Avicena o Ibn Siná (como fue llamado en persa y en árabe) nació en el año 980 en Afshana (provincia de Jorasán, actualmente en Uzbekistán). Cuando tan sólo contaba con 17 años ya gozaba de fama como médico por salvar la vida del emir Nuh ibn Mansur. Puede ser considerado el inventor de la traqueotomía, cuyo manual operatorio sería precisado por el célebre cirujano árabe Abū el-Kasis de Córdoba.
Libros: El canon de medicina, El libro de la curación, Poema de la medicina
“El Presidente de gobierno tiene que ser una persona decente, señor Rajoy, y usted no lo es”.
La frase, la recordaran todos, se la dijo Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en un debate electoral el día 14 de diciembre del año 2015 y hoy, casi tres años después sería legítimo que alguien se la repitiera al actual presidente del gobierno para que tomase nota de que, según sus propias palabras cuando se está en ese cargo hay que ser decente.
La decencia es una virtud no solo aplicable y exigible al gobernante para que no tolere la corrupción económica, ni mire para otro lado cuando en su partido hay gente que roba y es procesada y condenada por esos delitos como le sucedió al Partido Popular y al anterior presidente del gobierno.
La decencia tiene que ver también con valores éticos como son la verdad, la lealtad al cargo que se ocupa, el respeto a la ley y a las promesas que se hicieron de cumplirla y hacerla cumplir. La decencia en un gobernante exige trabajar por el bien común y no por el beneficio particular. La decencia en un presidente de gobierno implica mantener la palabra dada, defender el estado de derecho, proteger a los jueces de los ataques de los golpistas, no pactar con ellos concesiones que van contra la unidad de España cuando cada día sus dirigentes sostienen en público que continúan con su ruta unilateral de seguir incumpliendo las leyes para proclamar la república catalana.
En tratándose de este asunto medular la cuestión no es ser de izquierdas o de derechas, sino ser decente o indecente cuando se ostenta ese cargo principal en una nación soberana.
Desde un partido político se puede decir lo que se desee y defender lo que entiendan que se adecúa a su ideología por más que sus planteamientos repugnen a un sector de la población, porque serán los ciudadanos los que en unas elecciones decidirán apoyar o no cualquiera de las propuestas que lleven en su programa, pero cuando uno es presidente de gobierno está sometido a unas reglas marcadas por la ley.
La orden del ejecutivo de Pedro Sánchez a la abogacía del estado, que depende directamente del Ministerio de Justicia y por tanto tiene obediencia jerárquica a su titular, para que rebaje la petición de pena y su calificación de rebelión a sedición se contradice con la convicción rotunda que demostró en una entrevista en televisión al decir que estaba convencido de que los dirigentes catalanes incurrieron supuestamente en un delito de rebelión el día uno de octubre del pasado año.
Es cierto en vivimos en una sociedad en la que cuando un dirigente de un partido político miente, incumple sus promesas, se trasviste según conveniencias o estrategias, maquilla su pasado y oculta sus vergüenzas, sigue teniendo el apoyo electoral de su cuadra, porque la clave que condiciona la decisión de los votantes en la mayoría de los casos es la fidelidad a las siglas, independientemente del comportamiento de sus dirigentes.
Por eso no creo que su diletante y veleidoso comportamiento político le pase factura a Pedro Sánchez, porque trabaja en un oficio en el que entre ellos saben cómo perdonarse a sí mismos sus excesos y sus comportamientos inmorales.
En su indisimulado afán por complacer las demandas de los independentistas, el Gobierno podría cruzar una peligrosa línea roja que amenaza con violentar la independencia del Poder Judicial y poner en cuestión la división de poderes, inquebrantable principio de todo Estado de derecho. Descartada por burda y antidemocrática la presión directa sobre la Fiscalía General para que impusiera directrices políticas a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo y utilizando como ariete a la Abogacía del Estado, el Gobierno pretende cuestionar la instrucción del juez Llarena, construida sobre la base de que los encausados en el procés cometieron un delito de rebelión, que implica el uso de la violencia para «declarar la independencia de una parte del territorio nacional», como señala el artículo 472 del Código Penal.
Además, con esta decisión el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la reprobada ministra de Justicia Dolores Delgado, estaría cuestionando la posición que durante la fase de instrucción ha mantenido firmemente la Fiscalía del Supremo, que nunca ha dudado de que los sucesos de septiembre y octubre del año pasado son constitutivos de un claro delito de rebelión para subvertir el orden constitucional, una postura que defenderá en el escrito de acusación que va a presentar este viernes en el Tribunal Supremo. El proyecto de acusación que el Gobierno encargó a los abogados del Estado opta, sin embargo, por descartar que hubiera violencia y se decanta por acotar la acusación a los delitos de malversación y sedición, que supondrían, de confirmarse en el juicio oral, penas menores para los acusados que las que contempla el delito de rebelión.
La decisión del Gobierno solo puede ser entendida como una claudicación ante el independentismo y el pago de una hipoteca. En primer lugar, porque antes de llegar a La Moncloa aupado por los votos del separatismo, Sánchez había declarado en varios medios de comunicación su convicción de que los políticos separatistas procesados habían incurrido en un claro delito de rebelión. Y en segundo lugar porque habitualmente la Abogacía del Estado se limita a defender los intereses económicos de la Administración, por lo que suele acotar sus acusaciones a los delitos de malversación. Por tanto, es doble la irresponsabilidad en la que conscientemente incurre el Gobierno de Sánchez, pagando un peaje ante el Govern rebelde de Cataluña y dando argumentos a determinados tribunales extranjeros que han intentado socavar la credibilidad del juez Llarena y con ella la del Poder Judicial español. Sánchez y Delgado están aún a tiempo de rectificar y ordenar a la Abogacía del Estado que limite su acusación a la malversación y evite un conflicto impropio de una democracia avanzada y moderna.
«La novela histórica, la buena, exige un notable esfuerzo de documentación acerca de los modos de vida de las gentes de una determinada época. Ha de conocerse el aspecto de las ciudades, los medios de transporte, la indumentaria, la gastronomía, las diversiones o las creencias. En palabras de don Juan Valera requieren de “una gran precisión arqueológica”»
Hace poco más de doscientos años, en 1814, Walter Scott publicaba Waverley. Está considerada como la primera novela histórica, al no poder encuadrarse como tales ciertos títulos aparecidos en el siglo XVIII, caso de Los Incas, de Jean Françoise Marmontel; El castillo de Otranto, de Horace Walpole, o de El Rodrigo, de Pedro de Montegón. A diferencia de la obra de Walter Scott, la pretensión de sus autores no era conducir al lector hacia un acontecimiento histórico, un personaje o incluso una época pasada. Fueron escritas con un propósito moral o ético, encaminado, según las pautas de los ilustrados dieciochescos, a aleccionar, educar o poner de manifiesto valores considerados por sus autores como necesarios para el mejoramiento de la sociedad, y contaban una historia donde el vicio era castigado y la virtud premiada.
Waverley nacía en el momento de la eclosión del Romanticismo, cuando muchos contemporáneos volvían sus ojos hacia el pasado -principalmente a los siglos de la Edad Media-, buscando unos valores que ahora periclitaban. En cierto modo, la novela histórica nacía como una forma literaria de evadirse de una realidad marcada por las pautas de una burguesía que imponía sus principios al socaire de la naciente revolución industrial. En ese ambiente aparece Waverley firmada con un seudónimo: «El Mago del Norte». Walter Scott temía que su nombre de reputado poeta -la poesía era el género literario que daba lustre a los escritores de la época- quedase en entredicho con aquella novela. El autor había escogido como asunto de su obra el levantamiento jacobita de los clanes escoceses contra los ingleses en 1745, y en ese ambiente el protagonista, Waverley, abogará por el entendimiento entre ambos pueblos en medio de la discordia. La crítica la recibió con hostilidad o, en el mejor de los casos, con una fría indiferencia. Por el contrario, el éxito entre los lectores fue extraordinario. Tanto que su autor se vio obligado a desvelar quién estaba detrás del seudónimo e iniciar la publicación de la serie de aventuras de Ivanhoe. Todas ellas impregnadas de un fondo de nostalgia caballeresca que permitía a sus lectores evadirse de la realidad de su tiempo, bastante más prosaica que el atractivo, misterioso y fascinante mundo medieval.
Su éxito traspasó rápidamente fronteras y en los años siguientes aparecieron novelas como Los Novios (1823). de Alessandro Manzoni; Cinq Mars (1826), de Alfred de Vigny, o El último mohicano (1826), de Fenimoore Cooper. En 1831, Víctor Hugo daba a la estampa Nuestra Señora de París, ambientada en el París medieval y con una acción que discurre en torno a su catedral de Notre Dame, muy dañada por los revolucionarios franceses. El éxito entre los lectores fue tan arrollador que impulsó la reconstrucción del templo de la mano de Violet le Duc. La crítica le dedicó epítetos muy negativos. En España el nacimiento de la novela histórica se vivió con la particularidad a que obligaba la situación política del reinado de Fernando VII, que cercenaba cualquier posibilidad de libertad de expresión. Nuestra primera novela histórica, publicada en 1823, vio la luz fuera de España. Se trataba de Ramiro, conde de Lucena, escrita por Rafael Húmara, vio la luz en París y está dedicada a la conquista de Sevilla por Fernando III. Tres años más tarde, se publicó en Filadelfia Jicotencal sobre la conquista de México por Hernán Cortés. Incluso se produjo la circunstancia de que algunas novelas aparecieron en inglés, escritas por liberales exiliados, como es el caso de Vargas, de José María Blanco White o Gomez Arias or de Moor of the Alpujarras, de Telésforo de Trueba y Cossio, publicadas en Londres.
Hubo quien ligó la novela histórica al romanticismo y entendieron que con su desaparición también llegaría su defunción. Así lo creía, por ejemplo, doña Emilia Pardo Bazán que la declaró fenecida en La cuestión palpitante. Por el contrario, como fue el caso de don Juan Valera, hubo quien sostuvo que no moriría nunca y señalaron que para cultivarla era necesaria mucha preparación y un notable trabajo previo. Según Valera en Apuntes del arte nuevo de escribir novelas, la novela histórica requería de «gran precisión arqueológica».
Los Episodios Nacionales, de don Benito Pérez Galdós; Salambó, de Flaubert; Quo Vadis?, de Henryk Sienquiewicz; Sinuhé el egipcio, de Mika Waltari; Yo, Claudio, de Robert Graves; Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar; Juliano el Apóstata, de Gore Vidal; El nombre de la Rosa, de Humbreto Eco; El hereje, de Miguel Delibes; En busca del Unicornio, de Juan Eslava Galán, o El Cid, de José Luis Corral, jalonan décadas, más allá de los límites cronológicos del romanticismo, de espléndidas novelas históricas que llegan hasta nuestros días y vienen a dar la razón al escritor egabrense.
La novela histórica ha de responder a unos requisitos que, en modo alguno suponen un obstáculo para la creatividad de sus autores. En ella se ofrecen situaciones referidas a los personajes o los acontecimientos de la época en que se enmarcan o se construyen diálogos donde queda reflejada esa época. Responden a lo que Georg Luckáks, en su ensayo La forma clásica de la novela histórica, consideraba su característica principal: la verosimilitud. Al novelista no se le puede ni se le debe demandar el rigor a que está obligado el historiador; sin embargo, ha de exigírsele verosimilitud y capacidad para ambientar acontecimientos y personajes, según el momento histórico elegido. Luckács señalaba que en estas novelas los acontecimientos históricos, si se recurre a ellos, no pueden alterarse, pero los personajes pueden ser ficticios y responder a la creatividad de sus autores. Así ocurre con Renzo Tramaglino y Lucia Mondella en Los Novios; con Quasimodo y Esmeralda en Nuestra Señora de París o con Spendios y Matho en Salambó.
La novela histórica, la buena novela histórica, exige un notable esfuerzo de documentación acerca de los modos de vida de las gentes de una determinada época. Ha de conocerse el aspecto de las ciudades, sus viviendas, los caminos, los medios de transporte, el sistema monetario imperante, el valor del dinero, la indumentaria, la gastronomía, las diversiones o las creencias. En palabras de don Juan Valera requieren de «una gran precisión arqueológica».
Resulta llamativo que a lo largo de estos doscientos años -un curioso fenómeno de pervivencia literaria no compartido por otra clase de novelas-, la novela histórica ha tenido una acogida muy favorable entre los lectores, al tiempo que la crítica la ha rechazado o acogido con frialdad. Ese éxito entre los lectores nos lleva al terreno del interés que despierta la Historia entre el gran público y que revela en nuestro país el éxito de las revistas de divulgación histórica o de las series de televisión. Los historiadores españoles, en gran parte poco aficionados a la divulgación, no han sabido, al menos hasta fecha muy reciente, dar respuesta a ese interés. Muchos lectores a lo largo de estos dos siglos han buscado y buscan en la novela histórica acercarse al conocimiento del pasado que, al fin y al cabo, es el objeto de la Historia, aunque la novela histórica no sea Historia, si bien para ser considerada como tal ha de cumplir unos requisitos que no todas las novelas señaladas como históricas los tienen.
Su éxito entre los lectores debería hacer reflexionar a algunos historiadores sobre el valor que pueden tener para acercar al conocimiento del pasado, en lugar de despreciarlas o rechazarlas de plano.
José Calvo Poyato es Doctor en Historia y escritor
El Gobierno ha forzado a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los presos golpistas. La decisión del Ministerio de Justicia que dirige Dolores Delgado ha sido acusar por el delito de sedición, que aunque conlleva penas elevadas son siempre inferiores a las de la rebelión, y por malversación, según publican varios medios.
La decisión supone que en el juicio del 1-O la Abogacía sostendrá que nunca llegó a haber episodios de violencia suficientes como para acusar por rebelión. Las penas que pide este órgano del Ministerio de Justicia suman un mínimo de 14 años.
Por contra, el escrito de la Fiscalía sostendrá la rebelión y la malversación. A lo largo de la fase de instrucción, la Abogacía del Estado había respaldado siempre la tesis del Ministerio Público de que sí se habían producido episodios de violencia como para justificar la acusación más grave. El pasado mes de agosto la Abogacía pidió al Supremo que diera por concluida la investigación y llevase el caso a juicio por rebelión, malversación y desobediencia.
No obstante, en las últimas semanas, el presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, han sugerido que no estaban de acuerdo con la imputación de rebelión porque entienden que para que exista ese delito tendría que haber existido violencia. Según publica El País, el núcleo duro del Gobierno se reunió el pasado lunes en La Moncloa. Allí fue donde decidieron trasladar la orden política a la Abogacía del Estado al respecto.
El escrito sobre Trapero también se conocerán este viernes
En la causa contra el Major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, la intendente Teresa Laplana y los exjefes políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig, el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que también se conocerá este viernes revelará si se les pide penas por los delitos por los que fueron procesados -sedición y organización criminal- o esta petición se agrava también hasta la rebelión.
Por lo que se refiere a la causa del Supremo, el texto que ultiman los fiscales Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza apuesta por calificar lo ocurrido como rebelión, al entender que los hechos encajan en esta previsión del Código Penal al existir la violencia que exige el tipo, han señalado fuentes del Ministerio Público. Esta violencia la ve claramente la acusación pública tanto en la concentración ante la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017 como en los hechos del 1-O, señalan fuentes del Ministerio Público.
La aplicación de estas penas más altas obedece, según esta valoración de la Fiscalía, a la integración del delito de malversación de caudales públicos en el principal de rebelión, lo que obliga a aplicar las penas agravadas. No obstante, la petición de cárcel para los líderes separatistas podrán verse finalmente rebajada una vez se celebre el juicio, en el turno de conclusiones definitivas, según señalan las mismas fuentes.
EL MUNDO
