¡¡¡Enchufados fuera!!!

La justicia tumba la reforma del sector público andaluz impulsada por Griñán

José Antonio Griñán sigue batiendo récords a la hora de generar o empeorar conflictos históricos -por su gravedad- en la trayectoria autonómica de Andalucía. Tras el fiasco del traspaso del Guadalquivir a la Junta -anulado por el Constitucional- o el estallido del caso de los ERE -el mayor escándalo de corrupción pública de Andalucía-, el presidente socialista encara desde hace semanas durísimos varapalos que diversos jueces han dado a la reordenación del sector público impulsada por su Gobierno en julio de 2010. Con ello, el dirigente socialista ha conseguido encender al funcionariado andaluz como nunca antes.

El decreto de reorganización de una administración con más de 250.000 trabajadores que absorben 9.850 millones de euros en gastos de personal (casi un tercio del presupuesto regional de 2012) se basó, al aprobarse en 2010, en la supresión de entes y su integración en nuevas agencias públicas.
Se ha pasado así de 254 a unos 140 entes, al tiempo que se han creado ocho agencias. Pero en este proceso había gato encerrado bajo la imagen de racionalización y ahorro de gasto público: los 20.000 empleados de esos entes desaparecidos que iban a pasar a ser empleados públicos a todos los efectos a través de este proceso y que habían sido contratados sin pruebas homólogas a los de funcionarios o personal laboral. Junto a ellos, se ha traspasado a 2.000 funcionarios y 1.500 laborales, que habían accedido de formal normal a la administración.

Batalla legal

Varios colectivos de funcionarios, junto a los dos bufetes de abogados de Sevilla (Clavero-Arévalo) y Córdoba (Mariano Aguayo) que lideran la ofensiva legal, han impugnado todos los decretos de creación de esas agencias y todos los protocolos de incorporación de personal de los entes a las mismas -excepto en el caso de una de carácter sanitario, por el tipo de servicio que prestan a la población esos trabajadores-. El resultado: todos los protocolos están suspendidos de forma cautelar por las salas de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y algunos juzgados de primera instancia de Sevilla.
En paralelo a este varapalo judicial discurre el recurso que el PP andaluz ha presentado contra la ley de Reordenación -que sustituyó en abril pasado al decreto de 2010- ante el Tribunal Constitucional. Pero sus consecuencias se concretarán a más largo plazo que la ofensiva legal de los funcionarios.
Lo que denuncian los miles de trabajadores públicos agrupados en diversas plataformas es que se quiera colar por la puerta falsa a esas 20.000 personas a los que muchos denominan enchufados, ya que habrían entrado en esos entes públicos por su militancia política o relaciones personales o familiares con altos cargos de la Junta, el PSOE o sindicatos. "Se les va a integrar como personal laboral de agencia pública, una tercera vía que no existe en la ordenación legal vigente, en la que sólo se establecen dos tipos de relación con la administración: funcionario o laboral", explica José Ángel Castillo, abogado del bufete Mariano Aguayo. "Estas personas no han cumplido criterios de mérito, capacidad o publicidad en su acceso al puesto de trabajo. Incluso algunas de ellas fueron contratadas meses o semanas antes de la aprobación del decreto", apunta.

Calificativos

Los jueces no se han andado tampoco por las ramas a la hora de poner calificativos a la manera de integrar a esas personas en las nuevas agencias. En la primera sentencia del TSJA de noviembre pasado en la que se suspendía la integración de 534 laborales en la agencia de Instituciones Culturales, el juez aseguraba que el decreto de reorganización vulnera la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público. Y tacha como "desprecio al Estado de Derecho" y "flagrante vulneración de derechos fundamentales" el "acceso privilegiado" de esos trabajadores de la administración paralela a la administración pública.
Ante esta y otra decena de sentencias contrarias -aunque también alguna que, en sentido opuesto, no concede la suspensión de los protocolos de integración- la Junta de Andalucía mantiene la legalidad del traspaso de todos los trabajadores de esos entes y empresas públicas a las agencias amparándose en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Así lo ha reiterado la consejera de Administración Pública tanto en entrevista con este diario a final de noviembre, como en el Parlamento andaluz en diciembre.
Ese artículo del Estatuto de los Trabajadores, sin embargo, "nunca puede aplicarse a la función pública", señalan desde Aguayo. En efecto, el artículo regula la situación de los trabajadores cuando una empresa privada les traslada de una sociedad a otra por diversos motivos. "Aferrarse a ese artículo supone vulnerar los principios constitucionales básicos para integrarse en la función pública", abunda el abogado cordobés.
La situación a la que las sentencias han abocado ya a casi la mitad de esas 20.000 personas cuyos procesos de traslado están suspendidos cautelarmente es la de un limbo total. Los funcionarios no han pedido en sus recursos que se extinga ningún contrato de esas personas y la Junta, en algunos casos, no ha dado muestras de estar cumpliendo las sentencias. De ahí que ya se haya pedido a los jueces la ejecución forzosa de todas esas medidas cautelares, ante lo cual la Junta tendrá que tomar decisiones.