La juez Alaya se inhibe en favor del Alto Tribunal para que éste decida si ve indicios de delito en las actuaciones de Griñán, Chaves y otros cinco exconsejeros de la Junta de Andalucía, todos ellos aforados
Los aforados presuntamente implicados en el trama: Viera, Chaves, Martínez Aguayo, Vallejo, Ávila, Recio y Griñán
La juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, Mercedes Alaya, ha enviado este martes el caso al Tribunal Supremo para que pueda continuar con sus investigaciones en lo que atañe a los aforados implicados en la trama, entre los que se encuentran los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, además de cinco exconsejero andaluces.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha recibido este martes la exposición razonada de Alaya «relativa a varias personas aforadas», tal y como ha confirmado el Alto Tribunal, que no ha ofrecido más datos en relación a las personas afectadas por esta decisión. El documento, que esta mañana ha entrado en el registro, viene acompañado de varios tomos del sumario, según las mismas fuentes.
Al tratarse de un asunto que no exige una decisión con carácter urgente, esta exposición razonada no irá a la Sala de Vacaciones del Supremo, que es la que en estos momentos está de guardia, sino que pasará a la Sala Penal.
Alaya había dictado una providencia el pasado viernes 25 de julio en la que aseguraba que ya se habían practicado todas las diligencias necesarias respecto a los aforados implicados en la trama y pedía al fiscal que se pronunciara sobre qué tribunal era el competente para instruir la causa. Días después, la Audiencia Provincial de Sevilla rechazó la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que el caso ERE se dividiera en piezas separadas y la magistrada ha decidido finalmente inhibirse para que sea el Tribunal Supremo el que continúe la investigación a los aforados y decida si ve indicios de delito en sus actuaciones.
Lo primero que hará la Sala Segunda es comprobar si, como piensa Alaya, hay indicios de delitos contra Griñán y Chaves. Si no lo ve así, devolvería esta exposición razonada a Alaya para que siga investigando. En caso contrario, pediría un informe a la Fiscalía sobre la competencia del Supremo para instruir este procedimiento, así como la conveniencia o no de acumular en el Alto Tribunal la causa entera de los ERE.
La Sala Segunda tendrá que nombrar un instructor que se haga cargo de la investigación sobre los dos expresidentes y que impulse todas las diligencias que conduzcan a esclarecer su participación en los hechos. .
La juez quiso llevar «hasta el final» la investigación de los ERE fraudulentos y llegó incluso a «preimputar» a Chaves, Griñán y cinco de los que fueron sus consejeros. Ahora será el Alto Tribunal el que, una vez concluida la investigación, decida si hay suficientes indicios para sentarlos en el banquillo.
ABC
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