¿Es Andalucia la finca corrupta del PSOE?

El «caso Mercasevilla» es sólo un síntoma de lo que puede haber oculto

¿Nada tuvieron que decir los sindicatos, nada barruntaron los comités de empresa en tanto ERE subvencionado?

¿Dónde estaban los sindicatos andaluces cuando la Junta y sus conseguidores de cabecera fraguaban los expedientes fraudulentos de regulación de empleo en decenas de empresas en crisis a las que los propios intermediarios planteaban las «virtudes» de acogerse a los planes de despidos masivos, entre los que luego aparecían incluidos militantes socialistas que jamás habían trabajado (allí)?
Ignacio Camacho responde a eso en su columna de ABC:

Almas de cántaro; los sindicatos estaban en lo suyo, en lo que vienen haciendo desde que Chaves implantó hace unos veinte años los «acuerdos de concertación social».
Esto es, en gestionar millones de euros de subvenciones para formación laboral -Andalucía debe de ser el territorio con más parados bien formados de Europa-, en dirigir su poderoso lobby de influencia en empresas públicas y cajas de ahorros, en vigilar el acceso preferente de sus afiliados a los empleos oficiales, en llevar al cine a los desempleados de Deplhi y otras compañías cerradas con ayuda de fondos públicos, en administrar con cuidado sus silencios para disfrutar de su posición preeminente en el entramado de poder clientelar en que se ha transformado la autonomía.

Pero ahora se va sabiendo que también andaban, al menos en parte, cerca de la masa de fraude en la que algunos listos han dejado rastro de sus manazas.
Ya ha dimitido algún secretario provincial de UGT -en el Jaén de Zarrías, vaya por Dios- cuya mujer fue incluida de matute en uno de los ERES de esa red tramposa. Y surgen en el sumario indicios más que notables de que en la federación alimentaria ugetista, de donde procede el principal comisionista investigado, existían connivencias sospechosas con la trama del fondo de reptiles que manejaba a su capricho la Consejería de Empleo.
Pero la lista de despidos y prejubilaciones irregulares incluye empresas metalúrgicas, bioquímicas, turísticas o textiles; en alguna los beneficiarios de la órbita socialista se llegaron a repartir ¡setecientos mil euros!
¿Nada tuvieron que decir los sindicatos, nada vieron los comités, nada llamó la atención de sus cuadros de mando en esas derramas con que la Junta subvencionaba alegremente el adelgazamiento del mermado tejido laboral andaluz?
La perpetuación en el poder favorece la descomposición de los sistemas de control político y económico, el debilitamiento del sentido crítico social y el ejercicio arrogante y autoritario del gobierno.
Todos estos efectos perversos del régimen socialista andaluz concurren en estado puro y máxima intensidad en la utilización de dinero público para pagar expedientes de regulación de empleo en los que se colaban amigos y paniaguados del PSOE, fondos públicos que superaban ampliamente los 600 millones de euros, a libre disposición del manejo arbitrario que quisieran darle los cargos competentes de la Junta de Andalucía.
El «caso Mercasevilla» es sólo un síntoma de lo que puede haber oculto en el historial del PSOE al frente del Gobierno andaluz; y cuando se abre una brecha en el muro del silencio y la prebenda, las consecuencias son imprevisibles.
Tan grave es la situación que la estrategia del PSOE es ponerse -o hacer que se pone- al frente de la manifestación y anunciar su máxima colaboración con los tribunales.
Bien está que se diga esto, pero es que a los socialistas andaluces no les cabe otra opción. El problema del PSOE es que se le está viniendo abajo el régimen andaluz, y con él, su reserva principal de votos, junto Cataluña, que hasta ahora inclinaba la balanza electoral a su favor.
Esto no ha hecho más que empezar y tan abrumadores resultan los hechos conocidos y los indicios de lo que se puede conocer que es un sarcasmo que José Blanco augure la derrota electoral del PP por que, a su juicio, es un partido incompatible con la democracia.
Las incompatibilidades democráticas se resumen perfectamente en la forma como el PSOE ha gobernado Andalucía.
Cinco trabajadores de Mercasevilla no cumplían requisitos de edad