a empresa pública de suelo de Andalucía (Epsa), adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda que IU controla desde 2012, ha venido utilizando durante varios años de la pasada década el mismo método de gestión de subvenciones basado en la arbitrariedad y opacidad, además de ser incumplidor de la ley, que en el fraude de los ERE.
Así lo certifica un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía relativo a 2011, pero que también analiza datos de años anteriores para que las conclusiones a las que llega tengan una base argumental más sólida.
La Epsa es, de hecho, una de las nueve empresas públicas de la Junta de Andalucía sobre las que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco por los indicios de que habría usado las transferencias de financiación -dinero que la consejería correspondiente inyecta en su empresa pública o ente instrumental- para conceder subvenciones.
Ese tipo de transferencias sirven, según la propia Consejería de Hacienda andaluza, como recoge el informe de la Cámara, para respaldar los gastos ordinarios de funcionamiento de una entidad pública o reequilibrar su balance, pero no para conceder subvenciones. Y ello porque el dinero transferido no está sometido a fiscalización previa por la Intervención General de la Junta, como establece la Ley General de Subvenciones de 2003.
Anticorrupción
El juez Juan Gutiérrez de Sevilla, que instruye el caso Invercaria, ha aceptado la petición de Anticorrupción y ha abierto piezas separadas para investigar a ocho empresas públicas. La novena, la agencia Idea, la ha trasladado al juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el caso ERE. ¿Qué aporta el informe de la Cámara?
Los auditores públicos señalan claramente que se usa ese tipo de transferencia de fondos para financiar operaciones que realmente proceden de la delegación de funciones que la Consejería de Fomento y Vivienda había hecho a Epsa. Por ejemplo, la rehabilitación de viviendas, para lo que esta empresa, que tiene la consideración legal de entidad subvencionadora, gestionaba y concedía apoyos públicos. O la concesión de ayudas al alquiler a inquilinos.
En 2009, según los datos que la Cámara recaba de Epsa, el 68% de los fondos procedentes del presupuesto de la Junta de Andalucía procedía de transferencias de financiación. En 2010 pasaron a ser el 15%, y en 2011, el 8%. Esta reducción se debe a instrucciones presupuestarias enviadas por la Consejería de Hacienda en 2010.
Pero, ¿durante cuántos años, hasta 2009 incluido, se usó ese sistema? Es lo que el juez tendrá que determinar. En los ERE, este procedimiento se utilizó al menos desde 2001.
Consecuencia de esta manera de gestionar los fondos públicos es, como en el caso ERE, la generación de abultados desfases presupuestarios. Y ello porque se conceden subvenciones por encima de los créditos disponibles, ya que existía desconexión directa entre el dinero y el fin que se le estaba dando. Sólo entre 2008 y 2011 se concedieron subvenciones superiores a los créditos presupuestarios por 144,7 millones.
No obstante, la gestión que los sucesivos consejeros de Fomento -entre 2008 y 2011 hubo tres: Luis García, la exministra Rosa Aguilar y Josefina Cruz- es muy deficiente en términos económicos. El déficit agregado que registra Epsa en esos cuatro años es de 256,6 millones. Incluidos los 144,7 millones y otra parte de déficit creada por actuaciones acometidas por Epsa por encomienda de la Consejería sin la debida cobertura presupuestaria.
En cuanto a su análisis general de la situación económica de Epsa, la Cámara señala que la obtención de beneficios a final de año no es lo suficientemente descriptiva. Analiza por ello el flujo de efectivo de las actividades que realiza Epsa, que muestra un resultado negativo de 105 millones en 2011, de 146 millones en 2010 y otros 91 millones en 2009.
La crisis de tesorería que atraviesa la Junta de Andalucía y que derivó en menores transferencias, unida a la caída de la actividad propia de la empresa de promoción y comercialización de activos inmobiliarios, ha llevado a Epsa a tener que recurrir a endeudamiento para obtener recursos y seguir desarrollando los programas que gestiona por encargo de la Consejería. La Cámara cree que ese flujo de efectivo negativo continuado debe llevar a la empresa a reestructurar su plantilla, reducir endeudamiento y aumentar ingresos para garantizar su viabilidad futura. No obstante, constata que en 2012 se invirtió la tendencia con un flujo positivo de 11,1 millones.
Personal a dedo
La opinión de la Cámara y sus dudas respecto a la viabilidad futura de Epsa no coinciden con el informe de auditoría de las cuentas de 2012, que no contiene salvedades y que fue aprobado por Epsa en junio pasado. No obstante, esos auditores privados (Deloitte, no KPMG como este diario publicó por error inicialmente) sí señalan que hay a cierre de ese año 350 millones en derechos de cobro pendiente de abonarse por la Consejería a Epsa, en fecha por determinar. "Una demora significativa en el plazo de cobro que no viniera acompañada de un aplazamiento en los vencimientos de las deudas con entidades de crédito, podría impactar en la capacidad de Epsa de atender los pasivos exigibles en los plazos previstos".
Además, la Cámara ha detectado ya en este año 2013 que 50 millones para Subvenciones de capital destinadas a familias e instituciones sin fines de lucro se han desviado al pago de intereses de la deuda y a cumplir otros compromisos y obligaciones de pago.
En el análisis de la gestión de personal, por último, se certifica la contratación arbitraria de directivos y mandos intermedios, y el incumplimiento de los principios de mérito, publicidad y capacidad para hacer fijos a empleados temporales. También que se han abonado pluses ilegales, cuya devolución se ha reclamado a los beneficiarios.
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