La investigación seguida por la Secretaría General del Ayuntamiento de Córdoba revela que varios de los agentes policiales implicados en el caso Torreblanca manipularon, destruyeron y fabricaron pruebas falsas sobre las irregularidades urbanísticas (edificación de chalés ilegales) días después de que IU, y tras publicar este periódico por primera vez los hechos, anunciara por un comunicado que abría una investigación.
Concretamente, y de manera significativa, en el plazo de tiempo que va desde el 13 de enero de este año, cuando el edil de Seguridad José Joaquín Cuadra hace pública la investigación en un comunicado, hasta el día 17, en el que el mismo Cuadra firma la moción que debe tratar la Junta de Gobierno Local para aprobar la citada investigación. Esto es, cuando la autoriza formalmente.
En esos cinco días, la secretaria ha contabilizado en sus pesquisas indicios de modificación y alteración de pruebas el día 14 de enero, tanto en el caso del chalé de la pareja de la Línea Verde como en el del escolta de la alcaldesa, y 15, sólo para el caso del guardaespaldas.
El 13 de enero, ABC publicaba que dos miembros de la Línea Verde se habían edificado un chalé ilegal en la parcelación histórica de la Sierra. Ese mismo día, Cuadra en un comunicado oficial indicaba que la apertura de «una investigación de información reservada por la Policía Local» era una medida para «esclarecer con total transparencia la labor de los agentes, actuando para no dejar lugar a ninguna duda sobre los pormenores de su tarea».
Algunos de esos pormenores tardaron en esclarecerse a raíz de las conclusiones de la secretaria, que sitúa días después de ese anuncio las actuaciones irregulares de tres de los cinco agentes implicados y a los que se les ha abierto expediente disciplinario.
Es más, el mismo 15 de enero, el edil de Urbanismo, Andrés Ocaña, responde a preguntas de ABC que los boletines de denuncia de los agentes están ya en el organismo que preside, pero sin dar fecha alguna. Y alcanza a matizar: «En el momento en el que aparece un elemento en cualquier medio, nuestra obligación es comprobarlo». Por dos veces Ocaña se refirió a la necesidad de hacer comprobaciones y no dejarse guiar sólo por una información periodística. Al final, el cogobierno IU-PSOE tardó dos semanas en aprobar oficialmente la investigación que ha deparado los resultados ya conocidos.
Las otras alteraciones de documento público sobre las que hay indicios corresponden a los días 11 y 12 de enero, curiosamente, los días en los que ste periódico estableció contacto con uno de los agentes de la Línea Verde implicados en los hechos para que diera su versión antes de la publicación de la primera información.
Todas las ocasiones señaladas por la secretaria en sus conclusiones, a las que ha tenido acceso ABC, repiten los mismos modos de actuación de los tres agentes a los que se les acusa de esta manipulación de pruebas. «Indicios de haber participado en una modificación de los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracción administrativa urbanística incluidos en el expediente (...) del programa SIP de la Unidad de Disciplina Urbanística y su modificación, que ha provocado la pérdida de los datos inicialmente recogidos y la elaboración de un expediente valiéndose de términos que desnaturalizan la verdad sobre los hechos».
Todo el equipo de gobierno mantuvo silencio hasta que el día 17 de enero se producen tres hechos significativos. ABC publica que un escolta de Rosa Aguilar se hizo también una casa ilegal junto a la de la pareja de la patrulla verde. Cuadra firma una moción que autoriza la apertura de la investigación y que debe elevar a la Junta de Gobierno Local para que ésta le dé su visto bueno.
Y, finalmente, la alcaldesa ofrece su primera versión en la que insiste una y otra vez en dar la fecha de 26 de septiembre de 2007 como la del boletín de denuncia del caso de su escolta -que luego ha resultado ser el 27 de diciembre-. Eso sí, Aguilar enfatizó una y otra vez que se llegaría hasta el final con toda la claridad absoluta. No fue hasta el día 25 de enero cuando la Junta de Gobierno Local aprobó la investigación.
Aguilar y las fechas
Aunque tanto IU como PSOE y PP han apelado a que se depuren todas las responsabilidades, el cogobierno ha obviado las de corte político que sí ha sacado a la palestra el PP. Esta sucesión de hechos, no sólo pone de manifiesto que fallaron los controles internos de un servicio como el de la Policía Local, sino que el empeño y rigor expresado en las primeras horas por dos miembros del gobierno local como Cuadra y Ocaña (el primero, aún no ha dado explicaciones en todo este tiempo) parece que no fue suficiente.
Ayer mismo, el portavoz socialista Rafael Blanco era tajante al respecto de esta controversia: «Se han alterado pruebas antes, durante y después de la investigación; que cada palo aguante su vela». Preguntada Aguilar por lo mismo, su respuesta fue ayer la siguiente: «Yo desconozco esas fechas. Estamos barajando 200 fechas. Ni lo afirmo ni lo desmiento».
cordoba.abc.es
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