Los funcionarios de la Junta de Andalucía no descansan, a pesar de la mala fama que tiene el sector. Han contratado una avioneta desde su sede en Córdoba y andan volando por encima de las cabezas de los turistas, que comentan lo injusto que es querer meter por enchufe a más de veinte mil empleados públicos en una administración autónoma que ha incrementado su gasto de personal en 239 millones en los pasados presupuestos, a pesar de los recortes de los que tanto presume la consejera Martínez Aguayo.
Aquellos turistas que durante lustros han visto pasar la avioneta de Ruiz Mateos recordando el “expolio” de la primera Rumasa peinando el castillo de Sancti Petri, en Chiclana, repintado ahora para la conmemoración de La Pepa, miran tras las gafas de sol desde la tumbona del hotel o la toalla playera el vuelo de la última nube. La avioneta de don José María se ha caído al parecer definitivamente, y el empresario roteño descansa en su casa familiar de El Puerto ajustando los procesos concursales. Ya no quiere ni acordarse de Boyer. No hay nada que no sea un humilde aparato con el escudo de Atletico de Madrid buscando socios en las playas del Sur… Nada, hasta que por la Costa del Sol primero y la próxima semana por las costas de Cádiz aparece esa especie de molesto insecto, lo que muy vulgarmente se llama mosca cojonera, que merodea por la conciencia de Griñán protestando contra el decreto del enchufismo.
El próximo gran debate parlamentario en Andalucía, a la vuelta de vacaciones, será el del proyecto de presupuestos. La clase política sigue perdida en devaneos estériles sobre el adelanto o no de las elecciones, pero los funcionarios, sobre los que planea ya un posible recorte en sus ingresos, mantienen la guerra contra el Gobierno andaluz, ahora por el aire. Si se lleva a cabo la integración de los 26.000 nuevos empleados públicos por la vía de la ley de reordenación del sector público andaluz, Javier Arenas, en el caso de que ganara las elecciones, como dicen todas las encuestas, se encontraría con una legión de submarinos prosocialistas, no habría posibilidad de convocar oposiciones en varias décadas. Y es hacia esos submarinos adonde apunta ahora la aviación de los funcionarios de carrera.
Es más, el PP hasta se podría ver obligado a realizar una macropoda en la Administración autonómica para ajustar el gasto en personal al nivel de ingresos de una Junta que para 2013 tendrá una deuda de 24.000 millones de euros, según consta en la documentación que la propia consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha presentado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Los funcionarios siguen volando con su avioneta protestando contra el enchufismo y todo apunta a que la decisión de Griñán de mantener las elecciones en primavera lleva implícitos más riesgos de los que esperaba el presidente. De un lado, en ese tiempo puede ocurrir que haya ya quienes se sienten en el banquillo por el caso de los ERE, y de otra parte, los funcionarios parecen decididos a caldear el ambiente coincidiendo con las campañas electorales. Ya ocurrió en la precampaña de las municipales y es posible que algo tuviera que ver ese malestar de miles de personas que trabajan en la Administración andaluza no sólo en el resultado electoral sino en la facilidad con que llegaban a la sede del PP fotocopias de documentos comprometedores para el Gobierno de Griñán, sobre todo en casos como el de los ERE.
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