ASEGURADORAS, SINDICATOS Y ALTOS CARGOS SE APROVECHARON DE LA FRAGILIDAD DEL SISTEMA DE AYUDAS
El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero (i), con su abogado. (Efe)
A Sanghai y a Egipto. ¿Se lo pagaban ellos mismos? No. Utilizaban el dinero defraudado en los ERE para pasar sus vacaciones en el extranjero. Juan Lanzas ya no sabía con qué agasajar a Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo del Gobierno andaluz por los beneficios que le generaba a él como intermediario “la conducta facilitadora de Guerrero para la financiación pública de ciertos expedientes” según consta en el auto de la juez Mercedes Alaya.
El conseguidor de la Junta, el hombre que no trabajaba sino que era “millonario”, le pagó a él y a la mujer del “jovial, pero no putero” un viaje en diciembre de 2006 a la metrópoli china. Todo se empezó a fraguar en agosto de ese mismo año, cuando coincidieron en el hotel Marina del Mar de Mojácar (Almería). Ambos están ahora en prisión por orden de la magistrada sevillana dentro de la operación Heracles que ya se ha llevado, de momento, a siete personas a la cárcel.
La experiencia oriental le costó a Lanzas 6.000 euros. Fue financiada por Maginae Solutions, empresa controlada por él mismo, y que facturó 143.000 euros a Mercasevilla por su intermediación en el ERE de 2007. Tres meses más tarde, Lanzas preparó otro viaje (entre el 9 y 17 de marzo de 2007) para ambos matrimonios a Egipto. Costó 5.068 euros y también los pagó Maginae Solutions, domiciliada en el municipio jienense de Albánchez de Mágina, donde la Guardia Civil busca un zulo con documentación de los ERE y el perro Airis localizó 82.000 euros que estaban debajo de la cama de su domicilio familiar.
No acabó aquí la estrecha relación entre Guerrero y Lanzas: pasaron juntos la nochevieja de 2007 en el Hotel Palacio de los Salcedo de Baeza (Jaén) “existiendo pues, indiciariamente, una relación de amistad entre ambos que surgiría desde que los dos coincidieron en el expediente de Hamsa”, según el auto de la juez Alaya. Hamsa, como Hitemasa, donde el conseguidor se inscribió en el ERE sin jamás haber trabajado en la compañía, es un de las empresas salpicadas por este escándalo.
Tanto Guerrero como su conductor, Juan Francisco Trujillo, el chófer de la cocaína, necesitaban dinero para sus adicciones. Y Lanzas, Antonio Albarracín, entonces directivo de Vitalia, y Jesús Bordallo, exdirector comercial de Vitalia, decidieron incluir a la suegra del alto cargo de la Junta, Victorina Madrid, “en el cálculo actuarial de SOS Cuétara, cobrando rentas por importe de 198.876 euros”. También autorizaron la póliza individual de Fortia de la madre de su chófer, Estrella Blanco García, con una renta de 122.649 euros.
Las sobrecomisiones
Las aseguradoras también forma parten esencial de la concesión de ayudas, calificada como “negocio” en el escrito de la magistrada. Y es que mientras más ayudas se otorgaban aunque no existiera partida presupuestaria para ello, más actores intervenían: por una lado la Consejería de Empleo otorgando las subvenciones, y de otro lado las consultoras, los intermediarios y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de reestructuración empresarial.
“La clave de este proceso son las sobrecomisiones, en muchos casos millonarias, fijadas por las consultoras, de las que se surte cada interviniente. La sobrecomisión ha dejado de ser algo que pasaba desapercibido para la Administración, con una pasividad que irritaba a muchos, a ser el verdadero alimento de esta trama corrupta del que se nutre no solo la mediadora sino, presuntamente y a espaldas de ésta, sus principales responsables”, indica la juez en el auto. También culpa a la autoridad pública permitir la “ilícita” disposición de los fondos de la Administración, como de los sindicatos e intermediarios que buscarían nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio.
La receta siempre era la misma: Expediente de Regulación de Empleo, Asociaciones de extrabajadores y pólizas de rentas colectivas financiadas en todo o en parte por la Junta de Andalucía. “La evidencia de este sistema nos ha permitido comprobar a partir de este complejo atestado, datos concretos y objetivos, no solo del presunto delito de cohecho, sino del de la asociación ilícita”, indica la jueza.
Los sindicatos lo niegan
Tanto UGT como Comisiones Obreras niegan haber tenido nada que ver en este sistema fraudulento y haber recibido pagos de 4,3 millones de euros por parte de Vitalia. Manuel Pastrana, secretario de UGT Andalucía, está dispuesto a enseñar sus cuentas para demostrar que el sindicato no se llevó ese dinero. El secretario general de CCOO-Andalucía, Francisco Carbonero, mostró su "sorpresa" por esta información y ha afirmado que en el sindicato, la dirección andaluza y la dirección confederal "nunca ha habido un ingreso de forma irregular" y que nunca se reunieron "con ninguna aseguradora" ni conocen a las personas que están imputadas.
El sistema de ayudas era frágil y todos se aprovecharon de su debilidad. Y todavía quedan muchos capítulos en la instrucción de Alaya. La juez se marchó este sábado del juzgado a las 16 horas, tras 24 horas trabajando, con imputados detenidos en los calabozos y todos esperando saber si quedaban en libertad o iban a la cárcel.
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