A los pies de la política en el Reina Sofía

LA polémica sobre la remodelación del Hospital Universitario Reina Sofía y el encaje del área Materno-Infantil está ofreciendo estampas preocupantes. En algún punto, poco saludables para la higiene democrática y el prestigio de la profesión médica. Profesión de lustre, independencia científica, tilde humanista y necesidad absoluta en nuestra sociedad, pese al uso torticero, político y con ribetes sectarios que a veces padece.
Treinta y cinco de los 37 jefes de servicio del Reina Sofía, complejo con 30 años de vida, cinco mil empleados y unas cotas sanitarias irrefutables, vetaron el pasado martes a este periódico, que está llevando la información a la opinión pública sobre la controvertida reforma del centro, y que ha podido aglutinar ya 15.000 firmas y un acuerdo unánime del Ayuntamiento que exigen una calidad asistencial acorde a la norma de la Junta y la UE para los niños.
Y nos vetaron en la difusión de un escrito de réplica a las críticas que están recibiendo por su cierre de filas con el SAS, legítimo por otra parte, sobre la naturaleza de la futura área materno-infantil. No enviaron la réplica al medio que informa del asunto, y al que criticaban, eso sí, en el mismo documento de queja que nunca llegó a ABC, que, por contra, sí está recogiendo todas las opiniones que se vierten del caso.
En el veto incorporaban una significativa foto de familia en la que decían estar todos los que respaldan un proyecto del que hasta ahora sólo conocemos una nueva infografía -la vendida a bombo y platillo en 2006 por la consejera ya es historia- y las garantías de los arquitectos de que no habrá mezcla de pacientes adultos y niños en su futura ubicación del actual Hospital General. Curiosamente, en la imagen no estaba el jefe de Pediatría, quien hace dos meses cuestionaba en una junta facultativa las virtudes del cambio auspiciado por el SAS «retrotrayéndose a la Noreña». Tampoco la jefa de Cirugía Pediátrica.
Hasta ahora, la Junta ha sabido escudar su incompetencia en este grupo de reconocidos profesionales que han tirado de la Facultad de Medicina y el Colegio de Médicos, que navega entre dos aguas. El escudo ataca al mensajero y pone al Reina Sofía -cuya reforma acumula años de demora- y a la ciudad como víctimas del derecho constitucional a informar, exigir garantías y ofrecer argumentos.
Porque nos duele el Reina Sofía, que seguirá por encima de las personas, y porque queremos lo mejor para la calidad asistencial futura de esta ciudad (derecho que también se merece y paga) y su prestigioso Hospital, seguiremos informando.