viernes, 5 de noviembre de 2010

Albert Vilalta.Un cooperante con mucha jeta y sin un ápice de autocrítica

La aventura pija y solidaria de Albert Vilalta podría salirnos aún más cara a los españoles. El director general de Túneles del Cadí y uno de los tres cooperantes españoles secuestrados por Al Qaeda del Magreb Islámico en noviembre del año pasado ha reclamado al ministerio del Interior el estatus de víctima del terrorismo, según avanzó el diario Público.--Uno de los cooperantes pide ser indemnizado--. Destinaría la indemnización, que puede superar los 100.000 euros, a fines sociales.
Si el Ministerio del Interior considera que Albert Vilalta cumple los requisitos para ser reconocido víctima del terrorismo, el siguiente paso a seguir es solicitar la indemnización de 48.000 euros que señala la ley. Además, Vilalta también podría pedir otra indemnización por secuelas físicas y psíquicas, ya que sufrió el secuestro más largo de Al Qaeda para el Magreb Islámico --estuvo retenido, junto a Pascual, 267 días--, recibió varios disparos en el momento del rapto y conserva una leve cojera.
Tanta cara dura fue demasiado para la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, quien considera una "burla" que Vilalta, uno de los tres cooperantes secuestrados por Al Qaeda del Magreb Islámico en Mauritania, haya solicitado una indemnización como víctima del terrorismo.
Díez cree que es un "escándalo" que Vilalta "se atreva" a plantear esa reivindicación después de que todos los españoles hayan pagado su rescate y el de sus compañeros, con las consiguientes críticas que ello ha acarreado a España a nivel internacional.
"Es escandaloso que Vilalta, como beneficiario de ello, pida ahora una indemnización --que ahora el Ministerio del Interior tendrá que estudiar--. Es una absoluta vergüenza", ha insistido la portavoz nacional de UPyD.
La reforma de la ley de víctimas del terrorismo que se tramita en el Congreso de los Diputados establece que se considerarán víctimas del terrorismo a todos aquellos españoles que hayan sufrido atentados en el extranjero, independientemente de que el ataque se haya dirigido o no contra intereses nacionales como contempla la legislación actual.

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