José Mugica, presidente de Uruguay
Los crímenes cometidos por los militares uruguayos durante la dictadura militar de 1973-1985, quedaron hasta ahora impunes por la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, impulsada en 1986 por el gobierno de Julio María Sanguinetti y ratificada en dos consultas populares, en 1989 y en 2009. Ahora, parte del gubernamental Frente Amplio intenta anular dicha ley, pero con la oposición del presidente, José Mugica, del vicepresidente, Danilo Astori, y del ex presidente y más que probable candidato en el 2014, Tabaré Vázquez.
La cuestión está provocando un terremoto político en el Frente Amplio, donde el Plenario dispuso plantear en el parlamento un proyecto interpretativo que, en la práctica, anularía la citada ley. El presidente, José Múgica, advierte que esto puede traer consecuencias para el éxito electoral frenteamplista en las próximas elecciones. El mandatario tendría la potestad de vetar la decisión parlamentaria, y así se lo exigen la oposición y los militares, pero hasta ahora ha dicho en varias oportunidades que se opone a usar este privilegio.
La votación en el parlamento está prevista para el 19 de mayo, víspera de la tradicional Marcha del Silencio. Ese día se recuerda los asesinatos en Buenos Aires del senador del Frente Amplio Zelmar Michilini, el diputado del Partido Blanco Héctor Gutiérrez Ruiz, y los tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw. Los cuatro fueron encontrados muertos en la capital argentina en mayo de 1976, muy poco después del golpe militar en este país.
El resultado de la votación es aún incierto. El Frente Amplio tiene 50 escaños en el Congreso, de un total de 99. Y dos de sus diputados, Víctor Semproni y Gonzalo Mugica, han anunciado que respaldarán al presidente. Esto haría fracasar la iniciativa del Frente Amplio. En el Senado el histórico Eleuterio Fernández Huidobro renunció a su escaño en desacuerdo con el proyecto, aunque antes votó afirmativamente por disciplina con lo dispuesto por el grupo parlamentario.
Notables nombres de la izquierda, como el escritor Eduardo Galeano o el cantautor Daniel Viglietti, entraron en la polémica al apoyar el fin de la ley en una carta abierta publicada en la prensa. En ella señalan que el fondo de la cuestión es que la actual legislación uruguaya incluye “una norma inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales firmados por Uruguay, una norma que permite la impunidad de delitos de lesa humanidad y cuyos efectos deben ser eliminados por elementales razones éticas y porque así lo decidió, en marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Unas 29 personas desaparecieron en Uruguay durante la dictadura y otras 150 lo hicieron en Argentina, gracias al accionar conjunto de los militares de los diversos países del Cono Sur, en el llamado Plan Cóndor. A pesar de la Ley de Caducidad, algunos militares pudieron ser enjuiciados en los últimos tiempos, gracias a que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la norma en distintos pronunciamientos.
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