Los investigadores del chivatazo concluyen que los imputados colaboraron con ETA

El juez  Pablo Ruiz

El informe de conclusiones definitivas del equipo policial que ha investigado el chivatazo a ETA sugiere que los tres imputados, y dos altos cargos de Interior más que han declarado como testigos, incurrieron en un delito de colaboración con banda armada al permitir que 54.000 euros de la extorsión a un empresario llegaran a las arcas de la banda terrorista. La filtración impidió también que los servicios antiterroristas localizaran pruebas para llegar hasta el Aparato de Finanzas etarra. La causa se encuentra en su recta final, a la espera de que el juez decida si la archiva, como piden las defensas, o sigue adelante con el procesamiento de los acusados.
El documento entregado al juez Pablo Ruz resume en 36 folios cinco años de investigaciones, desde que el 4 de mayo de 2006 una llamada anónima alertara al propietario del bar Faisán de una operación en marcha para desmantelar la red de extorsión de la banda que operaba desde su establecimiento. Cinco años en los que el equipo investigador ha analizado más de dos mil números de teléfonos, intervenido las comunicaciones de altos cargos policiales y de Interior, acusado a sus superiores y provocado un terremoto interno. Nada de ello ha impedido que los investigadores digan en el último párrafo de su informe que las argumentaciones contenidas en él “ratifican en todos sus extremos las conclusiones que se han venido exponiendo a los largo de los sucesivos informes aportados a la causa desde el año 2006 por este equipo de investigación”.

El equipo que lidera el comisario Carlos Germán sostiene que el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros son los autores materiales del chivatazo, en el que ahora implican a otros dos mandos policiales más: la jefa de la Sección de Análisis de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, Teresa H. y el jefe de la Brigada de Francia, Alberto L, que hasta la fecha han declarado ante el juez instructor en calidad de testigos.

En cuanto al móvil, los investigadores se mantienen también firmes: fue político porque su objetivo era evitar que las detenciones interfirieran en las conversaciones que el Gobierno mantenía con ETA y, de paso, evitar la detención del dirigente peneuvista Gorka Aguirre por mediar en el pago de la extorsión a un empresario nacionalista. Un pago que había puesto en marcha la “Operación Urogallo”, finalmente frustrada.

Un informe demoledor

El informe afirma que la filtración frustró la operación prevista contra el aparato de extorsión de ETA, provocó un “apagón informativo” en las comunicaciones de los etarras que iban a ser detenidos y permitió que los 45.000 euros que Joseba Elosua, dueño del bar Faisán, tenía previsto entregar a José Antonio Cau Aldanur, el “correo” de la banda encargado de viajar desde Francia para recoger el dinero y entregarlo al Aparato Financiero de la organización terrorista. “Se impidió a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado su aprehensión, y con ello se favoreció que ETA dispusiera de esos fondos para seguir coadyuvando a financiar su actividad terrorista”, dice el informe.

Los miembros de la red de extorsión fueron detenidos 45 días después, pero los investigadores aseguran que “el plus informativo que siempre genera una investigación de esta naturaleza fue absolutamente nulo (…) tampoco se hallaron los esperados y previsibles datos complementarios referidos a listas y claves de extorsión, cartas, sellos de ETA, contabilidad, notas de transmisión de fondos a los Aparatos, e información financiera del Aparato de Extorsión de la organización terrorista, vía para lograr el verdadero objetivo final de la investigación”. Con un tono muy duro, el informe dice que la filtración permitió que los miembros de la red de extorsión "ocultaran información esencial sobre la estructura, composición, procedimientos operativos y responsables del Aparato Financiero de ETA".

Los contrainformes de las defensas

Las defensas han presentado varios contrainformes que rebaten la versión oficial de los hechos y apuntan al equipo investigador como autor del chivatazo. El ex director de la Policía ha desvinculado su defensa de la de los otros dos imputados, que reclaman el archivo de la causa o, en su defecto, que se practiquen nuevas diligencias que permitan demostrar su versión de los hechos. El fiscal Carlos Bautista, alineado inicialmente con la tesis de las defensas, ha modificado su posición y se sitúa más próximo a las acusaciones. Fuentes judiciales sostienen que, pese a ello, se inclina por inculpar a los imputados de un delito de revelación de secreto y no de colaboración con banda armada, con lo que la Audiencia Nacional perdería la competencia y la causa pasaría a ser instruida por un juzgado de Irún. Bautista pidió en octubre de 2009 el archivo de la causa, lo que obligó al entonces instructor, el juez Baltasar Garzón, a levantar el secreto del sumario que había prorrogado durante dos años y medio para dar traslado a las partes.

La llegada del juez Pablo Ruz al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tras la suspensión cautelar de Garzón relanzó la investigación. En menos de un año (fue nombrado en junio de 2010) el magistrado ha concluido una complicada y espinosa investigación. Falta la decisión final. Si rechaza el archivo que reclaman las defensas y decide seguir adelante deberá procesar a los imputados y concretar la acusación contra ellos: colaboración con banda armada, revelación de secreto, o ambos delitos.


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