Urdangarín y la justicia paralela

Hace unos días contesté a una de tantas encuestas telefónicas que me hacen de vez en cuando. Esta vez la encuestadora dedicó la mayoría de preguntas al último congreso del PSOE (por un momento hasta pensé si me habría confundido con un afiliado). Después, entre otros temas, me planteó dos cuestiones: si creía que Iñaki Urdangarín es culpable de los delitos de los que se le acusa, y si consideraba que la Infanta Cristina estaba implicada en el asunto.
A las dos preguntas contesté de igual forma: si es culpable o no, eso deben decidirlo los jueces. Noté a la encuestadora un poco cortada, y no me extraña: en nuestra sociedad se ha extendido demasiado la fea costumbre de juzgar a los demás y de opinar sobre sus vidas con total alegría, a veces sin haber recibido más información que la lectura de un titular. Pero más aún le debí romper los esquemas a la entrevistadora cuando me preguntó mi posición sobre la monarquía y le respondí que soy español y andaluz. Después de eso la encuestadora ya pareció más bien descolocada: ¿habrá descartado mis respuestas pensando que le estaba tomando el pelo? En fin, me parece algo elemental que mi opinión sobre una institución no condicione mi sentido de la justicia y mi respeto por los derechos que, como cualquier ciudadano, tienen los miembros de esa institución. Esto incluye el derecho a la tutela judicial, a no verse sometidos a una situación de indefensión, a las más elementales garantías procesales y -por supuesto- a la presunción de inocencia. No es que lo diga yo por mero capricho: lo dice el Artículo 24 de la Constitución Española.

Nostálgicos de la guillotina pidiendo un linchamiento

Digo esto, entre otros motivos, porque el sábado varias docenas de personas se congregaron ante los juzgados de Palma de Mallorca convocados por las juventudes de ERC, las de Izquierda Unida y otros grupos republicanos y de izquierdas. Allí los manifestantes tiraron huevos y lanzaron gritos de “ladrones” y “presidiarios” aprovechando que Urdangarín iba a declarar. No conformes con esto los simpatizantes de los citados partidos de extrema izquierda corearon gritos como “los Borbones a los tiburones” y “con Cristina a la guillotina”. Al enterarme de tales barbaridades no pude hacer menos que sentir vergüenza como republicano, y es que lo que querían esos energúmenos no es justicia, sino un linchamiento. No me extraña esa actitud en individuos de partidos que simpatizan con regímenes antidemocráticos como el de los hermanos Castro, pero que semejante basura se presente como republicanismo hace que a uno le entren ganas de declararse monárquico.
Hay que decir que la responsabilidad de lo ocurrido no es exclusiva de esos energúmenos. Hace poco ya vimos el lamentable espectáculo ofrecido por la izquierda cuando Baltasar Garzón fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación. Ciertos medios y políticos ya habían dictado sentencia pasando por encima de los jueces, como estableciendo una justicia palalela a la que dictan los tribunales, dando por hecho que Garzón era inocente dijese lo que dijese el Supremo (ésa fue, de hecho, la afirmación del diputado de IU Gaspar Llamazares). Poco antes ya había pasado otro tanto tras la absolución de Francisco Camps. En vista de estos precedentes, de las salidas de tono y de las escandalosas declaraciones lanzadas por algunos en ambos casos, me pregunto qué harán si la justicia estima que no hay pruebas para condenar a Urdangarín. ¿Le perseguirán por las calles? ¿Formarán un tribunal popular para dictar una condena que sea de su agrado? Ya ha habido en la historia demasiados momentos en que una masa, instigada por ciertos demagogos, decidió tomarse la justicia por su mano saltándose los procedimientos jurídicos de toda sociedad civilizada. Por mucho que el sistema judicial español tenga notables defectos, prefiero eso a un batallón de linchamientos guiado por miras ideológicas. Desde luego, que no cuenten conmigo para instaurar la barbarie en el lugar que ahora ocupan los jueces