La Audiencia Nacional ha resuelto que hay que absolver a todos los proetarras de D3M y Askatasuna porque son tontos, o eso al menos es lo que pretende hacernos creer la sentencia. En ella se dice que si bien queda probado que las candidaturas de ambas formaciones pertenecen a la izquierda abertzale, esto es a Batasuna-ETA, lo hicieron de manera inconsciente y sin saber que le hacían el juego a ETA. Vamos que eran tontos, y los pobrecitos no sabían que estaban ayudando a la banda. Se hace imposible pensar que en un País Vasco, en la situación política contemporánea, un grupo de personas pongan en marcha dos formaciones políticas para competir nada menos que por el espacio político de Batasuna, sin ser parte del entramado. Si eso fuera así, los chavales de la gasolina habrían tardado dos minutos en ‘enterarles’ de lo que vale un peine por meterse en semejante jardín. En lugar de eso, hasta los abogados de Batasuna les defienden, en una demostración lógica de que no sólo no es que no sepan de quien son correa de transmisión, sino que por el contrario hasta Batasuna les ha organizado manifestaciones por su libertad, y las antiguas ‘gestoras pro-amnistía’ les han apoyado en todo. Algo imposible de comprender, de ser cierto lo que fija la sentencia que sencillamente es absurda e incomprensible en cualquier mente sana. Sin embargo, de nuevo estamos ante una de esas sentencias de la ‘Audiencia Boreal’ que realiza todo tipo de contorsiones y retorcimietos al código penal con tal de llegar a la conclusión prevista previamente. Había que soltarlos, porque estaría mal visto por la izquierda abertzale qu encarcelaran a sus primos, con lo bien que está el rollito entre el Gobierno, su Nanclares, su plan de reinserción de etarras, su Ternera, su camisita y su camesú.
Esto reabre de nuevo el debate sobre la inexistente separación de poderes en España, donde la judicatura dejó hace tiempo de hacer eso que se llama Justicia, para convertirse en un simple mecanismo de elaboración de sentencias conformes a los tiempos que corren y sin que se opongan a los tiempos políticos que marque el gobierno y partido de turno. Así lo demuestra el auto de la Audiencia Nacional mediante el que se niega a realizar ninguna actuación para localizar a Josu Ternera, pese a que sus movimientos llevan años controlados por los servicios de información y que es fácilmente localizable como lo hemos demostrado la prensa. O la negativa de mandar a buscar a Iñaki de Juana Chaos pese a que Diario El Aguijón ha publicado el lugar exacto en que vive actualmente en la localidad de Cumaná en Venezuela. O el silencio más absoluto y cómplice al incumplimiento de la ley que establece la obligatoriedad del arrepentimiento y la colaboración con la Justicia como paso previo a la obtención de cualquier beneficio penitenciario, y principio que se están pasando por el Arco del Triunfo tanto los jueces como el Ministro del Interior y el Gobierno en pleno, en algo que no puede ser calificado sino como una traición a las víctimas y a todos los españoles.
El Gobierno está cometiendo un gravísimo error. Ha renunciado y considera los delitos de los terroristas como políticos y ha llevado al terreno de la negociación política los crímenes, dando por buena la estrategia de ETA de poner muertos sobre la mesa de negociación ante un Estado claudicante. Esto sólo puede conducir a pensar que si ETA tiene privilegios respecto a los delincuentes comunes en la aplicación del código penal, cualquiera pueda pensar en revestir sus atracos, extorsiones o asesinatos en un móvil político para ser tratado igual, y eso puede ser una espiral peligrosísima como hemos podido comprobar en Irlanda. Los terroristas son delincuentes y no políticos, que deben ser tratados como fija la ley, sin atajos ni subterfugios, y el Gobierno no puede ahora por conveniencia propia negociar con terroristas como si fueran sólo políticos díscolos con el sistema, y utilizando para ello a la Justicia para que dicte sentencias como la de D3M y Askatasuna. No es sólo un problema moral, sino que también lo es legal.
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