Seis consejeros de la Junta de Andalucía tienen más de una vivienda en propiedad
El comunista Diego Valderas posee dos viviendas en Huelva más otro inmueble urbano sin especificar.
Foto:Diego Valderas
Arguyendo una abstracción como el "interés general", la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto para "asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda" a través de la expropiación temporal de inmuebles afectados por procedimientos de desahucio. Además de lo anterior, el decreto de la Junta establece sanciones de hasta nueve mil euros para las personas jurídicas que tengan pisos vacíos y no los pongan en alquiler.
La limitación de estas sanciones exclusivamente para el caso de las empresas libera del compromiso de poner en alquiler viviendas vacías a las personas físicas, al menos por el momento. Esta feliz circunstancia permitirá a los políticos socialistas y comunistas andaluces seguir manteniendo a salvo de esta norma sus segundas, terceras, cuartas ¡y hasta quintas residencias!, que de esta forma permanecerán vacías o no dependiendo exclusivamente de la voluntad de sus muy progresistas propietarios.
Es el caso del vicepresidente de la Junta de Andalucía y de otros cinco consejeros que, según sus propias declaraciones patrimoniales en el parlamento andaluz, tienen más de una casa en propiedad a despecho de esa "función social de la vivienda" que quieren preservar con las propiedades de los demás. Según los datos aportados por los propios interesados, Diego Valderas (vicepresidente y responsable de Administración Local y Relaciones Institucionales) posee 2 viviendas en Huelva más otro inmueble urbano sin describir. Susana Díaz Pacheco (Presidencia e Igualdad) declara tener 2 viviendas en Sevilla. Carmen Martínez Aguayo (Hacienda) posee 2 viviendas, una de ellas en Madrid. Rafael Rodríguez (Turismo) hace todavía más oídos sordos a la socialización del derecho a la vivienda con sus tres casas en Málaga, aunque de una de ellas sólo posee el 16% de la propiedad. Por su parte, María Jesús Montero Cuadrado (Salud y Bienestar Social) vulnera más aún que el anterior el "interés general" con la posesión de otras 3 viviendas y un local comercial, todos ellos en Sevilla. Sin embargo, la ofensa más flagrante a la "función social de la vivienda" la comete el consejero de Agricultura, Pesca y Medio ambiente, Luis Planas, poseedor de dos chalets adosados (en Madrid y Málaga), una casa en Córdoba y otros dos apartamentos, en Bruselas y Chefchauen (Marruecos), con lo que podríamos estar ante un claro supuesto de agresión al "derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas y sus familias", tal y como recoge el decreto de la Junta en su crítica a los poseedores de viviendas vacías.
La rapidez con que la Junta de Andalucía se ha lanzado a vulnerar el derecho de propiedad de empresas privadas contrasta con la manera en que sus dirigentes han decidido preservar la suya propia, dejando sus propiedades a salvo de esa multa de nueve mil euros con que amenazan a los empresarios privados que incumplan su mandato. Si el mantener una vivienda vacía es un comportamiento "anti-social" no amparado por la Constitución, como reza la norma dictada por los socialistas y comunistas andaluces, es difícil justificar que seis de los miembros del Consejo de Gobierno que han firmado ese decreto estén actuando "antisocialmente" con la posesión de varias viviendas para su exclusivo disfrute, a despecho del "interés general" de los ciudadanos andaluces cuyos derechos afirman querer garantizar.
La limitación de estas sanciones exclusivamente para el caso de las empresas libera del compromiso de poner en alquiler viviendas vacías a las personas físicas, al menos por el momento. Esta feliz circunstancia permitirá a los políticos socialistas y comunistas andaluces seguir manteniendo a salvo de esta norma sus segundas, terceras, cuartas ¡y hasta quintas residencias!, que de esta forma permanecerán vacías o no dependiendo exclusivamente de la voluntad de sus muy progresistas propietarios.
Es el caso del vicepresidente de la Junta de Andalucía y de otros cinco consejeros que, según sus propias declaraciones patrimoniales en el parlamento andaluz, tienen más de una casa en propiedad a despecho de esa "función social de la vivienda" que quieren preservar con las propiedades de los demás. Según los datos aportados por los propios interesados, Diego Valderas (vicepresidente y responsable de Administración Local y Relaciones Institucionales) posee 2 viviendas en Huelva más otro inmueble urbano sin describir. Susana Díaz Pacheco (Presidencia e Igualdad) declara tener 2 viviendas en Sevilla. Carmen Martínez Aguayo (Hacienda) posee 2 viviendas, una de ellas en Madrid. Rafael Rodríguez (Turismo) hace todavía más oídos sordos a la socialización del derecho a la vivienda con sus tres casas en Málaga, aunque de una de ellas sólo posee el 16% de la propiedad. Por su parte, María Jesús Montero Cuadrado (Salud y Bienestar Social) vulnera más aún que el anterior el "interés general" con la posesión de otras 3 viviendas y un local comercial, todos ellos en Sevilla. Sin embargo, la ofensa más flagrante a la "función social de la vivienda" la comete el consejero de Agricultura, Pesca y Medio ambiente, Luis Planas, poseedor de dos chalets adosados (en Madrid y Málaga), una casa en Córdoba y otros dos apartamentos, en Bruselas y Chefchauen (Marruecos), con lo que podríamos estar ante un claro supuesto de agresión al "derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas y sus familias", tal y como recoge el decreto de la Junta en su crítica a los poseedores de viviendas vacías.
La rapidez con que la Junta de Andalucía se ha lanzado a vulnerar el derecho de propiedad de empresas privadas contrasta con la manera en que sus dirigentes han decidido preservar la suya propia, dejando sus propiedades a salvo de esa multa de nueve mil euros con que amenazan a los empresarios privados que incumplan su mandato. Si el mantener una vivienda vacía es un comportamiento "anti-social" no amparado por la Constitución, como reza la norma dictada por los socialistas y comunistas andaluces, es difícil justificar que seis de los miembros del Consejo de Gobierno que han firmado ese decreto estén actuando "antisocialmente" con la posesión de varias viviendas para su exclusivo disfrute, a despecho del "interés general" de los ciudadanos andaluces cuyos derechos afirman querer garantizar.
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