A través del BOE, el Ejecutivo, ajeno a la realidad de recorte de gasto impuesta desde Europa, designaba más empleados públicos a dedo, convocaba nuevas plazas de funcionarios en todas las Administraciones y detallaba las bases de la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales para este año.
El Gobierno puso ayer sobre la mesa, solamente seis días después de anunciar el tijeretazo social, más de 15,8 millones de euros para que los sindicatos, incluidos los minoritarios, se los repartan según su representatividad.
La cantidad proviene de la partida que el Ministerio de Trabajo e Inmigración destina a la promoción de actividades sindicales y ocho de cada 10 euros irán, de manera directa, a las organizaciones lideradas por Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo. Ambas centrales sindicales tienen de forma conjunta dos millones de afiliados, según las propios sindicatos.
La partida que otorga Trabajo este año es idéntica a la que se repartió en 2009 y supone sólo una mínima parte de lo que reciben de las Administraciones y organismos públicos la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO).
Las dos centrales mayoritarias se repartieron el año pasado, a partes iguales, más de 190 millones de euros, y desde que gobierna José Luis Rodríguez Zapatero sus subvenciones han aumentado casi un 50%.
Elevada cantidad
La cantidad, pese a lo elevada, apenas supone una mínima parte de lo que reciben directamente las centrales. En esos más de 190 millones de euros no están incluidas las ayudas provenientes de las Administraciones autonómicas ni las que se obtienen a través de sus fundaciones, como la Tripartita, en la que también está presente la patronal.
La Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de la Unión General de Trabajadores fue la sectorial que más ayudas recibió, más incluso que la casa madre de UGT de España, que obtuvo 16 millones de euros, según adelantó LA GACETA en su edición del 8 de mayo.
Durante el año pasado, las organizaciones sindicales recibieron más de 28 millones de euros en ayudas del Ministerio de Política Territorial destinadas a cursos de formación. La cantidad sólo supone la mitad de lo que obtuvieron las comunidades autónomas para el mismo fin.
Los sindicatos y los empresarios tampoco dejarán de percibir este año las subvenciones procedentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración que se otorgan por su participación en los órganos consultivos del departamento, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social. El año pasado supusieron más de cuatro millones de euros y la mitad fue directamente a parar a Comisiones Obreras y UGT.
Prioridades
El recorte de las subvenciones sindicales es una de las propuestas del Partido Popular para reducir todo el gasto que no sea absolutamente necesario. El líder de los populares, Mariano Rajoy, ha asegurado que, además de eliminar la Vicepresidencia Tercera y dos ministerios y de que fusionen algunos departamentos, es rigurosamente necesario reducir las subvenciones a organizaciones empresariales y sindicales, en muchos casos difíciles de justificar.
Sin embargo, el Gobierno mantiene estas ayudas como fórmula para que las centrales sigan calladas, a pesar de la que está cayendo. Sólo el recorte salarial en la nómina de los funcionarios les hará salir a la calle –el próximo 8 de junio–, sin que en los más de dos años que llevamos de intensa crisis económica y laboral lo hayan hecho una sola vez y cuando sus críticas a la gestión del Ejecutivo han sido en todo momento más que moderadas.
Ayer mismo, y coincidiendo con las ayudas publicadas por el Boletín Oficial del Estado, el ministro de Fomento, José Blanco, reclamaba a los sindicatos una reacción “proporcionada” al recorte de gasto social. El líder de la Unión General de Trabajadores, Cándido Méndez, forma parte del círculo de personalidades al que diferentes responsables del Ejecutivo –incluido José Luis Rodríguez Zapatero– consultan a la hora de tomar decisiones importantes.
CC OO
Con Toxo, el Ejecutivo mantiene una excelente relación, bastante mejor que la tuvo con José María Fidalgo. Los dos sindicalistas, que representan a dos millones de afiliados, fueron informados con antelación de los recortes del gasto presentados en el Congreso de los Diputados, que suponían rebajas para funcionarios, dependientes y pensionistas. El Gobierno de Zapatero, que ha querido convertirse en el único valedor de los derechos sociales y ha justificado, de esta forma, el desmesurado gasto público, ha traicionado, con el tijeretazo, todas sus propuestas. Ahora trata de evitar, manteniendo las ayudas a los sindicatos, una huelga general que acabaría uno de sus pocos méritos: la paz social.
Felipe González no pudo frenar la huelga general y Zapatero, en el peor momento de la economía, la trata de evitar a golpe de talón. El objetivo ahora, con la intención de voto bajo mínimos y con pensionistas, dependientes y funcionarios en contra, es evitar que los sindicatos convoquen un paro total que llevan dos años aplazando .
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