(PD).- Lo que les faltaba. Tienen al consejero de Turismo imputado por corrupción, 18 empleados detenidos por desviar dinero público y andan a palos por un campo de golf, pero al El Gobierno tripartito de Baleares (PSOE, Bloc y UM), presidido por el el socialista Francesc Antich, lo único que le preocupa es erradicar el castellano de las islas.
Con ese objetivo, claramente inconstitucional, el Gobierno balear ha presentado un nuevo Plan de Normalización Lingüística que invade espacios de la vida privada y en virtud del cual habrá un número obligatorio de misas en catalán, un comisario lingüístico controlará que en los clubes de fútbol se utilice el idioma autonómico y hasta las máquinas de café tendrán prohibido llevar instrucciones en español.
Se habla de «evitar la bilingüización» y para ello ponen en marcha leyes, estudios, campañas, subvenciones y cursos encaminados a erradicar poco a poco el castellano del paisaje balear.
Controlado prácticamente el sector educativo, el plan está centrado en la Sanidad, la Justicia, las empresas, el deporte, las religiones, el ocio, los medios de comunicación, el arte y las relaciones con el exterior. En total, 934 objetivos que contienen más de 2.000 propuestas lingüísticas.
Entre ellas, además de las citas más arriba, se requiere el empleo del catalán a las empresas para obtener cualquier tipo de ayuda de la Administración, se exige su conocimiento certificado como requisito para poder aspirar a cualquier plaza de funcionario, se reclama el derecho a ser atendido por los organismos oficiales del Estado y de la UE en catalán, se persigue la incorporación del dominio .cat para todas las webs y correos electrónicos de la Administración autonómica (en lugar del .es), se propone la creación del «Día del Estado plural e igualitario»... Por no dejar ningún cabo suelto, hasta se habla de emitir moneda en catalán, el pasaporte y el DNI.
Esta serie de disparates y este modelo intervencionista y de ingeniería social propios de un laboratorio del doctor Frankenstein los persigue no un Gobierno presidido por un nacionalista recalcitrante, sino por un miembro del partido que gobierna en España.
El difícil equilibrio en el que se sustenta Francesc Antich ayuda a comprender la situación.
De una parte están los independentistas del Bloc, que han radicalizado sus posiciones debido a su escasa visibilidad en el Gobierno. Los socialistas han preferido asumir sus desvaríos soberanistas antes que romper la coalición. Por otro lado está Unión Mallorquina, un partido con hasta seis imputados en casos de corrupción, incluyendo al consejero de Turismo.
Contrasta la posición de Antich -incapaz de pedir a su socio que dimita- con la de Esperanza Aguirre, que destituyó a López Viejo en cuanto se le relacionó con la operación Gürtel.
En su huida hacia delante, Antich no sólo no parece reparar en el reciente ejemplo gallego -donde la alianza con los nacionalistas y sus imposiciones lingüísticas han echado al PSdG del Ejecutivo-, sino que rema a contracorriente de lo que muy pronto va a tener que hacer en esta materia el PSE en el País Vasco.
El PP ha denunciado la deriva del Govern y apoyará las movilizaciones que empiezan a gestarse en las Islas. El Sindicato Médico de Baleares y el Sindicato de Enfermería han convocado ya una manifestación en contra de la imposición del catalán en la Sanidad y hacen un llamamiento para que los ciudadanos acudan a la protesta, conscientes de que, más allá de su reivindicación puntual, lo que está en juego es el modelo de convivencia
Con ese objetivo, claramente inconstitucional, el Gobierno balear ha presentado un nuevo Plan de Normalización Lingüística que invade espacios de la vida privada y en virtud del cual habrá un número obligatorio de misas en catalán, un comisario lingüístico controlará que en los clubes de fútbol se utilice el idioma autonómico y hasta las máquinas de café tendrán prohibido llevar instrucciones en español.
Se habla de «evitar la bilingüización» y para ello ponen en marcha leyes, estudios, campañas, subvenciones y cursos encaminados a erradicar poco a poco el castellano del paisaje balear.
Controlado prácticamente el sector educativo, el plan está centrado en la Sanidad, la Justicia, las empresas, el deporte, las religiones, el ocio, los medios de comunicación, el arte y las relaciones con el exterior. En total, 934 objetivos que contienen más de 2.000 propuestas lingüísticas.
Entre ellas, además de las citas más arriba, se requiere el empleo del catalán a las empresas para obtener cualquier tipo de ayuda de la Administración, se exige su conocimiento certificado como requisito para poder aspirar a cualquier plaza de funcionario, se reclama el derecho a ser atendido por los organismos oficiales del Estado y de la UE en catalán, se persigue la incorporación del dominio .cat para todas las webs y correos electrónicos de la Administración autonómica (en lugar del .es), se propone la creación del «Día del Estado plural e igualitario»... Por no dejar ningún cabo suelto, hasta se habla de emitir moneda en catalán, el pasaporte y el DNI.
Esta serie de disparates y este modelo intervencionista y de ingeniería social propios de un laboratorio del doctor Frankenstein los persigue no un Gobierno presidido por un nacionalista recalcitrante, sino por un miembro del partido que gobierna en España.
El difícil equilibrio en el que se sustenta Francesc Antich ayuda a comprender la situación.
De una parte están los independentistas del Bloc, que han radicalizado sus posiciones debido a su escasa visibilidad en el Gobierno. Los socialistas han preferido asumir sus desvaríos soberanistas antes que romper la coalición. Por otro lado está Unión Mallorquina, un partido con hasta seis imputados en casos de corrupción, incluyendo al consejero de Turismo.
Contrasta la posición de Antich -incapaz de pedir a su socio que dimita- con la de Esperanza Aguirre, que destituyó a López Viejo en cuanto se le relacionó con la operación Gürtel.
En su huida hacia delante, Antich no sólo no parece reparar en el reciente ejemplo gallego -donde la alianza con los nacionalistas y sus imposiciones lingüísticas han echado al PSdG del Ejecutivo-, sino que rema a contracorriente de lo que muy pronto va a tener que hacer en esta materia el PSE en el País Vasco.
El PP ha denunciado la deriva del Govern y apoyará las movilizaciones que empiezan a gestarse en las Islas. El Sindicato Médico de Baleares y el Sindicato de Enfermería han convocado ya una manifestación en contra de la imposición del catalán en la Sanidad y hacen un llamamiento para que los ciudadanos acudan a la protesta, conscientes de que, más allá de su reivindicación puntual, lo que está en juego es el modelo de convivencia
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