2
El Comité de Empresa de “El País” ha abandonado en bloque CCOO y UGT “por venderse a PRISA” y elaboró este pasquín
“En el año 2004 se incorpora a SIEPSA como Director General de la Sociedad, Juan José Azcona Olóndriz (destacado dirigente de CC.OO Madrid) que es a la vez Consejero de Caja Madrid, Consejero de la Corporación Financiera Caja Madrid, Consejero de la Sociedad Económica Social de Madrid, S.L. (Sociedad de la propia CC.OO) y Consejero de Realia Business, S.A. La actividad de Realia como inmobiliaria es suficientemente conocida para que no haga falta destacarlo aquí. Por lo que se refiere a la Sociedad Económico Social de Madrid, su objeto social es también inmobiliario”. ¿El sindicato Comisiones Obreras actuaba como una empresa inmobiliaria “paralela” con la que se financiaba en la desamortización de las instalaciones penitenciarias, hospitales y centros de inserción social? Eso da a entender el “dossier SIEPSA” que estaba en manos del banquero Miguel Blesa , que él mismo guardó en un cajón y que forma parte del libro “Mano izquierda para las Comisiones en la Banca”. A lo largo de sus más de 70 páginas revela, entre otros documentos, todos los emails corporativos que los sindicalistas “Juanjo” Azcona y Rodolfo Benito intercambiaban con la cúpula del banco.
Azcona, el banquero de CC.OO que se corrompió en Caja Madrid-Bankia
“Pues bien, el Sr. Azcona en la declaración realizada en el año 2005 para el Grupo Cajamadrid, de acuerdo con el Artículo 127 de la Ley de Sociedades Anónimas, declaró su actividad en Realia y en la propia SIEPSA, por tratarse de entidades con análogo o complementario género de actividad al de Corporación Financiera Caja Madrid. Esta declaración de acuerdo con la información que se posee, se realizó por el Sr. Azcona porque los servicios administrativos de la Corporación Financiera Caja Madrid le hicieron ver la necesidad de declarar estas actividades. Sin embargo cuando el Sr. Azcona cumplimentó la misma declaración del articulo 127 de la LSA para REALIA, esta vez personalmente sin que se la prepararan los servicios administrativos de REALIA, declaró que “no participa en el capital de otras sociedades ni realiza por cuenta ajena análogo género de actividad, salvo la referida en Corporación Financiera Caja Madrid”: es decir, curiosamente se olvidó declarar sus actividades como Director General de SIEPSA y administrador de la Sociedad Económica Social de Madrid, que son, precisamente, las que generan un claro conflicto de interés y concurrencia con SIEPSA”, dice el “dossier”.
Azcona no se esconde y proclama que Blesa era un buen banquero
“Es bien sabido que la normativa de sociedades anónimas española exige a los administradores ser leales y fieles al interés social de la sociedad, lo que implica comunicar y abstenerse de intervenir en aquellas situaciones que generen conflicto de interés o competencia con la sociedad (artículos 127 y 132 de la Ley de Sociedades Anónimas), debiendo ser comunicadas estas situaciones en los Informes de Gobierno Corporativo y en los Estados Financieros anuales. Dentro del ámbito de actuación administrativa, como ha señalado el Tribunal Supremo, se trata de elementales criterios de “moralidad publica”, más exigibles aun que en el ámbito privado”.
El abogado Rodrigo Uría
Según la propia Ley de Sociedades Anónimas, articulo 132, los administradores en tales supuestos “deberán ser inmediatamente destituidos, aunque como prevé el articulo 124, no tenían que haber sido nombrados (naturalmente si hubieran solicitado, como no ocurrió tampoco en el caso del Sr. Azcona, la dispensa de compatibilidad previa al nombramiento), siendo tal nombramiento nulo de pleno derecho (Uría, Menéndez, Olivencia, tomo VI del Comentario al régimen legal de las sociedades anónimas, pagina 252). La destitución, en este caso, se produciría por el accionista único, el propio Estado, que no debió nombrarle, todo ello, según señala el art. 133 “sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran concurrir por su conducta desleal. Todo ello sin perjuicio de la falsedad documental en documentos mercantiles a que se refiere el art 290 del Código Penal”, añade el “dossier”.
El letrado Aurelio Menéndez
“Los motivos por los que pudo producirse este “olvido” fraudulento en las declaraciones anuales de actividades competidoras, que no es sino una falsedad en los estados financieros de REALIA, pueden tener que ver con haberse olvidado también el Sr Azcona, para ser designado Director General de SIEPSA, de solicitar la dispensa compatibilidad ante la Subdirección General de Régimen General de Incompatibilidades del Ministerio de Administraciones Públicas”, denuncia el informe.
El abogado sevillano Manuel Olivencia
“Como ya dijimos antes, se trata en estos casos de políticos avezados en normas y procedimientos. El Sr. Azcona “sugirió” ser nombrado Director General, pero no Presidente, aunque se trate del máximo puesto ejecutivo, para escapar así de la formalidad de ser considerado Alto Cargo y resultar incompatible conforme al artículo 1.2 de la Ley de Incompatibilidades de 11 de mayo de 1995; pero no quiso, según consta en la Subdirección General de Incompatibilidades del Ministerio de Administraciones Públicas, solicitar la preceptiva dispensa de compatibilidad del Ministerio de Administraciones Públicas porque conocía que, al menos para la Comisión Europea, SIEPSA es un Organismo Público por mucho que se disfrace de sociedad anónima; y sabía también que tendría que declarar sus actividades en el Grupo CajaMadrid y en REALIA, siendo ambas un claro impedimento para ser designado en su nuevo puesto de Director General de SIEPSA”, revela el dossier.
El dossier denuncia que la Comisión Europea considera SIEPSA como empresa pública. Alguien miró para otro lado.
“El tema de las incompatibilidades no se limita, sin embargo, a los altos cargos sino que cuenta con una normativa específica para todo el personal que presta servicio en el sector público, llegando en su regulación a las situaciones de conflicto de intereses. Así, en efecto, el art. 2 de la Ley citada incluye, dentro de su ámbito de aplicación, el personal que preste servicios en Empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50%, como es el caso de SIEPSA (100%)”.
Fernández Toxo y José María Martínez (Banca): defendió la compra del Banco de Florida por Blesa. Ahora se explica todo.
¿Por que Azcona oculta esta incompatibilidad inmobiliaria y la cúpula de CC.OO que lidera Fernández Toxo lo toleraba?. ¿Por qué José María Martínez (CC.OO Banca) apoyó la compra del Banco de Florida por parte de Blesa? La respuesta la da el propio “dossier”, pues la información que manejaba Azcona era suculenta y su condición simultánea de consejero en la Sociedad Económica Social de Madrid, S.L. “Sociedad de la propia CC.OO” (era una empresa “pantalla”) podía aprovecharla:
Fernández Toxo y José María Martínez deben mostrar sus declaraciones de la renta y patrimonio de los últimos 10 años para despejar dudas razonables. Tendría que ser obligado en todo cargo público que dependa de subvenciones.
“De acuerdo con el anterior objeto social, SIEPSA ha adquirido terrenos y construido edificios penitenciarios en Valdemoro, Navalcarnero, Villabona (Asturias), Picassent (Valencia), Melilla, Soto del Real, Tobas (Salamanca), Huelva, Albolote (Granada), Dueñas (Valencia), Teixeiro (A Coruña), Al Ama (Pontevedra), Aranjuez, Mallorca, León, Córdoba, Alcázares (Segovia), Zaragoza, Villena (Alicante); ha ejecutado obras de adecuación y equipamiento de unidades hospitalarias de acceso restringido en 23 hospitales a lo largo de todo el territorio nacional; y ha construido más de 24 Centros de Inserción Social en Málaga, Alicante, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada, Las Palmas, León, Zaragoza, Cáceres, A Coruña, Huelva, Jerez, Vigo, Ceuta, Ciudad Real, Guadalajara, Huesca, Menorca, Salamanca, Santander, Toledo y Zamora. Según publicó ABC el 27 de marzo de 2005, el 28 de julio de 2003, el entonces ministro de Interior, Ángel Acebes, anunció la construcción de nuevos Centros Penitenciarios en Puerto de Santamaría, Málaga, Cádiz, Morón de la Frontera (Sevilla), Albocasser (Castellón) y Estremera (Madrid), pero en la actualidad se encuentran todavía en fase primaria de adquisición y expropiación de terrenos en busca de edificios para reconvertirlos en cárceles”, dice el “dossier”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario