UGT pagó nóminas de su plantilla con ayudas del Gobierno a una ONG filial

Los sindicatos mayoritarios y sus fundaciones adscritas reciben millonarias subvenciones públicas sin que, a posteriori, exista un exhaustivo control de la finalidad de las mismas. El Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria acaba de admitir a trámite una querella de los trabajadores de la Fundación Canaria para el Desarrollo Social (Fundescan) contra la Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato al que pertenece esta ONG, por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Tal y como reza en el escrito, empleados de Fundescan sostienen que las ayudas que le habían sido concedidas a esta entidad para impartir, fundamentalmente, cursos de formación eran desviadas por los responsables de UGT con el propósito de “cofinanciar de forma fraudulenta parte de los gastos del sindicato”.
Entre estas “acciones de defraudación”, los querellantes destacan la imputación a Fundescan de nóminas de individuos que trabajaban para UGT, el beneficio patrimonial del sindicato y, por supuesto, la apropiación de esas subvenciones públicas orientadas a planes de formación.
Según José Luis Gutiérrez, el abogado de dichos empleados de la fundación, ésta y el colectivo que dirige a nivel estatal Cándido Méndez compartían una “caja única” y actuaban de la siguiente manera: “UGT se presentaba a las convocatorias, pero el trabajo lo hacía Fundescan y, a la hora de justificar esos cursos, presentaban justificaciones falsas”.
Fundescan arrastra una deuda reconocida de nueve millones de euros y se halla en estos momentos bajo control de una administración concursal.

Implicados

Como responsables de estas sospechosas operaciones, la querella apunta a la antigua secretaria general de UGT y ex presidenta de Fundescan, Alicia Rodríguez, al actual presidente de la fundación, José Lorenzo López, los dos últimos gerentes, José Montesdeoca y Carlos Alberto Ucha, y el ahora secretario general de UGT en Canarias, Juan Francisco Fonte.
El pasado miércoles los empleados afectados de Fundescan, inmersa en un concurso de acreedores y expuesta a la extinción de 160 puestos de trabajo, protagonizaron una contramanifestación en Las Palmas y denunciaron que llevan 321 días sin cobrar. “UGT, con su hipocresía, ya aplica a Fundescan la reforma laboral”, ironizaron.