jueves, 7 de noviembre de 2013

Andalucía limitará los movimientos bancarios a los enfermos terminales

Susana Díaz quiere impedir que los andaluces que vayan a morir "previsiblemente" en el plazo de un año dispongan de su dinero.

Foto:Susana Díaz,presidenta de la junta de Andalucía.
Se trata, según la Junta, de luchar contra el fraude fiscal, pero en la práctica quiere impedir que los andaluces que vayan a morir "previsiblemente" en el plazo de un año dispongan del dinero de sus cuentas bancarias. El nuevo proyecto de Ley fue admitido ayer a trámite por el Consejo de Gobierno que preside Susana Díaz y dice pretender que se impida eludir el pago del impuesto de Sucesiones en los casos de "fallecimiento previsible con anterioridad".
Según la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero, se han detectado situaciones en las que se han hecho "operaciones en los depósitos bancarios" de la persona a punto de morir hacia "las cuentas de sus familiares" con objeto de "evitar el pago de dicho impuesto". Dicha medida imposibilitará, por tanto, realizar operaciones en los depósitos bancarios que puedan ser señal de un desvío del dinero para eludir la tasa fiscal.

En la referencia oficial, la Junta lo explica de este modo: "En la modalidad de Sucesiones, se incrementa la capacidad de la administración para acceder a los movimientos bancarios de los herederos ya que, en casos de fallecimiento previsible con anterioridad, se han detectado operaciones o movimientos en los depósitos bancarios con objeto de eludir el pago de ese impuesto. Ahora, la persona beneficiaria tendrá que aportar una acreditación emitida por la entidad financiera en la que aparezca el saldo en el momento de fallecimiento, pero también los movimientos efectuados en el plazo de un año previo a esta situación, así como el número de titulares de la cuenta."

Además, se perseguirá el fraude relacionado con la donación de dinero de padres a hijos para comprar la vivienda habitual. "En muchas ocasiones se encubre la transmisión de la propia vivienda del progenitor", de tal manera que también elude el impuesto de Sucesiones. Para evitarlo, se exigirá que el donatario habite el inmueble adquirido durante al menos tres años. La medida prohíbe el pago en metálico de todas las transmisiones, adquisiciones o donaciones, con el objeto de facilitar el control posterior de los pagos.
Téngase en cuenta que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es meramente simbólico en nueve comunidades, en el resto no existe pero en Andalucía, según el PP, ha llegado al 36,5 por ciento perjudicando gravemente a la pequeña y mediana empresa en Andalucía.



326 millones de euros aportó Sucesiones

Según el grupo Joly, la Junta y sus agencias administrativas recaudaron 13.245 millones en el ejercicio 2011. El tramo autonómico del IRPF reportó 4.617 millones; el IVA otros 4.076; los Impuestos Especiales de Fabricación 2.247; y Transmisiones Patrimoniales 677. Sucesiones y Donaciones aparece entre los tributos de clase media yaportó a las arcas andaluzas 326 millones, un 5,49% más que en 2010 y el 2,46% del total. Parece un monto discreto comparado con el rendimiento de los grandes imanes del euro, pero no lo es tanto.

Con esos 326 millones se cubre el presupuesto para 2012 del Instituto Andaluz de la Juventud (39,4 millones), el de la Mujer (34,5) y el de Enseñanzas Artísticas Superiores (1,5); de los consejos Audiovisual (5,9) y Consultivo (3,8); de la Agencia de Evaluación Educativa (5) o de la de Defensa de la Competencia (3,5). Incluso así sobrarían 232 millones.

miércoles, 6 de noviembre de 2013

Detectado en España el primer caso del nuevo coronavirus

Una mujer nacida en Marruecos y residente en España que viajó a Arabia Saudí es la primera enferma en España por el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Próximo, informó el miércoles el Ministerio de Sanidad, que destacó que la mujer se encuentra en situación favorable y estable en un hospital madrileño.
La paciente fue ingresada el pasado 1 de noviembre tras permanecer en el reino wahabí en octubre, y las muestras analizadas en el Centro Nacional de Microbiología han dado positivas por el coronavirus MERS (por sus siglas en inglés), informó el ministerio en un comunicado.
"Un caso importado, en el que se han establecido todas estas medidas, no supone riesgo para la salud pública en España", dijo Sanidad, que agregó que junto con la Comunidad de Madrid están procediendo a identificar a todos los contactos estrechos de la paciente.
El coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio fue identificado en 2012 en Arabia Saudí y hasta la fecha se han notificado 150 casos confirmados, 125 de ellos en el reino de la península Arábiga. De ellos, han fallecido 63, según la Organización Mundial de la Salud.
El resto de casos se han registrado en cuatro países de Oriente Próximo - Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán -, mientras que en Europa se han registrado casos importados de esta zona en Reino Unido (dos casos), Alemania (dos casos), Francia (un caso) e Italia (un caso).
La mayoría de las personas afectadas presenta enfermedad respiratoria aguda con síntomas de fiebre, tos y dificultad respiratoria.
La mujer se encuentra ingresada en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid, donde se han tomado todas las medidas sobre el caso.
Siguiendo lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional, el ministerio lo ha notificado a la OMS, así como a la red europea de alerta rápida, con los que se mantiene un estrecho seguimiento de la situación.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dispone de una página web con información sobre el coronavirus, que no se había desarrollado en humanos hasta   esteaño: http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/corVir.htm.
El virus, que es de la misma familia que el que causó un brote mortal del síndrome respiratorio agudo grave SARS en 2002, habría sido originado en murciélagos. Un estudio publicado en agosto encontró pruebas de que se extendió a través de dromedarios en Oriente Próximo.

La Junta da tres meses a UGT para justificar las 'comilonas'

  • Pone en marcha la revisión al no aportar el sindicato toda la documentación

    También abre una investigación a CCOO por pagar sueldos con subvenciones

    La Junta ha dado a UGT-A tres meses para que justifique el uso correcto de algunas ayudas recibidas, después de que el sindicato no haya aportado en plazo toda la documentación que se le requirió. La Administración autonómica también ha puesto ya la lupa sobre las subvenciones a CCOO-A.
    EL MUNDO viene publicando desde el pasado mes de agosto documentos que demuestran que UGT-A maquilló facturas para imputar a programas subvencionados por la Junta gastos de funcionamiento de este sindicato, como las cenas anuales con barra libre en la Feria de Abril de Sevilla. De momento, la organización que lidera Francisco Fernández Sevilla ya ha tenido que devolver 25.000 euros.
    Ahora la Junta da un paso más. El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, anunció ayer que la Administración autonómica ha abierto un procedimiento de revisión de oficio a UGT en relación a «dos expedientes de años completos» al juzgar insuficiente el funcionario instructor la documentación entregada en el procedimiento informativo previo. Jiménez Barrios no supo precisar cuál es el montante económico objeto de revisión ni la naturaleza de los justificantes que se han echado en falta.
    Invocando la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el titular de Presidencia detalló que el sindicato tendrá tres meses -a contar desde el 16 de octubre, cuando acabó el plazo inicialmente concedido a fin de que acreditara el gasto- para aportar los justificantes correspondientes antes de que los servicios jurídicos de la Junta elaboren el dictamen y se dé traslado al Consejo Consultivo. Entonces se determinará si UGT ha de devolver dinero por destinar fondos públicos a fines indebidos.
    El número tres del Ejecutivo andaluz podría haber incurrido en un lapsus linguae al cifrar en tres meses el plazo que tiene el sindicato para presentar la documentación, puesto que la Ley de Procedimiento Administrativo -en su artículo 112- fija entre 10 y 15 días el plazo para que el interesado presente los documentos y justificantes pertinentes.

    De momento, las dos únicas facturas devueltas por UGT a la Junta derivan de dos informaciones reveladas por EL MUNDO. Así, el pasado 23 de agosto este diario desveló que los 11.499,10 euros de la macroasamblea celebrada en Sevilla el 21 de enero de 2011 por delegados tanto ugetistas como de CCOO se emitió con cargo a «publicidad servicio de asesoramiento jurídico y defensa procesal a mujeres en caso de discriminación laboral por razón de sexo». El mismo día, la Consejería de Presidencia reconoció expresamente que el sindicato le había engañado adjuntando a la factura «ejemplares de folletos impresos que publicitan el servicio de defensa legal».
    Días después, concretamente el 26 de agosto, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo puso en marcha un procedimiento informativo después de que EL MUNDO de Andalucía detallara que los 12.716,23 euros gastados por el sindicato en la cena con barra libre de la Feria de Abril de 2010 se cargaron a ayudas para la negociación colectiva.

    Sin ir más lejos, en 2010 hubo una segunda factura de feria de 13.775 euros, defendida por el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, porque habría sido para la «copa institucional de trabajo» [sic], aunque se justificó ante la antigua Consejería de Empleo como «comidas reuniones negociación colectiva». Además, este diario ha sacado a la luz más facturas feriantes entre los años 2008 y 2011 que suman 76.514 euros y de las que sólo se ha devuelto el 16 por ciento a las arcas autonómicas.
    Jiménez Barrios dijo que la Administración autonómica ha actuado en este asunto «de forma inmediata, con responsabilidad y transparencia». Preguntado por los periodistas por el hecho de que la Junta no hubiera detectado la imputación a programas subvencionados gastos ajenos a éstos y que haya actuado a raíz de las denuncias de este periódico, el titular de Presidencia eludió pronunciarse: «Vamos a esperar al procedimiento y [entonces] tendremos la oportunidad de ver si han fallado los controles», observó.
    Sea como fuere, el consejero dijo que «no hay que atacar a las centrales sindicales sino pedir clarificación» de las presuntas irregularidades, al tiempo que hizo una «llamada» por lo que «significan para la concertación y para la cohesión social» los sindicatos.
    De otro lado, Jiménez Barrios confirmó que la Junta ha puesto en marcha un procedimiento informativo para determinar si CCOO-A destinó fondos públicos finalistas a sufragar gastos de estructura.
    La actuación de la Administración autonómica se conocía al día siguiente de que este periódico informara de que la organización sindical pagó sueldos de sindicalistas con subvenciones concedidas por la Junta para la formación de desempleados y autónomos.
    Por este motivo, el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias interpuso ayer una denuncia contra el secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, por un presunto delito de falsedad en documento público, malversación de caudales públicos y estafa. 

     

martes, 5 de noviembre de 2013

Cola se niega a etiquetar en catalán pese a las presiones políticas que ha recibido

Respuesta de la multinacional: “España es un mercado único y el idioma oficial es el castellano”. Ofensiva también sobre Nestlé, Danone, Leche Pascual…

Coca Cola se niega en redondo a etiquetar sus productos en catalán, pese a las presiones políticas que está recibiendo procedentes de los sectores del catalanismo más radical. La ofensiva ha ido en aumento tras la última campaña de la compañía incluyendo nombres en las latas de refresco.
Todas las latas de Coca-Cola están rotuladas en castellano.

El artículo 128.1 del Código de Consumo de Cataluña establece que los consumidores tienen derecho a recibir en catalán “las informaciones necesarias para el consumo, uso y manejo adecuados de los bienes y servicios […] y, especialmente, los datos obligatorios relacionados directamente con la salvaguardia de la salud y la seguridad”.
Según ha sabido El Confidencial Digital, este argumento está siendo utilizado en las últimas semanas por varias organizaciones catalanistas, entre las que destaca la Plataforma per la Llengua, para presionar a Coca Cola bajo la acusación de incumplir la normativa.

Desde la Generalitat

También desde el entorno de la Generalitat se ha producido alguna advertencia a la compañía sobre el uso del catalán. ECD se ha puesto en contacto con un portavoz oficial del Govern, pero al cierre de esta edición no había ofrecido ninguna información.
La ofensiva no va solo contra la multinacional de refrescos estadounidense. También está afectando a otras compañías, nacionales y extranjeras, con sede en Barcelona.
Fuentes empresariales catalanas revelan que otras marcas muy conocidas, como Danone, Nestlé y Leche Pascual, también están recibiendo desde hace varios meses presiones para que rotulen en catalán.

La más agresiva

Las fuentes a las que ha tenido acceso este confidencial explican que la campaña contra Coca Cola está siendo la más agresiva.
Las plataformas catalanistas se apoyan en la nueva promoción que ha lanzado este mes de octubre, que incluye en las latas algunos de los nombres propios más comunes de España. Nombres también en catalán.
Concretamente, en la iniciativa aparecen algunos nombres típicos en Cataluña, como Jordi, Anna, Montserrat, Josep… , como un “guiño y acercamiento a los consumidores de esa región con esos nombres”, explica a El Confidencial Digital un portavoz de Coca Cola España.

España es un mercado único

El hecho de que se haya decidido apostar por incluir nombres en catalán no se va a extender al resto de la información que contienen las latas (ingredientes, composición, etc...).
Las fuentes de Coca Cola España consultadas por ECD confirman que la compañía no tiene ninguna intención de traducir su etiquetado al catalán.
El argumento de la multinacional, frente a las presiones políticas que está recibiendo, es contundente. Responde que en España es un mercado único,  y que la rotulación en castellano, el idioma oficial del país, sirve para todos los consumidores en cualquier territorio del Estado español.

La normativa de la UE

En la multinacional se apoyan también en una normativa europea, de mayor rango por tanto que el código catalán citado, para eludir las presiones.
El argumento es que dentro de Europa, en productos de alimentación sólo se puede imponer el etiquetaje en alguna de las lenguas oficiales de la UE. Y el catalán, de momento, no lo es.








lunes, 4 de noviembre de 2013

UGT pidió al portavoz de Facua que modificara tres facturas de 70.000 euros

El correo electrónico deja claro que, a iniciativa de UGT Andalucía, el concepto de los trabajos realizados varía en la factura
El correo electrónico deja claro que, a iniciativa de UGT Andalucía, el concepto de los trabajos realizados varía en la factura

UGT-A endosó a la Junta el coste del diseño y distribución de 193.000 revistas sobre Trabajo y Diálogo Social editadas para el Congreso regional de septiembre de 2009, del que salió reelegido Manuel Pastrana, que volvió a designar a Francisco Fernández, actual máximo responsable del sindicato en Andalucía, como secretario de Organización. La facturación, que ascendió a 69.667,68 euros, la realizó otro de los proveedores habituales de UGT-A, Concepto 19 Comunicación e Imagen, propiedad de Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua. Concepto 19 accedió a cambiar el concepto de las facturas tras pedírselo el sindicato.
UGT-A presentó a la Junta tres facturas el 4 de noviembre de 2009 sobre guías sectoriales, material impreso y publicaciones, con cargo a las subvenciones del VII Acuerdo de Concertación Social. Pero existen otras tres previas, con igual numeración (090401, 090402 y 090403), que hacen referencia a otro concepto: impresión, diseño y «mailing» de la revista Trabajo y Diálogo Social editada especialmente para el Congreso regional de UGT-A de 2009. La suma de las primeras tres y de las que finalmente se presentaron a la Junta es exactamente igual, 69.667,68 euros, aunque repartidas en cantidades diferentes.
Rubén Sánchez se encargó de la gestión de la facturación. El 22 de septiembre de 2009 envió un correo al departamento de compras de UGT-A. Detalló que se habían editado 193.000 revistas para el Congreso, cada una de 64 páginas. Ofreció, asimismo, la posibilidad de emitir tres facturas distintas con el diseño, «mailing» e impresión de la revista o una única. Finalmente, hizo tres. El diseño ascendió a 3.600 euros, el «mailing» a 9.606,45 y la impresión a 56.461,23, más IVA.
¿Qué ocurrió para que en las facturas presentadas a la Junta apareciera otro concepto y otra distribución? Rubén Sánchez, en declaraciones a este periódico, aseguró que el trabajo se hizo y reconoció que desde UGT-A le pidieron que cambiara el concepto –«yo no lo voy a hacer por inspiración divina», deslizó–, aunque no recuerda si la indicación del cambio se la hicieron vía e-mail, como está documentado en otros casos publicados por este periódico, vía telefónica o en persona. «Es imposible que me acuerde. Hace cuatro años», argumentó.
Según el propietario de Concepto 19, hubo una primera propuesta de facturación y después una definitiva atendiendo siempre a los criterios del sindicato. «UGT no me explica cómo son sus programas ni cómo los cargan. Entiendo que hay una primera propuesta de facturación y el cliente me dice que lo haga de otra forma, por programas específicos internos». «Me creo lo que me dice. Si es falso, me habrían engañado». «No me pareció raro», señaló en relación al cambio pedido. «En las formas es totalmente creíble. No se trata de dos conceptos totalmente distintos».
Manos Limpias ya ha presentado una denuncia ante el Juzgado Decano de Sevilla contra Rubén Sánchez por la facturación a UGT-A en 2010 del embolsado, impresión y entrega en correos de 182.000 revistas de Trabajo y Diálogo Social. Este sindicato duda de que Concepto 19 tuviera la infraestructura para hacer este trabajo. La respuesta de Facua se produjo el jueves, día en el que la asociación de consumidores anunció que también llevará a los tribunales a Manos Limpias ante la «obcecada campaña de insultos e imputaciones delictivas contra Facua y Rubén Sánchez, con el único objetivo de desacreditarlos públicamente». Facua responsabiliza también de esta campaña a Ausbanc como instigador de estas acciones de desprestigio.

El PSOE pregunta cómo afecta la Ley de Costas a Córdoba(MANDA HUEVOS)

Antonio Hurtado y Angelina Acosta, dos de los cuatro diputados que firman la pregunta.


El Gobierno responde en el Congreso de los Diputados que la provincia no tiene playa y que por tanto la normativa no afecta al territorio
El PSOE de Córdoba ha dado una vez más muestras de su ignorancia, esta vez se han dejado en evidencia preguntando al Gobierno por la Ley de Costas de Córdoba
Desde el último pueblo de Córdoba al Sur hasta el mar (Benamejí) hay 62 kilómetros. Pese a ello, cuatro diputados del PSOE en el Congreso de los Diputados (Angelina Acosta, Rosa Aguilar, Antonio Hurtado y José Luis Ávalos Meco, que es parlamentario por Valencia) han preguntado por escrito al Gobierno que cómo iba a afectar la Ley de Costas a la provincia de Córdoba. La pregunta está firmada por estos cuatro diputados y presentada a la Mesa del Congreso el pasado 4 de julio. El Gobierno ha tardado tres meses en contestar que Córdoba no tiene playa. El 17 de octubre el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, responde por escrito que “en la provincia de Córdoba no existe zona de Dominio Público Marítimo Terrestre, ni, en consecuencia, concesiones que amparen ocupaciones de dicho Dominio Público”.
No es la primera vez que los diputados socialistas en el Congreso sufren un descuido de estas consecuencias en relación a la Ley de Costas. El PSOE también ha preguntado por cómo le afecta la Ley de Costas a la provincia de Guadalajara, que está más lejos del mar aún que Córdoba. De hecho, en su respuesta el Gobierno es aún más vehemente y asegura que como sus señorías saben “Guadalajara está a más de 300 kilómetros del mar”.
En concreto, los parlamentarios cordobeses realizan la siguiente pregunta:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ábalos Meco, Diputado por Valencia, y doña Rosa Aguilar Rivero, doña María Angelina Costa Palacios y don Antonio Hurtado Zurera, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿Cuántas concesiones que amparen ocupaciones del dominio público marítimo terrestre para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, existen en la provincia de Córdoba?
¿Cuántas concesiones que amparen ocupaciones del dominio público marítimo terrestre para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, existentes en la provincia de Córdoba serán susceptibles de prórroga según la reforma de la Ley de costas actualmente en trámite parlamentario?
¿Cuántas construcciones o instalaciones tienen concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre o se encuentran en la servidumbre de protección en la provincia de Córdoba?
¿Cuántas construcciones o instalaciones sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas han sido legalizadas por razones de interés público en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 en la provincia de Córdoba?
¿Cuántas construcciones o instalaciones situadas en dominio público marítimo-terrestre, sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas tiene constancia que existen en la provincia de Córdoba?
¿Cuántas obras e instalaciones sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas vigente han sido demolidas en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 en la provincia de Córdoba?
¿Cuántas construcciones o instalaciones sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas en vigor, situadas en dominio público marítimo-terrestre en la provincia de Córdoba, podrán ser legalizadas con la entrada en vigor de la reforma de la Ley de costas actualmente en trámite parlamentario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Rosa Aguilar Rivero, María Angelina Costa Palacios y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.
Y ésta es la respuesta del Gobierno:
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Costa Palacios, María Angelina; Aguilar Rivero, Rosa; Ábalos Meco, José Luis y Hurtado Zurera, Antonio (GS).
Respuesta:
En la provincia de Córdoba no existe zona de Dominio Público Marítimo Terrestre, ni, en consecuencia, concesiones que amparen ocupaciones de dicho Dominio Público.
Madrid, 7 de agosto de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

 Con esta demostración de ignorancia, el PSOE ha dejado claro que sus dirigentes no tienen ni idea de España, si ya hemos visto 2 veces como han arruinado España económicamente mostrando que la Economía no es lo suyo, esta vez hemos visto como la Geografía tampoco es una de las cosas que controlen porque hay que recordar que Córdoba tiene la playa a 180 kilómetros.

La deriva del PSOE cada día es más patente, tanto en la educación, en la política, en el sectarismo que desprenden hacia el que piensa diferente…El PSOE debería disolverse y desaparecer.


domingo, 3 de noviembre de 2013

Recortes para todos, menos para los sindicatos

El dinero de la 'concertación' se salva de las rebajas en las cuentas de la Junta

UGT recibirá 2,3 millones y CCOO, otros 2 millones

 

 Hay cuestiones intocables para la Junta de Andalucía. Ni el escándalo de las facturas falsas de UGT y sus juergas en la Feria de Abril de Sevilla a cuenta de la Administración autonómica ni la implicación de los dos sindicatos mayoritarios en el caso de los ERE fraudulentos y las falsas prejubilaciones han hecho reconsiderar al Gobierno de Susana Díaz la ingente cantidad de dinero público que destina anualmente a estas organizaciones.
El Partido Popular ha puesto el grito en el cielo al detectar que el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2014 que acaba de aprobar el Ejecutivo autonómico mantiene intactas las partidas destinadas a los sindicatos UGT y CCOOpara sufragar los programas de la denominada 'concertación social'; precisamente, las que, en muchos casos, han acabado gastándose en fines muy distintos a los que originalmente estaban previstas, como la 'Asamblea Formativa en negociación colectiva' en la que acabó 'camuflada' una fiesta en la caseta de UGT en la Feria de Sevilla de 2009, como EL MUNDO ha demostrado, incluso con pruebas gráficas.
El secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, ha denunciado que, pese a todos estos escándalos, el Gobierno andaluz va a destinar en 2014 un total de 4,4 millones de euros a los sindicatos para mantener la 'concertación'. En concreto, el proyecto de Presupuestos recoge una partida de 2.350.000 euros para UGT y otros 2 millones de euros para CCOO.

«Intocables»

Sanz ha dicho a este periódico que «parece mentira» que, «con todo lo que se ha conocido y a la vista de lo que sigue saliendo» sobre el uso
de dinero público por parte de los sindicatos, la Junta mantenga estas partidas para el año próximo de manera «intocable». Máxime cuando, según el PP, en los Presupuestos andaluces para 2014 el bipartito PSOE-IU ha «traspasado todas las líneas rojas con recortes brutales a la sanidad y la educación públicas y a las políticas de protección social».
El dirigente del PPseñaló que, más allá de la «gravedad» del episodio que supone haber cargado a un programa de empleo el coste de una fiesta en la Feria de Sevilla, está el hecho de que pudiera tratarse de una «práctica habitual» en el uso del dinero público que la Junta destina año tras año a la formación de parados.
Sanz también aprovechó para denunciar el «silencio clamoroso» de la Junta, «que es en definitiva de donde sale el dinero» y que, sin embargo, «parece que ni se sorprende de todos estos escándalos ni puede explicar dónde termina gastándose todo ese dinero».
Sobre si la Junta de Andalucía debería reducir al máximo las subvenciones que reciben los sindicatos año tras año o si éstos deberían financiarse exclusivamente por sus propios medios, José Luis Sanz se mostró más prudente. «No sé sí los sindicatos deberían financiarse únicamente con las cuotas de sus afiliados, pero lo que sí tengo claro -aseguró- es que, desde el momento en que se nutren de dinero público de las Administraciones, sea mucho o poco, se les tiene que exigir un control absoluto y riguroso sobre el mismo».