insertar publicidad en medios de comunicación afines. Y eran 3 radios las principales receptoras de este dinero: SER, Cope y Onda Cero. Esos ingresos multimillonarios, según Hacienda, apenas alteraron su patrimonio.
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