Los ex directivos de las cajas de ahorro que se jubilaron y prejubilaron con pensiones e indemnizaciones millonarias posiblemente acabarán en el banquillo de los acusados. La orden del Fiscal General del Estado de investigar lo ocurrido en las entidades y el cambio en el Banco de España son la clave.
Fuentes financieras consultadas por El Confidencial Digital explican que el nuevo gobernador del Banco de España, que será nombrado en principio a partir de julio, tiene en su mano los medios para que se impute a estos ex directivos, se les procese y se les obligue a devolver las exorbitantes cantidades que se han embolsado procedentes de entidades arruinadas.
La inspección del Banco de España está esperando que el sustituto de Fernández Ordóñez les dé carta blanca para aportar pruebas que demostrarán las irregularidades cometidas en los expedientes abiertos en las cajas.
Expertos jurídicos creen que las jubilaciones millonarias son ilícitos penales de apropiación indebida y enriquecimiento ilícito.
Falsa legalidad
Durante estos últimos años, con Fernández Ordóñez al frente del Banco de España, se consintieron prejubilaciones y jubilaciones e indemnizaciones abusivas, con el argumento de que estaban aprobadas por la comisión de control y los respectivos consejos de administración, y por tanto tenían “cobertura de legalidad”.
Según medios de la inspección de Banco de España, a los que ha tenido acceso ECD, ese argumento de legalidad es torticero: los ex directivos beneficiarios formaban parte de los órganos de dirección y administración de las cajas, es decir, que “se auto concedieron las pensiones e indemnizaciones”, en claro abuso de su posición y cargo.
Ahora, decenas de ex altos cargos de las cajas están a punto de ser acusados de administración desleal, connivencia para causar un perjuicio patrimonial a las entidades, enriquecimiento ilícito y/o apropiación indebida, según fuentes jurídicas que siguen las diligencias judiciales abiertas en el caso de la CAM, Caja Segovia, Caja Castilla La Mancha y Banco de Valencia, entre otros.
Diligencias en diez cajas
Al parecer en este momento la Fiscalía Anticorrupción tiene diligencias abiertas en al menos 10 cajas de ahorro y en el Banco de Valencia. En todos los casos se han producido denuncias de parte, por partidos políticos y accionistas, o se han abierto diligencias a raíz de documentación enviada a los fiscales por el Banco de España.
De acuerdo con las fuentes consultadas, todos estos casos cogerán velocidad tras la decisión del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, de ordenar que se investiguen “todas las irregularidades” e “ilícitos penales” cometidos en las entidades financieras, sobre todo en el sector de cajas de ahorro.
Torres Dulce ha enviado una dura circular a los fiscales, instando a la persecución de la corrupción en todas sus formas, y singularmente la corrupción financiera. Y en este capítulo entran las pensiones e indemnizaciones millonarias de los ex directivos de cajas, por la ‘alarma social’ que han levantado.
Además, ha pedido la máxima colaboración del Banco de España, la CNMV y la inspección de Hacienda para investigar a los ex directivos que se auto indemnizaron.
Caja Segovia y CaixaNova Galicia
Un caso llamativo es el del ex director general de Caja Segovia, Manuel Escribano, jubilado con 12 millones de euros, una indemnización digna del presidente de una multinacional, no del directivo de una pequeña caja provincial que terminó absorbida por el SIP de Caja Madrid.
El caso de Escribano, y del resto de directivos de Caja Segovia, lo acaba de reabrir la Audiencia Provincial de Segovia, a instancia de UPyD y de los fiscales.
Escandalosas son también las pensiones e indemnizaciones de CaixaNova Galicia. El ex presidente de Caixa Galicia, José Luis Méndez, se llevó entre 15 y 20 millones. El ex director general de Caixa Nova, José Luis Pego, 8 millones.
En Caixa Penedés, el presidente, Ricard Pagés, tenía un plan de pensiones de 11 millones, y varios directivos pensiones millonarias injustificables en una caja de ahorros local.
La CAM y Bancaja
Pensiones millonarias fueron las del director de la CAM, López Abad, y de su sucesora, Dolores Amorós, que se adjudicó un sueldo de 600.000 euros y una pensión vitalicia de 300.000 euros.
El trabajo de los fiscales tiene también puesto el foco en Caja España, Caja Duero, Banco de Valencia y Bancaja, Caja Castilla La Mancha, y Caja Sur.
En Bancaja hay querellas contra Jose Luis Olivas, y en Banco de Valencia, contra su ex presidente, también Olivas, el vicepresidente Tirado, y el ex consejero delegado Domingo Parra.
En Bancaja existe un escandaloso contrato blindado de 14 millones de euros a favor del director financiero Aurelio Izquierdo, otorgado por Olivas y que presenta signos de irregularidad, aunque sea legal.
Por lo menos treinta directivos
Las fuentes consultadas por ECD estiman que unos treinta ex directivos de cajas que estarán en la primera lista de investigados, cifra que se puede seguir ampliando a consejeros, ya que sólo con el consentimiento de los consejos de administración se pudieron cometer tantos y continuados presuntos ilícitos penales.
Los consejos de administración pueden ser imputados al completo por administración desleal. Bastará con que la inspección del Banco de España acredite el daño patrimonial, para que los fiscales pidan de inmediato el procesamiento.
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