Avicena o Ibn Siná (como fue llamado en persa y en árabe) nació en el año 980 en Afshana (provincia de Jorasán, actualmente en Uzbekistán). Cuando tan sólo contaba con 17 años ya gozaba de fama como médico por salvar la vida del emir Nuh ibn Mansur. Puede ser considerado el inventor de la traqueotomía, cuyo manual operatorio sería precisado por el célebre cirujano árabe Abū el-Kasis de Córdoba.
Libros: El canon de medicina, El libro de la curación, Poema de la medicina
El PP registra una batería de preguntas por escrito en el Congreso para que el presidente aclare si el acuerdo de coalición le prohíbe sustituir a los ministros morados y otros altos cargos del Gobierno,
Foto:Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Alberto Garzón posan tras la firma del acuerdo de coalición. // Flickr PSOE
Pedro Sánchez escuchó una y otra vez el "Sí se puede" después de alcanzar el acuerdo de coalición con Unidas Podemosque permitió su investidura hace dos años. Ahora, sin embargo, cada vez que se plantea el cese de un ministro morado, el jefe del Ejecutivo escucha justo lo contrario.Pablo Iglesiasprimero, yYolanda Díaz después, han recordado que esa atribución, reservada en la Constitución al presidente del Gobierno, fue cedida en el pacto firmado entre las dos formaciones tras las últimas generales.
Esa cesión de Sánchez ante los morados quedó patente, a lo largo de 2021, en tres momentos clave para el Ejecutivo: en marzo, cuando Ione Belarra asumió la cartera de Derechos Sociales que dejaba Pablo Iglesias para ser candidato en Madrid; en julio, cuando la crisis de Gobierno solo afectó a ministros socialistas; y en diciembre, cuando Yolanda Díaz eligió a Joan Subirats como sustituto de Manuel Castells en Universidades.
Ahora, recién arrancado el año 2022, Pedro Sánchez ha vuelto a evidenciar que, pese a lo que establece la Constitución, su acuerdo con Unidas Podemos le impide cesar a un ministro, Alberto Garzón, cuya marcha del Ejecutivo ha sido reclamada, incluso, por importantes dirigentes socialistas, como el presidente de Aragón, Javier Lambán.
El titular de Consumo, de hecho, ya ha dejado claro que no teme por su continuidad en el Ejecutivo después de una conversación entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. La vicepresidenta, reveló el propio Alberto Garzón, le transmitió que no hay "molestia" por su permanencia en el Gobierno y que "ha salido a defender lo que hoy es de cajón y será más de cajón el año que viene". Después, la también ministra de Trabajo puso un tuit respaldando a su compañero:
El PP pide explicaciones
Ante esta circunstancia, el PP ha iniciado una ofensiva parlamentaria en el Congreso de los Diputados para que Pedro Sánchez desvele, y por escrito,los términos del acuerdo de coalición con Unidas Podemos que le impiden cesar a ministros morados.
Así, en una batería de preguntas escritas registradas ayer viernes, y a las que ha tenido acceso Vozpópuli, los populares afirman que "el acuerdo de coalición progresista firmado entre el PSOE y Unidas Podemos para la formación del Ejecutivo actualimposibilita, al Presidente, la destitución del Ministro de Consumocuya gestión se conoce exclusivamente por sus continuas declaraciones en contra de los intereses de España".
El acuerdo de coalición progresista firmado entre el PSOE y Unidas Podemos para la formación del Ejecutivo actual imposibilita, al Presidente, la destitución del Ministro de Consumo
El PP recuerda que laConstitución, el apartado segundo delartículo 98, establece que "el Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión".
A continuación, los populares preguntan si "confirma el Gobierno la existencia de ese acuerdo que limita las facultades constitucionales del Presidente" y cual es el alcance del mismo. En ese sentido, el PP quiere saber si solo alcanza a los ministros, o también "al resto de altos cargos de los Ministerios que afectan a miembros del otro partido de la coalición".
Reproches a Sánchez y Garzón
En esa misma batería de preguntas, el Grupo Popular quiere saber también "en qué medida el actual Acuerdo de coalición está afectando a las funciones constitucionales encomendadas al Presidente del Gobierno" y "cómo está afectando a los intereses de España la imposibilidad de cesa a un Ministro contrario a los mismos".
A continuación, el PP formula otra serie de preguntas cargadas de reproches a Pedro Sánchez y a Alberto Garzón. Así, los populares echan en cara al jefe del Ejecutivo "por qué no ha impulsado ninguna iniciativa paraponer fin a un Consejo de Ministros a la derivaen un momento tan complicado para nuestro país".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), conversa con en el ministro de Consumo, Alberto Garzón (i). EFE / Mariscal.
Por otra parte, preguntan a Sánchez cuándo piensa suprimir los ministerios que "están resultando ineficaces, ineficientes e inoperantes", ysi la eliminación de esas carteras "también se lo prohíbe su Acuerdo de gobierno progresista".
Finalmente, el PP carga contra las medidas incumplidas por parte del Ejecutivo y cuestiona al Gobierno "cómo va a poder seguir justificando un Ministerio, como el de Consumo, cuandoal menos el 45% de las familias con dificultades para calentar su hogar no ha recibido el bono social".
Crece la ola contra Garzón tras conocerse que sirvió solomillo y foie en su boda
El ministro de consumo, que señaló que una entrevista que la carne española era de mala calidad, no ha rectificado sus palabras y “echa la culpa” al periodista y a sus preguntas
Un día después de que se conociese la entrevista del periódico internacional The Guardian al ministro de Consumo, Alberto Garzón, la polémica sigue aumentando. Y es que las palabras del líder de Izquierda Unida en las que apuntaba que el sector cárnico de nuestro país introducía en el mercado, en ocasiones, carne de mala calidad, ha desatado una tremenda ola de indignación.
En un primer momento, Garzón optó por esperar a que la crisis pasase sola, pero ante las protestas de la ciudadanía y del sector cárnico, ha optado por salir a dar explicaciones, que no disculpas. El titular de consumo ha asegurado en las últimas horas que las palabras transcritas de esa entrevista no se ajustan a la realidad y, lo que él quería decir, era otra cosa.
Según él, quería denunciar las explotaciones ganaderas extensivas que tienen un impacto ambiental mayor, pero que "por motivos de espacio" el periodista del diario británico tuvo que excluir información de su entrevista. El ministro de consumo ha tirado balones fuera y acusa además a la prensa de estas informaciones y ha insistido en que "el bulo" sobre sus declaraciones en las que decía que la carne española es de malacalidad ha sido "impulsado por el lobby de ciertas grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes”.
En esta respuesta del titular de Consumo, señala que lo que él denunciaba eran las granjas de explotación intensiva, que aún así representan un amplio volumen de negocio del sector y dan trabajo a miles de personas. Un tipo de ganadería que él mismo ha reconocido en la “rectificación” hecha publica este martes, que “no es en ningún momento sostenible”.
Garzón sobre sus palabras en contra de la carne: "Es un bulo impulsado por el lobby de ciertas grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes"
Unas palabras iniciales de Garzón que ponen al sector ganadero de nuestro país en un aprieto, sobre todo de cara a la imagen internacional que se ha proyectado gracias al ministerio de Consumo. De hecho, el presidente del Gobierno de Aragón, una de las comunidades autónomas que más explotaciones ganaderas tiene, ha exigido la dimisión del ministro.
Lo ha hecho a través de una publicación en redes sociales, donde ha apuntado que "estas desgraciadas e insensatas declaraciones son una agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa, que se esfuerza por ser competitiva y sostenible. El que las hace no puede ser ministro de España ni un día más. Es en sí mismo un insulto a la inteligencia”.
Desde el resto del Gobierno se hacen a un lado y solo se ha pronunciado la ministra de Educación, Pilar Alegría, que se ha desentendido de la postura de Garzón: "La posición del Gobierno sobre este tema la hemos dejado muy clara en otras ocasiones, empezando por el propio presidente del Gobierno que ha pronunciado de forma taxativa su posición afavor del sector ganadero”, ha señalado en una entrevista en Onda Cero.
Contra el consumo de carne, a favor de las bodas con solomillo
Una de las cosas que peor ha sentado en la ciudadanía y en el sector, es que el propio ministro de Consumo disfruta de los productos cárnicos típicos de España, aunque luego diga que hay que comerlos en menor cantidad o diga en un medio internacional que los que vienen de España son de mala calidad.
Y es que en su boda en el año 2017, el ministro de Consumo optó por incluir en el menú del banquete un solomillo de ternera a la brasa acompañado de una guarnición de puré de patata, pimiento del piquillo y espárragos trigueros. Un menú que se completaba con carpaccio de ternera con virutas de queso parmesano, saquitos de langostino con salsa americana, pastel de puerros y gambas con salsa de queso, gambas de Huelva, bogavante horneado con vinagreta en su jugo y cava.
Y esta no es la única polémica que afecta al ministerio de Consumo del Gobierno de España. Cada mes, aproximadamente, suele repetirse el mismo patrón: se deja de hablar del ministro, que es uno de los que menos trabaja según ha recopilado el portal The Objective y el gabinete de Consumo decide sacar una nueva polémica o campaña para que vuelva a aparecer en el foco mediático.
Una de las primera polémicas fue también relacionada con la carne: desde el ministerio de Consumo se empezó a decir que los españoles debería comer mucha menos carne de la que suele ser habitual. Carne roja que, por otro lado, tacharon de “poco sana”, aunque en nuestro país su producción mueve cada año 28.000 millones de euros, representando un 22% de todos los productos alimentarios en España según datos de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España.
Después de esa polémica llegó la famosa “huelga de juguetes”, en la que el ministerio de Consumo quería trasladar el mensaje a las familias de que los juguetes se “movilizarían” para dejar claro que no tienen “género”. Una campaña que costó 60 millones de euros y que pretendía que los niños pudiesen jugar o pedir juguetes de todos los colores, formas y roles. Algo que ya se puede hacer, pero que, según Garzón, no está “visibilizado”.
Otra de las polémicas de los últimos meses ha tenido que ver con el roscón de Reyes. Y es que el ministro de Consumo ha estado muy preocupado por la calidad de la nata de este típico postre navideño, por lo que decidió sacar adelante a principios de mes una campaña en la que se daban consejos a las familias para reconocer si un roscón es o no de buena calidad. Y es que, para el titular de consumo, es muy importante que la nata no sea fake y que, a poder ser, la receta del postre lleve la cantidad de azúcar más baja posible y que la nata sea “nata, nata”, a base de leche en una alto porcentaje.
Sin embargo, en esta ocasión, la polémica ha ido demasiado lejos porque afecta a muchos puestos de trabajo. Por ello, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha exigido la dimisión de Alberto Garzón si no rectifica de una forma clara sus palabras. Acusan al declarado comunista de estar "continuamente atacando" al campo español y piden a las instituciones respaldo hacia un sector que "necesita apoyos y no demonización ni ataques continuos”.
Además, desde distintas asociaciones y agrupaciones agrarias han asegurado que si la rectificación no se produce en un plazo de tiempo prudencial, se verán obligados a llevar al ministerio y a su titular, Alberto Garzón a los tribunales por el “daño continuo” que se le esta realizando al campo y al sector español.
Ningún ministro habla «a título personal» cuando hace declaraciones a la prensa extranjera sobre materias de su competencia. Esta excusa del Gobierno para salvar la cara del ministro de Consumo, Alberto Garzón, no es seria y traslada su responsabilidad política al propio presidente.
Que Garzón afirme que España exporta carne en mal estado -y lo haga en un medio británico- es una deslealtad con el país al que representa, pero también una reincidencia en su torpe fijación contra la industria cárnica.
No basta para compensar el despropósito que representa Garzón con que Pedro Sánchez haga otra gracia similar a la del «chuletón infalible» o que, como ahora, despache las palabras del ministro como dichas a título particular. Si fuera así, nadie se habría hecho eco de lo que dice Garzón; y si tiene eco es precisamente por ser ministro.
La ecuación política a la que se enfrenta Sánchez solo debería resolverse con la destitución fulminante del ministro. Y no solo por ser torpe, sino también por mentir.
Desde que se detectó en los años noventa el llamado ‘mal de las vacas locas’, procedente de Gran Bretaña -el ministro haría bien en tomar nota-, España adoptó muy severas medidas de control y prevención en la industria ganadera, al mismo tiempo que también lo hizo la UE. Y gracias a ellas la carne española tiene los mayores niveles de control sanitario y calidad alimentaria jamás vistos.
Si el ministro Garzón cree que la carne española no tiene buenas condiciones, su obligación política es la discreción y su obligación legal es denunciar las malas prácticas ante la Fiscalía y compartir su información con el Ministerio de Agricultura, que siempre llega tarde a cada excentricidad de Garzón.
Pero como nada de eso ocurre porque es mentira, a Garzón solo le queda el reclamo de llamar la atención desde su irrelevancia. Lo mismo debería hacer por otro lado si tanto le preocupa el maltrato animal, cuyo repudio es generalizado en una sociedad civilizada, pero que se distorsiona por completo como argumento cívico cuando se convierte en un mantra ideologizado de ese ‘animalismo’ tan en boga en ciertos sectores progresistas.
En todo caso, la obligación del ministro sigue siendo la misma: denunciar conductas que están en el Código Penal. Si no lo hace, mejor que se calle a todo título, personal o ministerial.
El problema que exhibe con sus ocurrencias -que cuestan mucho dinero y reputación al sector ganadero- es el de su descolocación. Garzón muestra una obsesión preocupante por ocupar espacio informativo y político, aun a costa de sumar descrédito tras descrédito, y así reclamar un puesto en el movimiento de reorganización de la extrema izquierda que urde Yolanda Díaz.
Después de haber diluido Izquierda Unida en el magma perdedor de Podemos, Garzón se ha transformado en un político perdido y sin credenciales que organiza polémicas absurdas, huelgas de juguetes y menús sin criterio. Es la consecuencia doble de ocupar un ministerio que no tiene fundamento político ni competencial, y de ser un político sin política, sin proyecto, sin ideas.
Pero Garzón, más allá de ser un problema para sí mismo, es una responsabilidad directa de Sánchez, a quien conviene recordar que su condición de jefe del Ejecutivo implica asumir los errores de aquellos a los que mantiene en su confianza y en su puesto.
No, Pedro Sánchez no es un jefe de Estado que interpone a un primer ministro entre él y su Gobierno. Si Alberto Garzón sigue como ministro de Consumo es porque Sánchez quiere. Y no vale argumentar que es cuota de Podemos, porque ni siquiera en ese partido Garzón pinta ya nada, y nadie hará ‘casus belli’ por él.
El fugado en Waterloo, marginado por Aragonés y abandonado por la mitad de Junts, se presta desde Waterloo a la última campaña de blanqueo impulsada por Bildu para los terroristas.
Ninguneado por la nueva Generalitat y marginado por su propio partido, Junts, Carles Puigdemont ha tratado de sortear su ocaso prestándose a la última campaña de blanqueo en favor de los presos etarras.
Puigdemont ha afirmado que los condenados de ETA sufren "vulneraciones de derechos fundamentales" que ninguna sociedad "puede admitir" y ha confiado en que 2022 sea el año en que se consoliden las condiciones para "poder hablar de reconciliación y normalización de la vida política y social en Euskal Herria".
La plataforma Sare de apoyo a los presos de ETA ha dado a conocer en redes sociales un vídeo en el que Puigdemont traslada su apoyo a las movilizaciones que se desarrollarán el próximo 8 de enero en varias localidades de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra para reclamar el fin de la "excepcionalidad" que se, en su opinión, aplica a los reclusos de la banda.
Tras afirmar que la movilización de Sare mantiene visible "lo que algunos querrían que fuera invisible", el prófugo del Tribunal Supremo denuncia así la "vulneración de derechos fundamentales" que, a su juicio, se da contra los presos y que, "por un motivo u otro, deberían estar gozando de libertad, revisión de grado o de simple acercamiento a sus casas y familias".
"Me gustaría estar presente para apoyar la movilización, pero tristemente en España hay algo persistente que es el estado de represión, que nada tiene que ver con justicia y nada tiene que ver con el derecho a libertad democrática que queremos para nuestra Europa, la Europa que queremos construir desde los pueblos", ha insistido, para añadir que cuando se "viola, vulnera y amenaza los derechos de las personas no se construye la Europa de pueblos fraternales y libres".
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, con Pedro Sánchez.
Mientras su secretario general, Pepe Álvarez, da lecciones sobre la reforma laboral, los fiscales vuelven a sacar los colores a su sindicato con la apertura de una nueva investigación.
https://youtu.be/i6ft6eYjmmQ
Otra vez UGT en el ojo del huracán. La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias a raíz de la denuncia presentada por un exdirigente del propio sindicato en relación a la presunta trama corrupta de los fondos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), han informado fuentes fiscales.
Esta denuncia se ha acumulado a otra presentada ante la Policía por el recién dimitido secretario general de UGT Madrid Luis Miguel López Reillo. Tras la dimisión de Reillo, se puso en marcha una gestora presidida por Rafael Espartero, vicesecretario general de organización confederal y policía municipal de Madrid. Fue precisamente la gestora del sindicato la que puso en manos de la Fiscalía de Madrid la documentación facilitada en su denuncia por el exlíder del sindicato.
El desvío de dinero público del presunto entramado se habría situado entre el millón y los dos millones de euros y se habrían creado trabajadores falsos y empresas ficticias para poder desviar los fondos.
Además del personal de la propia UGT, se sospecha que también forman parte de la trama pequeñas entidades bancarias. Los datos aportados centran estas actuaciones en la zona de Getafe.
El exlíder de UGT Madrid recibió hace unas semanas importantes avisos de los analistas económicos cercanos al propio sindicato que habían detectado "descuadres y descontrol absoluto" en las cuestas de gestión de esos fondos, y le recomendaron poner el caso en manos de la autoridades policiales.
De forma paralela, UGT ha abierto una investigación interna con un auditor para determinar "la profundidad" de la estafa y garantizar que el estafado en la trama corrupta es el propio sindicato, dado que se pagaron pagado fondos a trabajadores que no eran receptivos de esos fondos.
