El comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), José C., ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el investigador del 'caso Faisán', Carlos G., pidió que se borrase la grabación que probaba el chivatazo policial a ETA, según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración.
El mando policial ha asegurado durante su declaración que Carlos G. tomó esa decisión para no interferir en el proceso de paz.
De esta manera, José C. se ratifica en lo dicho anteriormente en un informe en el que hizo constar que, el 3 de mayo, Carlos G., que era el responsable del equipo conjunto con Francia en las investigaciones sobre la extorsión de ETA, "fue reticente en diversos momentos" a llevar a cabo la operación policial, que se desbarató por el chivatazo, porque "era una operación que conllevaba riesgos políticos dada la tregua de ETA".
Ruz también ha citado a declarar a los que fueran inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián y a la jefa de la Sección de Análisis de esa misma Brigada cuando se produjo el chivatazo, con el objeto de que aclaren ciertos extremos contradictorios en sus manifestaciones anteriores en sede judicial.
Igualmente, han sido citados Fernando Amo García, comisario provincial de San Sebastián cuando ocurrieron los hechos, y el jefe del Grupo VIII de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián.
Días atrás, el propio juez había ordenado identificar a los usuarios de tres teléfonos del Ministerio del Interior -uno de ellos el de Camacho- desde los que los imputados -el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava- recibieron llamadas antes y después del 'chivatazo'.
El mando policial ha asegurado durante su declaración que Carlos G. tomó esa decisión para no interferir en el proceso de paz.
De esta manera, José C. se ratifica en lo dicho anteriormente en un informe en el que hizo constar que, el 3 de mayo, Carlos G., que era el responsable del equipo conjunto con Francia en las investigaciones sobre la extorsión de ETA, "fue reticente en diversos momentos" a llevar a cabo la operación policial, que se desbarató por el chivatazo, porque "era una operación que conllevaba riesgos políticos dada la tregua de ETA".
Cinco mandos policiales
José C. ha sido uno de los cinco mandos policiales que han acudido hoy a testificar ante Pablo Ruz, que ha reabierto el caso del chivatazo con el que se alertó a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión en 2006 que iba a desplegarse en el bar Faisán de Irún.Ruz también ha citado a declarar a los que fueran inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián y a la jefa de la Sección de Análisis de esa misma Brigada cuando se produjo el chivatazo, con el objeto de que aclaren ciertos extremos contradictorios en sus manifestaciones anteriores en sede judicial.
Igualmente, han sido citados Fernando Amo García, comisario provincial de San Sebastián cuando ocurrieron los hechos, y el jefe del Grupo VIII de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián.
Testimonio irrelevante
El pasado viernes, Ruz rechazó citar a declarar al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, desde cuyo teléfono se hicieron llamadas a los tres imputados por el 'chivatazo' por considerar que su testimonio "no es relevante".Días atrás, el propio juez había ordenado identificar a los usuarios de tres teléfonos del Ministerio del Interior -uno de ellos el de Camacho- desde los que los imputados -el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava- recibieron llamadas antes y después del 'chivatazo'.
No hay comentarios:
Publicar un comentario