Sólo acusará a uno de los policías imputados y no por un delito de colaboración con ETA
El caso del chivatazo policial a ETA está a punto de sufrir casi la puntilla final. Después de más de cinco años de instrucción, todo apunta a fuertes maniobras y presiones para que se quede en agua de borrajas. Quien está previsto que le intente dar la estocada final es el fiscal del caso, el mismo que primero pidió el archivo de la causa sin éxito. En cuanto el juez que instruye actualmente la causa, Pablo Ruz, reclame a las diferentes acusaciones sus posiciones ante el caso, la voz del fiscal, Carlos Bautista, se elevará sobre todas.
El representante del Ministerio Público quiere acusar pero muy poquito, para que nadie le eche en cara que se ha escondido. Pero quiere dejar una acusación que al Partido Socialista, al Gobierno y, sobre todo, al Ministerio del Interior, le serviría no sólo para sacar pecho sino también para darle mediáticamente la vuelta a la tortilla.
Según explicaron fuentes conocedoras de las fontanerías de la Audiencia Nacional, el fiscal sólo acusará a uno de los policías imputados y sólo por un delito. Estas fuentes aseguran que Bautista al único que señalará será al inspector de Vitoria, que estaba dedicado a la lucha contra el terrorismo islamista y que quedó grabado por las cámaras de la policía el día en que se produjo el chivatazo, el 4 de mayo de 2006, saliendo del bar Faisán, propiedad de Joseba Elosua, a la hora en que los informes policiales han determinado que se produjo la filtración. Y precisamente de eso le quiere acusar, de revelar secretos, pero quiere alejar su acusación de colaboración con banda armada. Ya en escritos anteriores, el mismo fiscal ha dejado claro que para él no existe colaboración con ETA porque cree que para ello, los fines de los que dieron el chivatazo y los de ETA tiene que ser los mismos, y entiende que no es así. Pero su defensa quedó desmantelada por la sala de la Audiencia, que entendió, por dos votos a uno, que en el caso del Faisán, además de revelación de secretos, existió colaboración con banda armada.
Ahora, tratará de defender su acusación únicamente contra el nivel más bajo de los imputados y de restar importancia a la acusación. De hecho, es muy probable que esta acusación tenga que dirimirse previamente en el juicio. Si finalmente se atendiera el criterio del fiscal, el caso acabaría siendo juzgado en Irún, ya que fue en esa localidad donde se produjo la filtración. Y sólo se sentaría en el banquillo un inspector de Policía. Es decir, el caso totalmente descafeinado.
La pelota está, no obstante, en el tejado del juez. Debe ser él quien mueva la última ficha: cerrar el sumario o procesar. Y si procesa, debe aclarar a quién y por qué. Si no se procesa por colaborar con ETA, la presión política morirá por inanición. Si, además, al director general de la Policía que estuvo con Rubalcaba finalmente no se le acusa, la vertiente política del caso quedará también en vía muerta y un problema menos para el candidato socialista a la presidencia del Gobierno.
De cualquier forma, desde la propia judicatura son mayoría los magistrados que se hacen las siguientes preguntas: ¿Pero alguien en España se cree que un policía da información a ETA porque a él se le ocurre? ¿Alguien duda de que el caso del chivatazo fue una maniobra político-policial para ayudar a ETA mientras el Gobierno hablaba con los terroristas? ¿Se puede quedar este caso en una simple acusación de revelación de secretos contra un simple policía? Preguntas que podrían quedar sin respuestas si al final se impone la tesis del fiscal y la Fiscalía.
El representante del Ministerio Público quiere acusar pero muy poquito, para que nadie le eche en cara que se ha escondido. Pero quiere dejar una acusación que al Partido Socialista, al Gobierno y, sobre todo, al Ministerio del Interior, le serviría no sólo para sacar pecho sino también para darle mediáticamente la vuelta a la tortilla.
Según explicaron fuentes conocedoras de las fontanerías de la Audiencia Nacional, el fiscal sólo acusará a uno de los policías imputados y sólo por un delito. Estas fuentes aseguran que Bautista al único que señalará será al inspector de Vitoria, que estaba dedicado a la lucha contra el terrorismo islamista y que quedó grabado por las cámaras de la policía el día en que se produjo el chivatazo, el 4 de mayo de 2006, saliendo del bar Faisán, propiedad de Joseba Elosua, a la hora en que los informes policiales han determinado que se produjo la filtración. Y precisamente de eso le quiere acusar, de revelar secretos, pero quiere alejar su acusación de colaboración con banda armada. Ya en escritos anteriores, el mismo fiscal ha dejado claro que para él no existe colaboración con ETA porque cree que para ello, los fines de los que dieron el chivatazo y los de ETA tiene que ser los mismos, y entiende que no es así. Pero su defensa quedó desmantelada por la sala de la Audiencia, que entendió, por dos votos a uno, que en el caso del Faisán, además de revelación de secretos, existió colaboración con banda armada.
Ahora, tratará de defender su acusación únicamente contra el nivel más bajo de los imputados y de restar importancia a la acusación. De hecho, es muy probable que esta acusación tenga que dirimirse previamente en el juicio. Si finalmente se atendiera el criterio del fiscal, el caso acabaría siendo juzgado en Irún, ya que fue en esa localidad donde se produjo la filtración. Y sólo se sentaría en el banquillo un inspector de Policía. Es decir, el caso totalmente descafeinado.
La pelota está, no obstante, en el tejado del juez. Debe ser él quien mueva la última ficha: cerrar el sumario o procesar. Y si procesa, debe aclarar a quién y por qué. Si no se procesa por colaborar con ETA, la presión política morirá por inanición. Si, además, al director general de la Policía que estuvo con Rubalcaba finalmente no se le acusa, la vertiente política del caso quedará también en vía muerta y un problema menos para el candidato socialista a la presidencia del Gobierno.
De cualquier forma, desde la propia judicatura son mayoría los magistrados que se hacen las siguientes preguntas: ¿Pero alguien en España se cree que un policía da información a ETA porque a él se le ocurre? ¿Alguien duda de que el caso del chivatazo fue una maniobra político-policial para ayudar a ETA mientras el Gobierno hablaba con los terroristas? ¿Se puede quedar este caso en una simple acusación de revelación de secretos contra un simple policía? Preguntas que podrían quedar sin respuestas si al final se impone la tesis del fiscal y la Fiscalía.
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