El documental Caso Faisán de Intereconomía TV ha levantado el velo del chivatazo a ETA por parte de policías al servicio de los intereses políticos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desvela, entre otras cosas, cómo los mandos del Ministerio del Interior, dirigido entonces por José Antonio Alonso, no dudaron en sabotear una brillante operación policial para desmantelar la red de extorsiones de la banda terrorista. El trabajo de unos 70 policías espiando el bar Faisán, realizando seguimientos, poniendo micrófonos y grabando conversaciones fue sacrificado porque no convenía perder el apoyo del PNV a la negociación con ETA que planteaba ZP. Este apoyo prestado por Josu Jon Imaz, secretario general del PNV, a Zapatero en Moncloa coincidió casi en cuestión de minutos con el chivatazo al propietario del bar, Joseba Elosúa. De haberse producido las detenciones ordenadas por el juez Fernando Grande-Marlaska cuando el correo de ETA iba a recoger “botellas de vino” (en el argot de los etarras por los millones recogidos mediante las cartas del impuesto revolucionario), hubiera caído toda la red investigada. Entre ellos, el histórico del PNV Gorka Aguirre, mano derecha de Arzalluz y con 20 años de permanencia en la Ejecutiva del PNV.
Aguirre, fallecido por una larga enfermedad, no sólo colabora con los extorsionadores llevando dinero al bar irunés, sino que brindó información sobre los titulares de algunas matrículas de coches camuflados de la Policía que seguían a los etarras. Según la Policía, obtenía esa información gracias a sus contactos con la Policía autónoma vasca. La operación del chivatazo fue planificada hasta sus más mínimos detalles. Se levantaron cámaras auxiliares en la trasera del bar o en el domicilio de Elosúa, en Behovia. Se utilizaron policías de “confianza”, uno de ellos el inspector José María Ballesteros, destinados en asuntos tan distintos como el grupo de islámicos de Vitoria. Uno de esos policías paró la grabación de la cámara principal instalada en unas oficinas a 200 metros del bar. Justo en el momento en el que Ballesteros entraba y salía del bar para ponerle a la oreja un móvil a Elosúa desde el que se le informó de que si cruzaban la frontera iban a ser detenidos en un control policial.
Papel de Pamies
Para el jefe superior en el País Vasco, Enrique Pamies, era una prioridad preservar la negociación y no incomodar al PNV en esos momentos. Sus policías de confianza siguieron sus órdenes, pero la conspiración falló porque olvidaron un micrófono en el coche de Joseba Elosúa. Esa grabación se ha convertido en la “prueba de cargo” que demuestra el chivatazo. Fue grabada automáticamente por los servicios de la policía en Madrid y esa información fue repartida a las bases de información policiales.La existencia de esta grabación en la que Elosúa se sorprende del aviso de un txakurra (término despectivo con el que se refieren a la policía) no fue de conocimiento del juez instructor, Grande-Marlaska, hasta cuatro días después. El magistrado cesó a Telesforo Rubio como jefe máximo del caso.
A Grande-Marlaska le sustituyó Garzón, quien cajoneó las cintas durante mucho tiempo hasta que LA GACETA amenazó públicamente con mostrar los recibos de su juzgado conforme las cintas del Faisán habían sido entregadas en su juzgado el día del chivatazo. En el visionado, aparecieron dos cortes en la grabación policial, justo en los momentos incriminatorios para el inspector que entró en el bar.
Interior, ya con Alfredo Pérez Rubalcaba como titular, decidió premiar a, por lo menos, nueve policías envueltos en el caso Faisán. El más llamativo de todos los casos es el de Telesforo Rubio, ascendido hasta lo más alto del Cuerpo Nacional de Policía y luego enviado a Moscú, con 12.000 euros de sueldo al mes más gastos. Pero también hubo medallas, algunas vitalicias, sospechosos ascensos y traslados ventajosos. Interior condecoró incluso al fiscal que investigaba el caso dos meses antes de que éste, Carlos Bautista, solicitara a Garzón el archivo de la causa sin siquiera investigar el paradero de las grabaciones policiales del bar.
Pero no sólo se produjeron comprometedores premios en el Ministerio del Interior, sino también en el juzgado de Garzón. Elosúa, que fue detenido un mes más tarde de lo del Faisán en Santa Pola (Alicante), fue excarcelado por Garzón porque presentaba problemas de salud, concretamente un cáncer de próstata. Su trabajo en el acarreo del dinero para ETA sólo le supuso nueve meses de prisión. Aguirre, procesado por Grande-Marlaska y al que se impuso una fianza de 30.000 euros, vio como Garzón le rebaja la fianza para eludir la prisión a 12.000 euros, e incluso como era desimputado por el juez. Baltasar Garzón creyó su versión, según la cual no había participado en las extorsiones etarras ni llevado dinero a ETA –contrariamente a lo que sabía la Policía, que le acusaba de entregar 52.000 euros a la banda provenientes de la extorsión a dos empresarios navarros–. Aguirre incluso declaró que él había desaconsejado a algunos conocidos extorsionados que no pagaran a ETA. En el juzgado le avaló Xavier Arzalluz y varios dirigentes más del PNV.
Ahora, el caso Faisán depende del juez Pablo Ruz (el sustituto de Garzón en la Audiencia Nacional) y la investigación recobrará un nuevo impulso cuando la juez francesa Le Vert entregue a la justicia española los datos de los trabajos de la Policía francesa sobre la operación de mayo de 2006
La Gaceta.
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