La ministra de Empleo ha juzgado que “había poco control y poca transparencia, además de un desajuste entre las ofertas y las demandas de empleo”
El Gobierno ha acabado este viernes con el monopolio en formación que acaparaban hasta ahora sindicatos y patronal con la aprobación del nuevo Real Decreto-Ley de reforma de la formación profesional. Una norma que llega fundamentalmente para "evitar nuevos casos de fraude en la impartición de cursos", ya que en este ámbito se han producido "algunos de los casos de fraude más graves y llamativos de la Democracia", ha recordado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Para corregir estos desequilibrios el Gobierno ha diseñado un modelo en el que los sindicatos y los empresarios "participarán conjuntamente en la planificación" de los cursos de formación, pero no tomarán parte en su gestión. Este ámbito se abre ahora a la libre concurrencia de empresas privada por lo que "los agentes sociales dejan de ser juez y parte en estos cursos". Según ha especificado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se incluirá la formación a los cuadros sindicales para que puedan negociar los convenios colectivos. En el caso de que encargue a una entidad sindical o empresarial la formación de sus trabajadores, éstas recibirían una compensación por la organización de los cursos, que deberán impartirse en un centro acreditado.
Vigilancia constante
La ministra de Empleo ha asegurado que en este nuevo modelo habrá un proceso de supervisión y evaluación permanente para que "no se escape ni un euro". En el último año, la Operación Edu reveló un fraude a gran escala en los cursos de formación en Andalucía salpicando, entre otros, a buena parte de los altos cargos de la Junta. La operación lleva a día de hoy más de 250 detenciones a cargo de la UDEF, que estima que entre los años 2009, 2010 y 2011 se defraudaron más de 3.000 millones de euros de las ayudas europeas para la formación.
Al margen de las necesidades del mercado
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha denunciado el “desajuste entre las cursos ofertados y las demandas de empleo existentes”. La ministra ha dado datos de un informe de la Fundación tripartita para justificar su afirmación: “6 de cada 10 personas que habían realizado uno de estos cursos aseguraron que no habían adquirido una habilidad o destreza nueva" y "7 de cada 10 no vieron aumentada su capacidad de inserción en el mercado de trabajo”.
Además, la ministra ha hecho hincapié en el hecho de que "solo el 4,1% de estos cursos fueron sobre turismo en un país como el nuestro", algo que en su opinión constituye una prueba de que "los contenidos no se adecúan a las necesidades del tejido productivo".
Báñez, ha apuntado otras razones para la emisión de esta norma. En su opinión, “durante estos años ha habido una ausencia de planificación estratégica y de un sistema integrado de formación que permita conocer quién se está formando y en qué”. Por su parte, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que esta nueva norma es "esencial para fomentar el acceso a un empleo de más calidad y luchar contra la desigualdad y la fractura de la cohesión social".
Críticas de los agentes sociales
Como no podía ser de otra forma la medida ha sido fuertemente contestada por los sindicatos. Desde UGT han admitido que esta reforma era "necesaria", pero también ha considerado que "los sindicatos modernos pueden y deben cubrir funciones esenciales en la formación". Por su parte, Comisiones Obreras ha considerado que la reforma les arrincona en "un mero papel decorativo" y "poco relevante". Desde el sindicato han denunciado que "el proyecto no resuelve la falta de coordinación y el solapamiento de las acciones formativas impartidas en las distintas comunidades autónomas" y a su vez, han alertado sobre la posibilidad de que los servicios públicos de empleo proporcionen el "cheque formación" preferentemente a trabajadores ya cualificados".
No hay comentarios:
Publicar un comentario