Declara ante la juez Alaya
Dice que las órdenes las daba el exconsejero de Empleo José Antonio Viera.
ld/agencias 2012-03-08
El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha asegurado que él "entiende" que parte de las comisiones cobradas por las compañías aseguradoras "iban para los sindicatos", algo que opina "desde su experiencia profesional".
Durante su declaración ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, Guerrero ha asegurado que "ha sido ahora" cuando se ha enterado del asunto de las comisiones, y ha puesto de manifiesto que "de haberse enterado antes hubiera intentado que cobrasen dentro de la lógica de mercado".
Asimismo, y sobre las ayudas sociolaborales, ha aseverado que él quería que su reparto fuera "universal" y, de hecho, elaboró órdenes y decretos que llevó al Consejillo –presidido por el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías– para procurar que "todo el mundo" tuviera acceso a las mismas, pero ello no fructificó.
Guerrero ha vuelto a nombrar al exconsejero de Empleo José Antonio Viera al decir que fue él quien "le dio orden" de dar las ayudas al grupo empresarial del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y de su entonces persona de confianza, José María Sayago Lozano, que habrían recibido 29 millones de euros en ayudas, señalando que "no tiene una explicación razonable de por qué se le dio tantas ayudas y dinero en tiempo tan concentrado –entre 2003 y 2004–". "Ello es excesivo, pero lo ordenó Viera", ha llegado a afirmar Guerrero, quien ha insistido en todo momento en el hecho de que las ayudas se concedían de manera "discrecional" y no "arbitraria", algo que ha querido hacer constar.
En cuanto al transcurso de la declaración, se ha producido un receso en el que la juez ha ordenado requisar los teléfonos móviles a todos los abogados presentes en la sala, después de la advertencia del juez decano, Federico Jiménez Ballester, de que se estaba transmitiendo casi en directo la información de la sala. Los dispositivos han quedado custodiados por la Guardia Civil en un carrito en otra sala distinta a la de la declaración.
Durante su declaración ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, Guerrero ha asegurado que "ha sido ahora" cuando se ha enterado del asunto de las comisiones, y ha puesto de manifiesto que "de haberse enterado antes hubiera intentado que cobrasen dentro de la lógica de mercado".
Asimismo, y sobre las ayudas sociolaborales, ha aseverado que él quería que su reparto fuera "universal" y, de hecho, elaboró órdenes y decretos que llevó al Consejillo –presidido por el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías– para procurar que "todo el mundo" tuviera acceso a las mismas, pero ello no fructificó.
Guerrero ha vuelto a nombrar al exconsejero de Empleo José Antonio Viera al decir que fue él quien "le dio orden" de dar las ayudas al grupo empresarial del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y de su entonces persona de confianza, José María Sayago Lozano, que habrían recibido 29 millones de euros en ayudas, señalando que "no tiene una explicación razonable de por qué se le dio tantas ayudas y dinero en tiempo tan concentrado –entre 2003 y 2004–". "Ello es excesivo, pero lo ordenó Viera", ha llegado a afirmar Guerrero, quien ha insistido en todo momento en el hecho de que las ayudas se concedían de manera "discrecional" y no "arbitraria", algo que ha querido hacer constar.
En cuanto al transcurso de la declaración, se ha producido un receso en el que la juez ha ordenado requisar los teléfonos móviles a todos los abogados presentes en la sala, después de la advertencia del juez decano, Federico Jiménez Ballester, de que se estaba transmitiendo casi en directo la información de la sala. Los dispositivos han quedado custodiados por la Guardia Civil en un carrito en otra sala distinta a la de la declaración.
CON CARGO "AL FONDO DE REPTILES"
Guerrero dice que Chaves “dio instrucciones” en el caso Bilore
El expresidente tuvo que ordenar el libramiento de ayudas laborales que ascendieron a 1,16 millones de euros.
Pedro de Tena 2012-03-08
El ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, ha admitido que recibió un documento de la Presidencia de la Junta de Manuel Chaves en la que se le daban instrucciones para que "solucionara el problema" de la empresa Bilore, porque el presidente iba a acudir a un acto de la citada empresa al día siguiente. Chaves nunca admitió tal cosa y se limitó a decir que se interesó por los problemas de los trabajadores.
El caso Bilore ocurrió en vísperas de las elecciones autonómicas y generales de marzo de 2004. Extrabajadores de Bilore de Lucena (Córdoba) abordaron a Chaves en un acto en Osuna el 11 de febrero de 2004 y le trasladaron un escrito en el que reclamaban la ayuda de la Junta de Andalucía. Luego, todo se resolvió vía partida "fondo de reptiles".
"Le pedimos a nuestro presidente Manolo Chaves que no abandone a estos trabajadores lucentinos y andaluces ante todo". En la breve misiva de un folio que publicó La Razón, recordaron, asimismo, que habían mantenido una reunión con el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.
24 horas después, el director del Área de Planificación y Seguimiento de la Consejería de Presidencia, Antonio Jesús Mena, enviaba un fax al jefe de gabinete de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Carlos Márquez. Le remitía adjunto el documento entregado a Chaves por los trabajadores de Bilore y añade lo siguiente: "En fecha próxima se visitará la ciudad de Lucena, por lo que sería conveniente haber encauzado la problemática planteada para evitar encontrarnos ante la situación de ayer".
El 13 de febrero de 2004, el jefe de gabinete del entonces consejero José Antonio Viera remitía otro fax al ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, imputado por la juez que instruye la "causa de los ERE". Con fechas de pago de 2007 y 2008 aparecen unas ayudas de la Junta de Andalucía para seis extrabajadores de la empresa Bilore que ascendieron a 1,16 millones de euros.
Por tanto, Manuel Chaves no sólo se interesó sino que tuvo que ordenar el libramiento de ayudas laborales con cargo al denominado ‘fondo de reptiles’ "como si fuera un extintor con el que apagar la conflictividad laboral en vísperas de las elecciones autonómicas y generales de marzo de 2004", afirmó La Razón.
Los altos cargos "señalados" por Guerrero
El caso Bilore ocurrió en vísperas de las elecciones autonómicas y generales de marzo de 2004. Extrabajadores de Bilore de Lucena (Córdoba) abordaron a Chaves en un acto en Osuna el 11 de febrero de 2004 y le trasladaron un escrito en el que reclamaban la ayuda de la Junta de Andalucía. Luego, todo se resolvió vía partida "fondo de reptiles".
"Le pedimos a nuestro presidente Manolo Chaves que no abandone a estos trabajadores lucentinos y andaluces ante todo". En la breve misiva de un folio que publicó La Razón, recordaron, asimismo, que habían mantenido una reunión con el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.
24 horas después, el director del Área de Planificación y Seguimiento de la Consejería de Presidencia, Antonio Jesús Mena, enviaba un fax al jefe de gabinete de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Carlos Márquez. Le remitía adjunto el documento entregado a Chaves por los trabajadores de Bilore y añade lo siguiente: "En fecha próxima se visitará la ciudad de Lucena, por lo que sería conveniente haber encauzado la problemática planteada para evitar encontrarnos ante la situación de ayer".
El 13 de febrero de 2004, el jefe de gabinete del entonces consejero José Antonio Viera remitía otro fax al ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, imputado por la juez que instruye la "causa de los ERE". Con fechas de pago de 2007 y 2008 aparecen unas ayudas de la Junta de Andalucía para seis extrabajadores de la empresa Bilore que ascendieron a 1,16 millones de euros.
Por tanto, Manuel Chaves no sólo se interesó sino que tuvo que ordenar el libramiento de ayudas laborales con cargo al denominado ‘fondo de reptiles’ "como si fuera un extintor con el que apagar la conflictividad laboral en vísperas de las elecciones autonómicas y generales de marzo de 2004", afirmó La Razón.
Los altos cargos "señalados" por Guerrero
- Todo el consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía: "Nadie en el Gobierno andaluz puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas", sentenció. Este jueves está previsto que continúe su comparecencia en los juzgados.
- Manuel Chaves y su gabinete de presidencia: Desde él, le instaron por escrito a solventar "sí o sí" un conflicto laboral en Bilore, una empresa de Lucena (Córdoba) a un mes de las elecciones de 2004.
- José Antonio Griñán: la partida de ayudas sociolaborales contó con la supervisión de la Consejería de Economía y Hacienda y José Antonio Griñán ocupó esa cartera entre 2004 y 2009.
- Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia, que se preocupaba por los asuntos de Jaén.
- José Antonio Viera, exconsejero de Empleo que le reclamaba especial atención a la Sierra Norte de Sevilla.
- Isaías Pérez Saldaña, exconsejero de Asuntos Sociales de Manuel Chaves, que demandaba soluciones para la Faja Pirítica de Huelva.
- Antonio Fernández, exconsejero de Empleo, que con Viera, permitieron canalizar las subvenciones y pagos a través del ente IFA, hoy agencia IDEA desde 2001.
- Ramón Diaz, diputado socialista, autor de diversas gestiones relacionadas con los ERE.
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