Víspera del día del Trabajador. Reunión extraordinaria del consejo de administración del Grupo Sos con un sólo punto en el orden del día. Someter a consideración la continuidad en el cargo del presidente y vicepresidente, los hermanos Jesús y Jaime Salazar, que juntos controlan un 29% de la compañía de alimentación. Pudieron invitarles a dimitir, pero como recoge helecho relevante enviado a la CNMV, fueron cesados y les fueron revocados todos sus poderes. Hacía un mes que habían saltado las alarmas.
Las cajas de ahorro han cambiado la relación de poderes. A pesar de tratarse de una empresa con un destacado poso familiar, fruto del proceso de consolidación y fusiones que hadado lugar a uno de los mayores grupos de alimentación del país, los verdaderos propietarios son otros. Con porcentajes del 5%, entidades como Unicaja, Cajasol, Cajasur y la recién incorporada Caja Madrid, con un 10%, han dejado a un lado su papel de cómodos compañeros de viaje, como había disfrutado hasta ahora Jesús Salazar.
El maridaje accionarial resultó idóneo mientras duró. Además de accionistas, las cajas, a través del holding financiero Ahorro Corporación, habían respaldado financieramente todas las adquisiciones realizadas por la antigua Sos Cuétara. El último gran desembolso fue con la compra de la italiana Bertolli, adquisición que le permitió convertirse en el número uno mundial del aceite, aunque Salazar necesitara apalancarse en extremo, alcanzando una deuda global de 1.000 millones de euros.
A pesar de las condiciones del mercado, en pleno verano de 2008, Grupo Sos obtuvo el dinero necesario (627 millones) con un crédito dirigido por Ahorro Corporación y en el que participaron Banco Popular, Rabobank, Royal Bank of Scotland e Intesa. No huo problema aparente de dinero. Tampoco a la vuelta de vacaciones, en octubre, cuando Caja Madrid inyectó 150 millones para hacerse con un 10% del capital, valorando el precio de las acciones a un precio objetivo de 9,5 euros. Llegaba la cuarta caja.
Todos estos esfuerzos no fueron suficientes para alimentar el vuelo bursátil de Grupo Sos. Más tarde que los demás, el precio de sus acciones comenzó a desplomarse a principios de año. Habían estado incomprensiblemente alto en comparación con el resto del mercado. Cotizaba a un per altísimo. Estratosférico, por encima de 40. Su caída, brusca, arrastró a los hermanos Salazar, que tenían hasta un 9% de su participación a través de derivados. Aún así, los hermanos siguieron comprando.
KPMG auditará el polémico crédito
El crédito de la discordia, el in fraganti que ha terminado con su etapa al frente de Grupo Sos, se remontaba a febrero de 2008. Su garantía para obtener los 212 millones eran las propias acciones de la compañía, un dinero que pretendía ser empleado para comprar un porcentaje significativo de acciones, en torno al 10%, que iría destinado luego a algún inversor institucional, futuriblemente un fondo soberano. Esta versión oficial, sin embargo, no fue aceptada ahora por accionistas ni acreedores.
Los hermanos Salazar, a quienes se les atribuye el mérito comercial y de marketing de Grupo Sos, han perdido sus cargos y poderes, pero pueden también perder todas sus acciones. En caso de no hacer frente a la devolución de los 212 millones, la compañía podría cobrarse las acciones puestas en garantía, teniendo luego que amortizarlas como autocartera. O sea, las cajas se partirían de nuevo una ejecución con la que no contaban, probablemente por no tener forma de ladrillo.
A partir de ayer jueves, Grupo Sos cuenta con un nuevo presidente, Vicente Sos, también accionista y consejero, miembro de la familia que dio nombre a la marca de arroces que se consolidó dentro del grupo. Según fuentes oficiosas, es un hombre de consenso entre las cajas y el resto de accionistas. Conoce la compañía y puede ejercer su dirección hasta que se encuentre en el mercado a un ejecutivo de primer nivel que acepte el reto de desahogar financieramente a la compañía.
Mientras tanto, el consejo de administración celebrado ayer jueves tomó otra decisión relevante। KPMG ha sido escogida para realizar un informe de auditoría que determine las implicaciones de la autoconcesión del polémico préstamo. Las cajas necesitan una opinión externa para confirmar sus sospechas, a pesar de que el aparente trazo grueso de la trama genera cierta incredulidad. Sólo las conclusiones finales determinarán el nivel de la reacción por parte de los afectados.
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