Nuevo escándalo en Andalucía salpica a Griñán‏

'Caso Invercaria', el hermano de los 'ERE', salpica a Griñán

Cuando el fuego del 'caso de los ERE' fraudulentos aún arde con toda intensidad tanto en los juzgados de Sevilla como en el interior de la nueva consejería de Economía y Empleo, otro foco de presunta corrupción de dinero público que comenzó a humear a principios de año ha cobrado ya dimensiones de escándalo en toda regla.

Buenas parte de los 61 millones de euros utilizados por la sociedad de capital riesgo pública Invercaria, creada en 2005, para apoyar 294 proyectos empresariales, están ahora bajo la lupa de un juez de lo penal de Sevilla. Esta sociedad actuó entre 2005 y 2009 como una sociedad mercantil, pese a haberse presentado públicamente como sociedad de capital riesgo desde el principio. Desde 2010 pasó a unificar su actividad de verdad como sociedad de capital riesgo con instrumentos regulados por la CNMV.
De esos 61 millones, 35,5 se utilizaron bajo la categoría de "fondos propios", no ligados a ninguno de los cinco programas de inversión que desarrollaba la empresa. Ahí es donde está el núcleo de la opacidad sobre su utilización, según el PP.
El único informe de fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas andaluza sobre esta empresa en el ejercicio 2009, que detectó gravísimas irregularidades, y la filtración de una grabación entre la expresidenta y un exdirectivo en la que se ponía de manifiesto la ausencia absoluta de procedimiento previo para la concesión de dinero público, son el origen de que se haya puesto el foco sobre esta empresa desde el ámbito judicial. No todos esos 294 proyectos están en cuestión, hay muchos de ellos que son spin-off universitarias, empresas de base tecnológica o ligadas a colectivos desfavorecidos sobre los que no hay sospechas.

Dudas de funcionamiento

Sin criterios Pero el conjunto del funcionamiento de la sociedad sí genera múltiples dudas, entre otros a la propia Cámara de Cuentas, que dice textualmente sobre el año 2009, cuatro años después de su nacimiento:
"No existe preestablecido ni publicado ningún criterio para determinar los requisitos que deben reunir los beneficiarios, las condiciones de los préstamos, los importes máximos o mínimos a conceder o los factores determinantes de cuándo el préstamo a conceder será participativo u ordinario, y en este último caso, a qué tipo de interés se otorgará".
Y esta es la ventana por la que secuela la arbitrariedad, la discrecionalidad y la ausencia de procedimiento y control para la entrega y uso de dinero público que, como ha denunciado el PP andaluz, hermana este caso con la gestión del fondo de reptiles para ERE y, curiosamente, también para ayudar a empresas ligadas al PSOE como ocurre en diferentes casos con Invercaria.
Electria, sobre la que hablaban la expresidenta y su subordinado en la grabación, FIVA, el operador aéreo Al Ándalus o EDM son algunos de los casos más claros conocidos hasta ahora de inversión de fondos públicos guiada fundamentalmente con criterios políticos y no mercantiles.
La Junta de Andalucía rechaza esas similitudes entre Invercaria y los ERE, pero lo cierto es que es la propia Junta, a través de la entonces consejería de Innovación, hoy subsumida en Economía, la que gestionaba directamente cuatro de los cinco programas de inversión en los que actuaba Invercaria. Es decir, investigar a Invercaria es investigar a la propia consejería. De igual manera, era la dirección general de Empleo de la Junta la que otorgaba de manera discrecional ayudas sociolaborales para ERE y a empresas que el propio gobierno andaluz reconoce que han generado peticiones de devolución por cantidades supuestamente malversadas por 153 millones.