La entonces ministra de Vivienda, Carme Chacón, previó en 2007 abrir diez juzgados dedicados en exclusiva a agilizar los desalojos de inquilinos morosos. Seis iban a situarse en Madrid
Carme Chacón, durante la rueda de prensa en La Moncloa en la que anunció las medidas relativas a los lanzamientos.
Arrastra el PSOE como en penitencia su arrepentimiento por no haber hecho nada por los desahucios mientras gobernó, aunque la hemeroteca demuestra que sí estuvo a punto, aunque no precisamente de corregir los desalojos, sino de agilizarlos. La reseña del Consejo de Ministros del 28 de septiembre de 2007 no deja lugar a dudas, y en ella se da cuenta de la intención del Ministerio de Vivienda entonces mandado por Carme Chacón de crear en España diez «juzgados especializados», cuya misión exclusiva iba a ser facilitar los lanzamientos en tiempo exprés
El llamado «Plan Chacón» fue enunciado el mismo día en la sala de prensa de La Moncloa por la ministra y la entonces vicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Teresa Fernández de la Vega, que avanzó que los mencionados juzgados se abrirían «allí donde sean más necesarios» porque —se lamentó— «en algunas ciudades, la sobrecarga de trabajo retrasa los desahucios». Dos meses después, la propia titular de Vivienda anunció que los seis primeros estarían abiertos el 1 de enero de 2008 en Madrid, por ser la Comunidad Autónoma donde más dilación registraban este tipo de procesos .
Chacón planteó esos desalojos rápidos como una fórmula para proteger a los propietarios de pisos frente a inquilinos morosos «sistemáticos y profesionales». Y no era su única medida. La ministra se propuso acortar tiempos para que nadie pudiera estar entre año y año y medio sin abonar el alquiler, como venía sucediendo de acuerdo con las estadísticas, antes de enfrentarse a un desahucio. Por eso, según la propia ministra, se puso «codo con codo» con el Ministerio de Justicia para diseñar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de endurecer y acelerar la persecución de los responsables de los impagos.
Así, el Gobierno del PSOE contempló reducir de dos meses a 15 días el plazo para que el inquilino incumplidor pudiera satisfacer su deuda y frenar con ello el inicio del proceso de desalojo. También se planeó rebajar el tiempo para que pudieran solicitar la justicia gratuita, facilitar el trámite de notificación y considerar cualquier incomparecencia del moroso como una aceptación del desahucio, todo con el fin de impedir que pudieran retrasar voluntariamente los juicios que conducían a posibles desalojos. Emitida sentencia, el compromiso era ejecutarla de forma rápida y hacer posible la recuperación de las cantidades adeudadas por parte de los propietarios.
En una entrevista televisiva, Chacón no ocultó que toda la batería de iniciativas pretendía conseguir «que el desahucio no sea muy largo y que un propietario no tenga que pagar las complicaciones de la existencia de un moroso»
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