Podemos se marca sus objetivos: del impago de la deuda a legalizar la 'okupación'

Las cinco resoluciones más votadas por los miembros de Podemos en su asamblea

Estas resoluciones constituyen un esbozo de un futuro programa electoral. Tal y como explican desde la formación, son "textos breves que encuentran gran consenso dentro de Podemos respecto a problemáticas concretas más o menos vinculadas con temas de coyuntura". "No se trata de principios estratégicos ni de desarrollos programáticos en sí, sino simplemente de pequeños textos que expresan posiciones ampliamente apoyadas respecto a cuestiones concretas", aclaran. Algunas de estas medidas, como la derogación de la LOMCE, no son nada nuevo, ya que ya han sido planteadas por otros partidos políticos.

1. Defender la educación pública

Es la resolución más votada: "Defender la educación pública, nuestro derecho y no su negocio", ha obtenido 17.289 votos. "La educación es una herramienta para hacer a la ciudadanía libre y autónoma y sólo una ciudadanía con capacidad crítica puede construir una sociedad mejor", afirma, por lo que pide, entre otras cosas, la derogación de la LOMCE -medida que ya han propuesto otros partidos como PSOE o IU-, la apertura de un proceso asambleario abierto a toda la comunidad educativa para conseguir una reforma educativa integral, la redacción de nuevas Leyes Orgánicas de educación, el restablecimiento inmediato de los recursos que aseguren el acceso universal a la educación y "la articulación de mecanismos de garantía de condiciones laborales dignas".

2. Medidas urgentes anticorrupción

La segunda resolución más votada ha sido la redactada por el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y ha obtenido 16.186 votos. Quiere la tipificación expresa como "organización y grupo criminal" de la asociación entre responsables políticos y actores económicos para cometer delitos de cohecho y prevaricación. Además de la eliminación de los aforamientos, salvo para los parlamentarios y jueces, que queda restringida al ejercicio de sus funciones, la obligación legal de transparencia de renta y patrimonio para cargos electos y responsables públicos o la redefinición de las instituciones de control. El aumento de las penas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y fraude, que se eliminen las tasas judiciales y la tipificación penal de la financiación ilegal de los partidos políticos, son otras de las medidas que propone Villarejo.

3. Ganar el derecho a la vivienda

La tercera resolución más votada que ha obtenido 14.889 votos quiere "ganar el derecho a la vivienda y acabar con la impunidad financiera". "Las entidades financieras han contado con la complicidad de los gobiernos del PP y del PSOE para aumentar artificialmente el precio de la vivienda", afirma esta resolución, y pide el fin de los desalojos forzosos, la despenalización del uso de viviendas abandonadas, es decir legalizar la 'okupación', y la penalización de la situación de acaparamiento de viviendas por parte de las entidades financieras. También el reconocimiento del alquiler social y el desarrollo del parque de vivienda pública del país. Entre otras medidas también se encuentran el derecho a dación en pago con carácter retroactivo.

4. Sanidad pública para todos

La cuarta propuesta elegida con 12.129 votos afirma que "la privatización sanitaria en España ha supuesto un hito de alto impacto desregulador" y plantea la "finalización de las privatizaciones y devolución de la gestión pública de recursos extraídos". Además de la "recuperación de la universalización de la asistencia con compromiso de atención a toda la población, sin exclusión de inmigrantes irregulares ni ciudadanos españoles". La eliminación de los copagos y la derogación de las leyes de gestión del Sistema Nacional de Salud y de ordenación sanitarias de las comunidades autónomas que posibilita la gestión privada de los recursos sanitarios y el desarrollo de un plan que redefina los objetivos de salud y permita la reformulación de la Ley General de Sanidad".

5. La deuda

Con 8.981 votos, su intención a la hora de embridar el problema "del endeudamiento público y privado" es permitir "medidas de política fiscal expansiva" para propiciar comportamientos "en consonancia" por parte de los agentes privados. Propone que expertos "independientes", pero sujetos a un férreo "control social efectivo" auditen la deuda española en clave social, no sólo económica, que "prioricen los intereses colectivos". De este modo, "socializan" el problema de la deuda y hacen responsables a los ciudadanos de las "consecuencias derivadas de las distintas posibilidades para su resolución". Buscan determinar qué parte de la deuda es, a su parecer, legítima y cuál no. Además, busca reforzar "la conciencia social con respecto a la situación real de endeudamiento y sus implicaciones."

Quiere que sea una "reestructuración" coordinada con otros países de la periferia europea, aunque no descartan iniciar el proceso de reestructuración, véase impago, de forma unilateral. Tras explicar sin ahorrar adjetivos cómo ha de ser la auditoría de la deuda, la ponencia de Podemos resta importancia a este asunto y dice que con independencia de que se realice o no esta auditoría, "debe quedar claro que será ineludible realizar una reestructuración ordenada de la deuda". Su programa establece que se debe "instaurar como sentido común" que la reestructuración de la deuda es condición "sine quae non" para la aplicación de cualquier programa económico que tenga como objetivo la recuperación. Es más, en el programa explica que "es necesario vencer el discurso de que no queremos pagar las deudas, (…) sino que se trata de una cuestión de eficiencia económica y de necesidad".

La reestructuración debe abarcar, sigue este programa político, "todas las dimensiones de la deuda: renegociación de los tipos de interés y, en su caso, periodos de carencia; alargamiento de los plazos de vencimiento y amortización de la misma; y, finalmente, quitas parciales". En cuanto a las quitas también contempla, como "un buen punto de partida" la "reestructuración de la deuda" hipotecaria en las primeras viviendas para "familias que cumplan ciertos criterios".