En un país donde ya impera la autocensura para evitar sanciones, el nuevo texto de la Ley Resorte aprobado por el Consejo de Ministros prohíbe la difusión televisiva, radiofónica y por Internet de mensajes que pudieran inducir al magnicidio o a alterar el orden público, atenten contra las buenas costumbres o que sean irrespetuosos con las autoridades; ello incluye las redes sociales como Facebook o Twitter, espacios comunes para la crítica política más irreverente. También se elevan las multas, que pueden culminar con la suspensión definitiva del medio, y se veta la inversión extranjera en radio, televisión abierta y producción nacional audiovisual.
Aunque Chávez tiene su propio blog (www.chavez.org.ve) y su cuenta de Twitter -ambos muy activos en su uso propagandístico-, su iniciativa persigue que los proveedores de servicios de Internet restrinjan la difusión de mensajes considerados prohibidos o el acceso a los portales que los incluyan. Facebook, con más de seis millones de usuarios venezolanos registrados, debería filtrar sus comentarios junto a los provenientes del extranjero referidos a la nación sudamericana.
Controlar el acceso a la Red
Además de los contenidos de Internet, Chávez quiere que el Estado controle el acceso de los proveedores a la red mediante un “punto único” que le permita “manejar el tráfico de origen y destino en Venezuela”. Reporteros sin Fronteras se pregunta si es el inicio de un nuevo monopolio estatal y sostiene que este dispositivo permitirá “filtrar la red en detrimento de la libertad de información en línea”. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el relator de la ONU para la Libertad de Expresión y la Asociación Interamericana de Radiodifusión han criticado la normativa. La oposición venezolana, agrupada mayoritariamente en la Mesa Democrática, denuncia que se impedirá el libre flujo de informaciones y opiniones.
El Catedrático de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, Antonio Pasquali, declaró a El Confidencial que Chávez, ante el inminente regreso de la oposición a la Asamblea Nacional, “ha venido acelerando su golpe perenne y en cámara lenta contra la Constitución y la democracia” con leyes con las que “pretende blindar en 2012 un régimen soviético ortodoxo”. Las citadas reformas intentan, en su opinión, someter el uso y contenidos de internet “al mismo régimen de restricciones que rige para radio y tv” y “nacionalizar” todos los servicios de radiotelevisión con alguna excepción privada que sea de su cuerda.
Estocada mortal a Globovisión
Aunque el perjuicio será generalizado, para la televisora privada Globovisión -a la que el comandante ha declarado la guerra por ser la única que le critica- supondrá la estocada mortal. Sus trabajadores se han manifestado junto a otros periodistas, políticos y miembros de asociaciones civiles ante la Asamblea Nacional y denunciado que la nueva legislación significará el cierre de la empresa. Y es que puede perder su licencia de transmisión porque se exige la presencia del presidente para ratificarla y Guillermo Zuloaga no piensa regresar de los Estados Unidos a Venezuela, donde le espera una orden de arresto de orquestación chavista. Además, sólo se le permitirá emitir en las ciudades de Caracas y Valencia, “mientras que los venezolanos sí podrán ver la RAI o TVE”, denunció un portavoz de los empleados.
Además de Globovisión, otros medios de comunicación independientes y muchos blogueros han atacado duramente los cambios legislativos como puntilla a la ya maltrecha libertad de información y expresión, algo que niega el Gobierno. El vicepresidente Elías Jaua -que curiosamente votó en contra de la Ley Resorte en 2000- asegura que se trata de garantizar la responsabilidad de los proveedores de Internet, principal argumento esgrimido por los diputados oficialistas. El presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Pedro Maldonado, defiende que el Estado debe intervenir para que la “gran cantidad” de mensajes que se transmiten vía online sin regulación sean “aptos para los niños” y no atenten “contra la paz, la seguridad y la formación del ciudadano”. La Conatel podrá ordenar el bloqueo de las webs que violen la normativa sin acudir a un tribunal.
La viabilidad de controlar las informaciones y opiniones emitidas por Internet es cuestionada por muchos, basándose en el ejemplo de otros países cuyos ciudadanos consiguen burlar la censura. Mientras el presidente acaba de obtener el plácet para legislar por decreto durante un año con la excusa de agilizar todo lo relativo a las inundaciones, la última encuesta de Keller y Asociados difundida por Globovisión revela que el 52% de los encuestados creen que Chávez perderá los comicios previstos en 2012. Si es que permite que lleguen a celebrarse.
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