martes, 4 de diciembre de 2012

¿Habrá que nombrar a Artur Mas general de brigada para que Rajoy le haga frente?

Ahora la Generalidad amenaza con no respetar la nueva ley educativa
 
 
Después de negarse a cumplir varias sentencias firmes a favor del bilingüismo en las escuelas, el gobierno de Artur Mas ha anunciado que no aplicará la nueva ley educativa que prepara el gobierno, simplemente porque pone en peligro la dictadura lingüística catalanista implantada por el nacionalismo y apoyada por sus portamaletas progres. La Generalidad incurriría así, una vez más, en un delito tipificado por el Artículo 410 del Código Penal:
Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
A pesar de que el gobierno catalán ha anunciado repetidas veces que se niega a obedecer sentencias judiciales o leyes simplemente porque ello supondría renunciar a ciertas imposiciones nacionalistas, el gobierno de Rajoy no ha movido ni un dedo para hacer frente a esa clarísima actitud de desobediencia. La Constitución otorga al gobierno de la nación la autoridad para obligar a una comunidad autónoma a cumplir la ley si ésta se niega a ello. Artículo 155:
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Lo que está ocurriendo en Cataluña es, de facto, una situación de golpismo institucional, pero el gobierno no mueve un dedo. Sin embargo, cuando un general de brigada se pronuncia en defensa de la legalidad vigente desde el editorial de una revista militar, el gobierno no tiene reparos en cesarle con la máxima rapidez apelando a la debida neutralidad de las Fuerzas Armadas. Sorprende la doble vara de medir que usa el gobierno de Rajoy: duro con un general que defiende la legalidad constitucional, y totalmente permisivo con un gobierno autonómico que se niega a obedecer sentencias y leyes, para mayor desgracia de los catalanes, que ven mermados sus derechos más básicos a manos del gobierno liberticida de CiU. ¿Habrá que nombrar a Artur Mas general de brigada para que Rajoy actúe contra él?

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