El magistrado del Supremo Luciano Varela ha decidido transformar en un procedimiento abreviado las diligencias abiertas al juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al iniciar, sin competencia legal, una causa por las desapariciones del franquismo.
La decisión de Varela supone pasar a la fase de preparación del juicio oral, lo que significa que Garzón se sentará en el banquillo siempre que alguna de las partes personadas presente escrito de acusación contra él.
El Alto Tribunal notifica esta mañana una resolución en la que Varela deniega las pruebas que solicitó a última hora la defensa de Garzón y acuerda que se entregue una copia de las diligencias al fiscal y a las acusaciones personadas (Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange) para que, en su caso, soliciten la apertura del juicio oral.
La decisión se produce 12 días después de que la Sala Penal del Supremo avalara la negativa de Varela a archivar el proceso contra Garzón al entender que la investigación ha "ratificado" los indicios delictivos.
El magistrado Varela adelantó en febrero que las resoluciones dictadas por Garzón durante la instrucción de una causa por las desapariciones del franquismo "son objetivamente contrarias a Derecho".
En concreto, se acusa al juez de la Audiencia Nacional de haber iniciado y prolongado esa instrucción atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito, estaban amnistiados y que, además, no eran de su competencia.
Tras la negativa de Varela a clausurar el proceso, Garzón -que se venía quejando de la excesiva duración de la investigación- instó la práctica de numerosas diligencias, entre ellas la declaración de juristas extranjeros como la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte y el ex juez chileno Juan Guzmán.
Para el magistrado del Supremo, puesto que ninguno de ellos intervino ni tuvo conocimiento de los hechos delictivos que se investigan su testimonio no es pertinente.
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