JAVIER GÓMEZ BERMÚDEZ FUE EL IMPULSOR DE LA ‘DOCTRINA PAROT’
Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha dado un giro inesperado al ‘caso Faisán’ con la decisión de que sea el pleno (18 magistrados) y no la Sección Segunda (3 magistrados) el que decida si los procesados por el chivatazo a ETA cometieron un delito de colaboración con banda, como sostiene el juez instructor Pablo Ruz, o de revelación de secreto, como defiende el fiscal Carlos Bautista. La resolución, que no se conocerá hasta septiembre, condicionará la campaña electoral porque el PP ha convertido el caso en su principal arma contra el candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, que era ministro del Interior cuando ocurrieron los hechos.
El cambio de rumbo propiciado por Gómez Bermúdez puede beneficiar también a los acusados, porque diluye el protagonismo de una sección que el pasado mes de abril sostuvo en un auto que no es necesario comulgar con los fines de ETA para que exista el delito de colaboración con banda armada, como sostienen las defensas y el fiscal.
La Sección Segunda tiene cuatro magistrados, pero siempre son tres los que deciden, y en aquella ocasión los conservadores Fernando García Nicolás y Enrique López, propuesto por el PP para el Tribunal Constitucional y vetado por el PSOE, se impusieron al progresista José Ricardo de Prada, para quien la causa estaba fuertemente politizada y la filtración había que contextualizarla en las conversaciones que el Gobierno y la banda terrorista mantenían en aquel momento.
La avocación al pleno decidida por Gómez Bermúdez ha devuelto al magistrado el protagonismo que ganó como presidente del tribunal que juzgó a los autores de los atentados del 11-M. Las primeras palabras de aquella vista fueron para los familiares de las víctimas y le definen como juez: “Va a empezar el tiempo del Derecho, de la Justicia. Oigan lo que oigan, mantengan la templanza. Por muy duro que les parezca, todos los acusados gozan de la presunción de inocencia mientras no haya sentencia”.
Un magistrado amenazado por ETA
Natural de la localidad malacitana de Álora, el próximo 3 de agosto cumplirá 50 años. Lleva en la carrera judicial desde que tenía 24, y aunque no es un “juez estrella” al estilo de Baltasar Garzón, tampoco lleva la discreción al extremo del juez Pablo Ruz. Se mueve entre dos aguas: la reserva que le exige el cargo sin despreciar el protagonismo que le han dado algunas de las causas que han caído en sus manos. El asesinato del dirigente popular Gregorio Ordóñez y el de Miguel Ángel Blanco son dos de ellas. Fue también el impulsor de la ‘doctrina Parot’, que prolonga la permanencia en prisión de etarras condenados por graves delitos, que el Tribunal Constitucional debate en este momento.
Su nombramiento como presidente de la Sala de lo Penal estuvo rodeado de polémica. Desde su primera designación en julio de 2004, el Tribunal Supremo revisó en cuatro ocasiones el proceso de selección y lo anuló en las dos primeras. Entre quienes recurrieron su nombramiento estaba el juez Baltasar Garzón, que también aspiraba al cargo. El apoyo de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de la que es asociado, fue fundamental para su elección definitiva.
Si hace una semana dio un varapalo a su compañera Ángela Murillo al absolver a Arnaldo Otegi del delito de enaltecimiento del terrorismo, por el que la jueza le había condenado a dos años, ahora ha dado la sorpresa al arrebatar a la Sección Segunda la decisión última sobre los delitos imputables a los procesados del ‘caso Faisán’. La previsible desestimación del recurso de apelación de la defensa si lo hubiese tramitado la mencionada sección (con el precedente del auto de abril antes citado) no está ahora en absoluto clara.
La mayoría de dos necesaria para adoptar una resolución por mayoría pasa ahora a ser de diez, lo que abre el abanico de matices. Un fallo que desestimara el delito de colaboración y concluyera que solo hubo revelación “desinflaría” al impacto político de la causa, que pasaría a ser instruida por un juzgado de Irún, donde tuvieron lugar los hechos.
Impacto electoral
El fallo no se conocerá hasta septiembre, y si entonces el pleno da la razón al fiscal el PP se quedará sin su principal ariete contra el Gobierno y, en especial, contra el candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien reclaman responsabilidades políticas que, en su opinión, le inhabilitan como candidato
El impacto penal también sería importante, porque los procesados se enfrentarían a una máxima de tres años en lugar de a otra de diez años, aunque para el comisario Enrique Pamies, jefe superior de Policía del País Vasco, y para el inspector José María Ballesteros, supondría la expulsión del Cuerpo. Dieciocho magistrados tienen la última palabra.
QUIEREN ENTERRAR EL FAISAN
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