La Intervención general del Estado ha concluido que en la trama de los ERE no existe sólo una causa, sino dos, para declarar nulas de pleno derecho todas las subvenciones concedidas durante casi diez años por el Gobierno andaluz. Además de la ilegalidad del proceso por la utilización indebida de los presupuestos de la comunidad autónoma para la creación de un ‘fondo de reptiles’, la Intervención General del Estado sostiene que el sistema de pago de las subvenciones aprobadas también vulneró la legalidad.
La posible declaración de nulidad de todos los fondos manejados en los ERE, en el caso de que lo estime así el tribunal que juzgue en su día este proceso, provocaría un problema político, social y judicial de incalculables consecuencias por la extrema dificultad para ejecutar una sentencia así, no sólo por la cantidad de dinero destinada a esos fondos de forma ilegal, sino por la extrema dificultad que conllevaría exigir su devolución a miles de trabajadores que se acogieron a las prejubilaciones que les ofrecían sus empresas, ajenos, la inmensa mayoría de ellos, a los trapicheos de la Junta de Andalucía. En lo que se refiere a la suma de dinero utilizado para el ‘fondo de reptiles’, las cantidades han venido oscilando, en función del periodo de tiempo que se seleccione.
La Cámara de Cuentas de Andalucía, por ejemplo, en el informe de fiscalización del pasado año, cifró la cantidad destinada a los ERE en 1.200 millones de euros. El Partido Popular, por su lado, sostiene que esa cifra ascenderá finalmente a los 1.500 millones, cuando se incluyan las pólizas de seguro y los intereses de demora. La Intervención General del Estado, sin embargo, se limita a lo que aparece en los presupuestos de la Junta, sin entrar en otras consideraciones, desde el año 2000 hasta 2012. En ese tiempo, según el cuadro elaborado por la Intervención General, la Junta destinó al ‘fondo de reptiles' 850.364.957 euros, distribuidos de la siguiente forma en los presupuestos de esos años.
Para utilizar esas partidas, la Junta de Andalucía no sólo ideó un entramado legal ficticio, sino que también pergeñó un sistema de pago ad hoc, al que le puso hasta nombre: “Pagos Cruzados”. En síntesis, el mecanismo funcionaba de la siguiente forma. En los presupuestos de la Junta se incluían transferencias de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o a la Agencia Idea que se utilizarían para otorgar subvenciones de forma discrecional.
Una vez que se realizaba la transferencia, la Consejería de Empleo otorgaba las ayudas sociolaborales a la empresa que estimase oportuno a través de la contratación de pólizas de seguro de rentas.
“Sin embargo –afirma la Intervención General del Estado– dado que habitualmente las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo superaban el crédito de la partida que utilizaba para su otorgamiento (transferencias de financiación a IFA-Idea), al objeto de financiarlas, la Consejería de Empleo comenzó a utilizar el sistema que la propia Consejería denominó `pagos cruzados’. A tal efecto, los fondos enviados a la aseguradora para el pago de una póliza anterior se utilizaban para la apertura o el pago de otra póliza distinta de una empresa diferente”. Para trasvasar fondos de una póliza a otra, la Dirección General de Trabajo simplemente mandaba un escrito a la aseguradora en el que le daba las oportunas instrucciones. Cualquier parecido con el procedimiento administrativo, en definitiva, es pura coincidencia. Por eso, la Intervención General del Estado tiene claras las posibles consecuencias de esta chapuza: nulidad de pleno derecho.
Como se puede esperar, no sólo eran arbitrarias las formas, también el fondo de las ayudas tramitadas durante diez años por la Consejería de Empleo obedecían a criterios erráticos. Y de la misma forma que había empresas en crisis a las que se les otorgó la ayuda correspondiente para que pudieran plantear un ERE, también se subvencionaba a otras “empresas con fines diversos y, en ocasiones, sin ningún objeto claramente definido”, que no guardaban ninguna relación con la tramitación de un expediente regulador. La Intervención General del Estado ha encontrado, incluso, subvenciones a “personas físicas, que en su día fueron afectadas por un ERE, a las cuales se otorgaron las ayudas cuando la relación laboral ya había sido extinguida y no fueron objeto de negociación con la empresa. Su concesión se realizó años después de que la compañía hubiera cerrado o en el momento inmediato posterior al cierre de la empresa”. En definitiva, un sistema para conceder ayudas a discreción sin más criterio que el interés político del momento.
Como ‘guinda’ de este cúmulo de despropósitos legales y administrativos, el informe de la Intervención General del Estado incluye un pago surrealista. El abono a una de las aseguradoras de 2.999.999 euros en lugar de 299.999. Sencillamente, la factura que emitió la Junta de Andalucía llevaba tres cifras de más sin que nadie lo apreciase, ni siquiera la Tesorería y eso que eran casi tres millones de euros de más. Y lo que es peor, dice la Intervención General que cuando en la Junta de Andalucía se dieron cuenta del error, le exigieron a la aseguradora que devolviera el dinero y esta, sencillamente, se negó. Es parte de las conclusiones del informe de la Intervención General del Estado, rubricado en los márgenes por los cuatro inspectores que han estado analizando la trama de los ERE durante dos años por encargo de la juez Mercedes Alaya.
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