Ningún ministro habla «a título personal» cuando hace declaraciones a la prensa extranjera sobre materias de su competencia. Esta excusa del Gobierno para salvar la cara del ministro de Consumo, Alberto Garzón, no es seria y traslada su responsabilidad política al propio presidente.
Que Garzón afirme que España exporta carne en mal estado -y lo haga en un medio británico- es una deslealtad con el país al que representa, pero también una reincidencia en su torpe fijación contra la industria cárnica.
No basta para compensar el despropósito que representa Garzón con que Pedro Sánchez haga otra gracia similar a la del «chuletón infalible» o que, como ahora, despache las palabras del ministro como dichas a título particular. Si fuera así, nadie se habría hecho eco de lo que dice Garzón; y si tiene eco es precisamente por ser ministro.
La ecuación política a la que se enfrenta Sánchez solo debería resolverse con la destitución fulminante del ministro. Y no solo por ser torpe, sino también por mentir.
Desde que se detectó en los años noventa el llamado ‘mal de las vacas locas’, procedente de Gran Bretaña -el ministro haría bien en tomar nota-, España adoptó muy severas medidas de control y prevención en la industria ganadera, al mismo tiempo que también lo hizo la UE. Y gracias a ellas la carne española tiene los mayores niveles de control sanitario y calidad alimentaria jamás vistos.
Si el ministro Garzón cree que la carne española no tiene buenas condiciones, su obligación política es la discreción y su obligación legal es denunciar las malas prácticas ante la Fiscalía y compartir su información con el Ministerio de Agricultura, que siempre llega tarde a cada excentricidad de Garzón.
Pero como nada de eso ocurre porque es mentira, a Garzón solo le queda el reclamo de llamar la atención desde su irrelevancia. Lo mismo debería hacer por otro lado si tanto le preocupa el maltrato animal, cuyo repudio es generalizado en una sociedad civilizada, pero que se distorsiona por completo como argumento cívico cuando se convierte en un mantra ideologizado de ese ‘animalismo’ tan en boga en ciertos sectores progresistas.
En todo caso, la obligación del ministro sigue siendo la misma: denunciar conductas que están en el Código Penal. Si no lo hace, mejor que se calle a todo título, personal o ministerial.
El problema que exhibe con sus ocurrencias -que cuestan mucho dinero y reputación al sector ganadero- es el de su descolocación. Garzón muestra una obsesión preocupante por ocupar espacio informativo y político, aun a costa de sumar descrédito tras descrédito, y así reclamar un puesto en el movimiento de reorganización de la extrema izquierda que urde Yolanda Díaz.
Después de haber diluido Izquierda Unida en el magma perdedor de Podemos, Garzón se ha transformado en un político perdido y sin credenciales que organiza polémicas absurdas, huelgas de juguetes y menús sin criterio. Es la consecuencia doble de ocupar un ministerio que no tiene fundamento político ni competencial, y de ser un político sin política, sin proyecto, sin ideas.
Pero Garzón, más allá de ser un problema para sí mismo, es una responsabilidad directa de Sánchez, a quien conviene recordar que su condición de jefe del Ejecutivo implica asumir los errores de aquellos a los que mantiene en su confianza y en su puesto.
No, Pedro Sánchez no es un jefe de Estado que interpone a un primer ministro entre él y su Gobierno. Si Alberto Garzón sigue como ministro de Consumo es porque Sánchez quiere. Y no vale argumentar que es cuota de Podemos, porque ni siquiera en ese partido Garzón pinta ya nada, y nadie hará ‘casus belli’ por él.
ABC
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