Los ocho ex consejeros de Griñán se 'dan' un millón en indemnizaciones

Susana Díaz, Jose Antonio Griñán y Elena Valenciano.

Los socialistas 'aprovechan' una norma de los ochenta.

Uno de ellos además será propuesto por el PSOE como senador autonómico.

El anterior Gobierno de José Antonio Griñán, salpicado de lleno por la trama de los ERE fraudulentos y cooperador necesario a la hora de dejar Andalucía con 1,2 millones de parados, todavía supondrá un coste extra a las maltrechas arcas autonómicas.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) recogió en su edición del pasado 5 de mayo de 2012 el cese de los ocho consejeros andaluces que no continuarán en la IX legislatura.

Salida inesperada de algunos nombres que no sólo ha costado cara al sector rubalcabista, sino que también afectará a las arcas públicas que sostienen todos los contribuyentes de esta región.

Al igual que ocurrió con los ex ministros del último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, los ex consejeros tienen ahora la oportunidad de recibir una pensión por cesantía.

En concreto, la Ley autonómica 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades y retribuciones de altos cargos y otros cargos públicos no se diferencia lo más mínimo de la normativa estatal (hay otras comunidades que sí tienen un sistema propio de indemnizaciones), hasta el punto de que en su artículo 23 remite a la mismas reglas que se aplican a los ex integrantes del Gobierno de la Nación.

Así, dicho precepto señala que "al cesar en el cargo, los ex vicepresidentes y ex consejeros de la Junta de Andalucía tendrán derecho a una asignación económica determinada de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, número cinco, norma primera, de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1981".

El Gobierno andaluz se remite de este modo a una normativa, aprobada bajo mandato de Adolfo Suárez (UCD), que todavía no ha sido revisada pese a sus más de tres décadas de existencia.

La literalidad de ese artículo 10 dice que aquellos "que cesen en el ejercicio de dichos cargos a partir del 1 de enero de 1981 tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente en que se produzca el cese, y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, sin que puedan percibirse más de 24 mensualidades, una pensión indemnizatoria mensual igual a la dozava parte del 80% del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el Presupuesto en vigor durante el plazo indicado".

Con estas premisas, el paso siguiente es comprobar en el presupuesto autonómico para 2012 el sueldo que tenían los consejeros andaluces.

Según dichas cuentas regionales, las remuneraciones referidas a 12 mensualidades quedaban fijadas en 59.527,11 euros para los consejeros y asimilados y en 55.860,29 para los viceconsejeros y asimilados.

Además, contaban con dos pagas extraordinarias en los meses de junio y diciembre de 4.182,64 y 3.922,30 euros, respectivamente cada categoría.

En el caso de que los consejeros salientes solicitasen la pensión por cesantía para el máximo de 24 mensualidades al haber permanecido la mayoría de ellos en el cargo desde marzo de 2010, el montante que deberá desembolsar el Gobierno andaluz ronda los 800.000 euros.

Los ex miembros del Consejo de Gobierno que se repartirán esta cantidad de llegar a reclamarla son Micaela Navarro (Igualdad y Bienestar Social), Manuel Recio (Empleo), Francisco Menacho (Gobernación y Justicia), Francisco Álvarez de la Chica (Educación), José Juan Díaz Trillo (Medio Ambiente), Paulino Plata (Cultura), Clara Aguilera (Agricultura y Pesca) y Josefina Cruz Villalón (Obras Públicas y Vivienda).

La normativa andaluza también contempla que el derecho a esta asignación decaerá en el momento en que, dentro del periodo en que la perciba, el beneficiario ocupase puesto de trabajo en el sector público o privado.

Además, uno de ellos, Álvarez de la Chica, ex consejero de Educación y diputado regional por Granada, será uno de los senadores propuestos por el PSOE en representación de Andalucía.