El Gobierno Zapatero pactó con ETA la liberación de uno de los secuestradores de Ortega Lara
Eguiguren presentó a Batasuna un plan para unir Navarra y País Vasco en un plazo de ocho años
También acordó con la banda terrorista la excarcelación del asesino De Juana Chaos, aunque luego argumentó “motivos humanitarios”
Lo más grave de lo revelado en las actas de la negociación con ETA, que está ahora bajo la lupa del juez Ruz, no es sólo que los emisarios del Gobierno hayan podido incurrir en delitos como colaboración con banda armada.
Lo más grave de todo es que el conjunto abrumador de indicios viene a demostrar lo que medios de comunicación como los del Grupo Intereconomía venimos sosteniendo desde la primera legislatura: que la negociación con la banda terrorista es uno de los ejes sobre los que ha gravitado el zapaterismo para aferrarse al poder, bloquear el paso a la oposición y pasar a la Historia con la foto de una falsa paz, a cambio de dejar en la negociación con una pandilla de delincuentes jirones del Estado de derecho.
La prueba de que no es un episodio aislado sino el leitmotiv del zapaterismo es que quienes están en danza no son cuatro correveidiles sino parte de la cúpula policial, con la posible complicidad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, o conspicuos dirigentes socialistas; y que el Gobierno y sus emisarios pusieron en juego el aparato del Estado en el toma y daca con los etarras.
La Gaceta revela hoy dos cesiones escandalosas: que el Gobierno pactó con ETA la excarcelación de Iñaki de Juana Chaos, cuando de cara a la galería el propio Rubalcaba alegó "razones humanitarias; y que se acordó con la banda dejar en libertad a uno de los carceleros que retuvo en un zulo a Ortega Lara, durante año y medio. Y aporta nuevos datos de la hoja de ruta de la unificación de Navarra y País Vasco, que el socialista Eguiguren ofreció a ETA en mayo de 2007.
Es decir, la justicia -De Juana Chaos-, el dolor de las víctimas -Ortega Lara- y la unidad de España -el anschluss vasconavarro, una de las exigencias de territorialidad de ETA-, puestas en almoneda y utilizadas como objeto de trueque por los correos de Zapatero ante una banda de asesinos. Traducido todo esto en términos penales arroja un saldo inquietante.
A los delitos que la Justicia debe esclarecer -revelación de secretos, colaboración con banda armada, omisión del deber de perseguir delitos e incluso financiación ilegal, si se confirma que el Gobierno ofreció dinero a los etarras usando a organizaciones internacionales- habría que añadir además el de alta traición -art. 102 de la Constitución-. Alta traición en sentido estricto, si se demuestra la connivencia del Gobierno en la oferta de Eguiguren de ponerle en bandeja la unificación vasco-navarra.
Pero alta traición también en sentido lato, por haber andado en tratos y pactos con quienes atentan contra la unidad de España y la integridad de los españoles y por poner a su disposición los mecanismos del Estado -Policía, Fiscalía-. A todo eso, Rubalcaba, lo llama "bazofia" en su doble estrategia de imitar al avestruz y de jugar a hermano Tonetti del Congreso.
Pero cada minuto que pasa queda más en evidencia. Parafraseando a Amaral "sin él" no tendríamos chivatazo del Faisán ni negociación con ETA ni suspensión del Estado de derecho para que, cobijados bajo el paraguas protector de la tregua, los terroristas se libraran de la poli.
¿Bazofia? No piensa lo mismo el juez Ruz, que investiga tan graves hechos y que debe rastrear las pistas para certificar si las pisadas de la negociación terminan en el Ministerio del Interior y en el Palacio de la Moncloa. De momento, Rubalcaba es el superior jerárquico de imputados en colaboración con banda armada, y según las actas fue fichado expresamente por Zapatero para ponerlo al frente de Interior durante la tregua trampa. Es decir, vino a lo que vino.
En su cada vez más endeble defensa, volvía ayer a recitar su mantra, alegando que los terroristas mienten y que sus documentos no tienen valor. Pero como recordaba ayer el tenaz Gil Lázaro: "ETA mata pero no engaña". Una frase que seguro que le suena de algo al ministro del Interior.
En el 11-M convenía decir tal cosa... ahora menos. Respecto al valor de las actas, hay que subrayar que no son comunicados sino lo más parecido a registros notariales de conversaciones que ETA se limitó a levantar y que le fueron incautadas por la Policía. Es decir, que en principio no son textos manipulados. Los abogados de Manos Limpias acaban de desmontar la tesis de que no es creíble lo que ETA escribe en un acta, porque precisamente un acta de Sortu en la que no se condena a la banda ha sido uno de los motivos para que el Supremo no permita la legalización del partido.
Resulta inevitable establecer un paralelismo entre el encogimiento de hombros de Zapatero ante la calamitosa deriva económica y los balones fuera de Rubalcaba por la negociación con ETA. En los dos casos, los responsables parecen haber perdido contacto con la realidad y niegan la evidencia. Pero mientras que en el desastre económico estamos ante una negligencia y una mala gestión, en la negociación con ETA nos encontramos con algo más grave: la complicidad de un Gobierno democrático con una banda de asesinos.
Con el agravante de que no estamos ante un episodio aislado, sino ante un guión perfectamente trazado cuyos perfiles van quedando paulatinamente nítidos, a la luz de las investigaciones judiciales.
Este sería el resumen: Zapatero y su entorno comenzaron a negociar con ETA antes de llegar al poder, a través de Eguiguren y el PSE; continuaron posteriormente durante la tregua- trampa, y -según las actas- para eso fichó expresamente a Rubalcaba; retomóaron las negociaciones tras el atentado de Barajas y ha seguido durante el último año, hasta culminar con la llegada de los proetarras a las elecciones empotrados en las listas de EA.
Hasta la fecha, lo que teníamos era un iceberg del que emergían dos o tres puntas -el bar Faisán, el paradero de Josu Ternera, la excarcelación de Díaz Usabiaga-. A partir de la investigación judicial, la masa sumergida empieza a estar al descubierto.
Editorial de La Gaceta.
Lo más grave de todo es que el conjunto abrumador de indicios viene a demostrar lo que medios de comunicación como los del Grupo Intereconomía venimos sosteniendo desde la primera legislatura: que la negociación con la banda terrorista es uno de los ejes sobre los que ha gravitado el zapaterismo para aferrarse al poder, bloquear el paso a la oposición y pasar a la Historia con la foto de una falsa paz, a cambio de dejar en la negociación con una pandilla de delincuentes jirones del Estado de derecho.
La prueba de que no es un episodio aislado sino el leitmotiv del zapaterismo es que quienes están en danza no son cuatro correveidiles sino parte de la cúpula policial, con la posible complicidad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, o conspicuos dirigentes socialistas; y que el Gobierno y sus emisarios pusieron en juego el aparato del Estado en el toma y daca con los etarras.
La Gaceta revela hoy dos cesiones escandalosas: que el Gobierno pactó con ETA la excarcelación de Iñaki de Juana Chaos, cuando de cara a la galería el propio Rubalcaba alegó "razones humanitarias; y que se acordó con la banda dejar en libertad a uno de los carceleros que retuvo en un zulo a Ortega Lara, durante año y medio. Y aporta nuevos datos de la hoja de ruta de la unificación de Navarra y País Vasco, que el socialista Eguiguren ofreció a ETA en mayo de 2007.
Es decir, la justicia -De Juana Chaos-, el dolor de las víctimas -Ortega Lara- y la unidad de España -el anschluss vasconavarro, una de las exigencias de territorialidad de ETA-, puestas en almoneda y utilizadas como objeto de trueque por los correos de Zapatero ante una banda de asesinos. Traducido todo esto en términos penales arroja un saldo inquietante.
A los delitos que la Justicia debe esclarecer -revelación de secretos, colaboración con banda armada, omisión del deber de perseguir delitos e incluso financiación ilegal, si se confirma que el Gobierno ofreció dinero a los etarras usando a organizaciones internacionales- habría que añadir además el de alta traición -art. 102 de la Constitución-. Alta traición en sentido estricto, si se demuestra la connivencia del Gobierno en la oferta de Eguiguren de ponerle en bandeja la unificación vasco-navarra.
Pero alta traición también en sentido lato, por haber andado en tratos y pactos con quienes atentan contra la unidad de España y la integridad de los españoles y por poner a su disposición los mecanismos del Estado -Policía, Fiscalía-. A todo eso, Rubalcaba, lo llama "bazofia" en su doble estrategia de imitar al avestruz y de jugar a hermano Tonetti del Congreso.
Pero cada minuto que pasa queda más en evidencia. Parafraseando a Amaral "sin él" no tendríamos chivatazo del Faisán ni negociación con ETA ni suspensión del Estado de derecho para que, cobijados bajo el paraguas protector de la tregua, los terroristas se libraran de la poli.
¿Bazofia? No piensa lo mismo el juez Ruz, que investiga tan graves hechos y que debe rastrear las pistas para certificar si las pisadas de la negociación terminan en el Ministerio del Interior y en el Palacio de la Moncloa. De momento, Rubalcaba es el superior jerárquico de imputados en colaboración con banda armada, y según las actas fue fichado expresamente por Zapatero para ponerlo al frente de Interior durante la tregua trampa. Es decir, vino a lo que vino.
En su cada vez más endeble defensa, volvía ayer a recitar su mantra, alegando que los terroristas mienten y que sus documentos no tienen valor. Pero como recordaba ayer el tenaz Gil Lázaro: "ETA mata pero no engaña". Una frase que seguro que le suena de algo al ministro del Interior.
En el 11-M convenía decir tal cosa... ahora menos. Respecto al valor de las actas, hay que subrayar que no son comunicados sino lo más parecido a registros notariales de conversaciones que ETA se limitó a levantar y que le fueron incautadas por la Policía. Es decir, que en principio no son textos manipulados. Los abogados de Manos Limpias acaban de desmontar la tesis de que no es creíble lo que ETA escribe en un acta, porque precisamente un acta de Sortu en la que no se condena a la banda ha sido uno de los motivos para que el Supremo no permita la legalización del partido.
Resulta inevitable establecer un paralelismo entre el encogimiento de hombros de Zapatero ante la calamitosa deriva económica y los balones fuera de Rubalcaba por la negociación con ETA. En los dos casos, los responsables parecen haber perdido contacto con la realidad y niegan la evidencia. Pero mientras que en el desastre económico estamos ante una negligencia y una mala gestión, en la negociación con ETA nos encontramos con algo más grave: la complicidad de un Gobierno democrático con una banda de asesinos.
Con el agravante de que no estamos ante un episodio aislado, sino ante un guión perfectamente trazado cuyos perfiles van quedando paulatinamente nítidos, a la luz de las investigaciones judiciales.
Este sería el resumen: Zapatero y su entorno comenzaron a negociar con ETA antes de llegar al poder, a través de Eguiguren y el PSE; continuaron posteriormente durante la tregua- trampa, y -según las actas- para eso fichó expresamente a Rubalcaba; retomóaron las negociaciones tras el atentado de Barajas y ha seguido durante el último año, hasta culminar con la llegada de los proetarras a las elecciones empotrados en las listas de EA.
Hasta la fecha, lo que teníamos era un iceberg del que emergían dos o tres puntas -el bar Faisán, el paradero de Josu Ternera, la excarcelación de Díaz Usabiaga-. A partir de la investigación judicial, la masa sumergida empieza a estar al descubierto.
Editorial de La Gaceta.
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