El suicidio de Amaia Egaña, ciudadana de Barakaldo, no es simplemente uno más. Lo ocurrido pone de manifiesto la situación actual de alarma social propiciada por la crisis económica. La actual ley de los desahucios es injusta y está afectando a los más débiles. El problema no es solo que los ciudadanos no puedan pagar a los bancos, y que eso derive en los desahucios, sino que los partidos políticos están en la misma situación, y en este caso los bancos les perdonan las deudas.
Es un hecho conocido por todos que en Europa la,financiación de los partidos políticos conlleva en muchos casos a la corrupción. Las prácticas de financiación ilegal han sido en España un tema poco novedoso, pero muy recurrente por todos nuestros políticos, los cuales se han aprovechado en cuantiosas ocasiones de las legislaciones confusas, o mejor dicho, del vacío legal de nuestro sistema jurídico.
El seis de junio de este mismo año la Comisión Constitucional del Congreso aprobó un dictamen sobre la reforma de la ley de financiación de partidos. Según la Ley 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos, se establecía un límite para las condonaciones de los bancos. Es decir, que los bancos no podrían seguir condenando deudas millonarias a los partidos políticos, aunque sí podrían “perdonar” los créditos menores a 100.00 euros de todas aquellas formaciones políticas que han recibido un trato especial por parte de las entidades financieras.
Sin embargo, seguimos viendo casos que demuestran lo contrario, por ejemplo, cabe recordar los 22 millones de euros de intereses que el Santander y la BBK condenaron al POSE en el año 2006. Algo, que el PSOE ocultó al Tribunal de Cuentas. Concretamente ocultó las condiciones por las que las entidades condonaron al partido.
Otro de los múltiples casos de financiación libre de la banca a los partidos políticos es el de la Caixa al PSC, en esta ocasión la entidad financiera perdonó al PSC un préstamo de 6,5 millones de euros en 2005.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas vuelve a no entender la condenación de una entidad financiera a un partido político. El Tribunal aseguraba que “el partido no aportaba la documentación acreditativa correspondiente del acuerdo alcanzado con la entidad financiera a finales de 2004”. Además, éste asegura que las operaciones “no se ajustan a la legislación vigente de fuerzas políticas”. Aun así, los partidos políticos vuelven a tener tratos de favor por parte de las entidades financieras, y siguen sin ajustarse a las medidas del órgano fiscalizador.
La ley de los desahucios no es igual para todos, si un ciudadano no puede pagar la hipoteca de su casa, el banco le quitará la vivienda, pero si un partido político se ve incapacitado a asumir la deuda con la entidad, ésta le perdona el crédito.
Los partidos políticos están endeudados con la banca, pero esta nunca ha considerado la deuda de los partidos políticos como pérdidas, sino como una inversión lucrativa. La condenación de deudas a los préstamos de los partidos políticos, así como quitar intereses o retrasos por demoras es CORRUPCIÓN. Concretamente, la condenación supone una violación expresa de la ley 3/87 de financiación de partidos. El órgano encargado de controlar dichas acciones es el Tribunal de Cuentas, un órgano fiscalizador importante, pero que sin embargo no parece percatarse de estos problemas.
Pero además, vemos como además de las subvenciones de índole nacional que reciben los partidos, además cada ayuntamiento, conforme a la Ley de Bases de Régimen Local, asigna de su presupuesto una suma para los partidos políticos de la zona.
Hace tres años, UPyD publicó unos datos sobre la deuda que los bancos han perdonado a los partidos. Según los datos, el PSOE y PSC han logrado acuerdos de condonación desde 2004 por un valor superior a los 40 millones de euros. La Caixa, perdonó 7,1 millones de euros al PSC en diciembre de 2004. El BBK, 21 millones de euros al PSOE en marzo de este año. El Santander perdonó 12 millones de euros al PSOE en 2006, tras 19 años de imago. ERC fue condenado por La Caixa por un valor de 2,7 millones de años. Caixa Galicia condonó 2,6 millones al PP.
Aún no ha llegado el día en que un banco desahucie a los políticos de sus sedes, pese a las deudas que estos contienen con los mismos.
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