La mayor sanción (180.000 euros) es para el sacerdote Santiago Gómez Sierra,(actual Obispo auxiliar de Sevilla) al que se inhabilita durante dos años.
Los instructores del expediente abierto por el Banco de España a Cajasur y a 40 miembros de su cúpula tras la intervención de la caja el pasado 21 de mayo de 2010 han resuelto imponer sanciones económicas por valor de 2,4 millones de euros (400 millones de las antiguas pesetas) a 38 de esos 40 exdirigentes y eximir de multa pecuniaria alguna a la propia entidad, ahora subrogada a BBK tras la compra de sus activos en julio, a la que amonestara públicamente por el BOE para que el mercado sepa que ha cometido cuatro infracciones. Las cuatro por las que el largo listado de consejeros y directivos (ver gráfico anexo) acumulan sanciones de hasta 170.000 euros, la impuesta al último presidente de la entidad, Santiago Gómez Sierra, amén de dos años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo directivo en una entidad financiera.
Según la providencia suscrita por los dos instructores del expediente el pasado miércoles y notificada ayer, queda acreditadas tres infracciones muy graves y una grave cometidas desde julio de 2005 hasta el mismo 21 de mayo de 2010, cuando el consejo rechaza por mayoría simple fusionarse con Unicaja y pedir la intervención del Banco de España. Las deficiencias en materia de control interno, el incumplimiento de las órdenes específicas del órgano supervisor para fusionarse con la entidad malagueña, la infracapitalización de la entidad (durante seis meses con una solvencia por debajo de los límites legales) y el haber consentido una exposición de riesgo en el sector inmobiliario muy por encima de los topes legales fijados.
Sobre estas cuatro sanciones, que ya fueron notificadas en su día a los expedientados, que presentaron escritos de alegaciones, pivota la nueva providencia, a la que ha tenido acceso ABC, para dar por probados los hechos, desestimar casi todo el grueso de recursos administrativos y aplicar unas sanciones que, dentro de lo que marca la ley, han sido más bajas de la astronómica cifra que podían haber alcanzado —12,8 millones de euros, ni un 20%—. Frente a esta nueva resolución cabe presentar nuevas alegaciones en el periodo de 30 días.
La cuantía establecida a cada uno de los 38 sancionados, tan sólo a dos directores generales les han sido archivadas las infracciones (José Antonio Arcenegui y Carlos Senent), va en función tanto de su cargo y la consiguiente responsabilidad que desempeñaba como a su participación en órganos claves, además del consejo de administración, y vinculados a las irregularidades detectadas, como es el caso de la comisión ejecutiva, la comisión de inversiones, comisión de auditoría o el grupo de empresas. Así, entre un vocal del consejo con apenas participación en estos órganos y otro que sumaba su pertenencia a alguna de estas comisiones —siempre de la última etapa investigada— hay diferencias. Solamente ha pesado en beneficio de los infractores el voto contrario al rechazo del último consejo del 21 de mayo de la fusión con Unicaja frente a los que optaron por la intervención (canónigos y algunos impositores y trabajadores). Esta decisión es tildada por el Banco de España de «gravísimas consecuencias para la entidad y la economía en general». Ni siquiera las alegaciones en bloque de consejeros como los socialistas Salvador Blanco, Juan Pablo Durán, el popular Juan Ojeda o Andrés Hens de IU, advirtiendo que no tenían control efectivo sobre la situación, ni información y hacían constar su opinión contraria a la de los canónigos en el consejo les ha valido para zafarse de las sanciones económicas.
De los 2.402.000 euros de sanciones acumuladas, 874.000 corresponden a nuevo canónigos presentes en el consejo de la Caja desde julio de 2005 hasta el 21 de mayo de 2010. Juan Moreno, anterior presidente a Santiago Gómez, ha sido multado con 50.000 euros por las cuatro infracciones y a un año de inhabilitación. A partir de ahí, y tras la máxima cuantía, en correspondencia a la «máxima responsabilidad» en lo sucedido que señala el Banco de España sobre Gómez Sierra, aparecen Fernando Cruz-Conde, vicepresidente segundo, con 142.000 euros, Alfredo Montes (137.000 euros), Manuel Pérez Moya (107.000 euros), Francisco Jesús Orozco (98.000 euros); Joaquín Alberto Nieva (92.000 euros); Juan Arias, que dejó la caja en 2008 (48.000 euros) y Mario Iceta, actual obispo de Bilbao (30.000 euros).
Los impositores expedientados, y que en casi todo momento se han postulado junto a las tesis de los miembros del Cabildo Catedralicio en el devenir de la caja como entidad fundadora, engrosan otro tercio de las cuantías totales: en torno a 776.000 euros. Aquí destaca Julio Tomás Díaz, con 135.000 euros o Amalia Fernández, con 131.000 euros. En el lado de los representantes de los trabajadores está el caso de José Leiva Cortés con 136.000 euros de sanción por las cuatro infracciones señaladas.
Catorce políticos
En el lado político, con catorce de los 40 expedientados, las cuantías son algo más inferiores y bien jerarquizadas tanto por cargo de responsabilidad como por etapa de vinculación a la entidad. Cabe destacar que los tres candidatos a la Alcaldía de Córdoba por PSOE, IU y PP, esto es, Juan Pablo Durán, Andrés Ocaña y José antonio Nieto, respectivamente, han sido sancionados, en el mismo orden, con 64.000 euros (dos infracciones sobre control interno y riesgo excesivo, otras dos archivadas), 41.000 euros (por una sola sanción relacionada con el control interno) y 18.000 euros para el candidato el PP (por control interno en apenas unos meses del periodo investigado).
Salvador Blanco, vicepresidente ejecutivo por la Diputación, ha sido sancionado con 78.000 euros. Su grado ejecutivo y el «no» al rechazo a Unicaja han sido claves en uno y otro sentido. Juan Ojeda, vicepresidente tercero, la controvertida figura del desenlace final en el cupo político, es multado con 74.000 euros. En estos dos casos se libran de las infracciones de incumplir las normas del Banco de España y de la insolvencia manifiesta. A Andrés Hens (IU) le sancionan con 56.000 euros. A los directores generales Francisco Jesús Jurado y José Francisco Ruiz (bajo la presidencia de Miguel Castillejo y Juan Moreno) le imponen 45.000 euros de multa por las deficiencias en el control interno). Archivan el resto. Antonio Barral, el último director general en el ojo del huracán, deberá pagar 36.000 euros por el excesivo riesgo y el mencionado «descontrol interno».
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