La Junta da tres meses a UGT para justificar las 'comilonas'

• Pone en marcha la revisión al no aportar el sindicato toda la documentación

  También abre una investigación a CCOO por pagar sueldos con subvenciones

  La Junta ha dado a UGT-A tres meses para que justifique el uso correcto de algunas ayudas recibidas, después de que el sindicato no haya aportado en plazo toda la documentación que se le requirió. La Administración autonómica también ha puesto ya la lupa sobre las subvenciones a CCOO-A.
  EL MUNDO viene publicando desde el pasado mes de agosto documentos que demuestran que UGT-A maquilló facturas para imputar a programas subvencionados por la Junta gastos de funcionamiento de este sindicato, como las cenas anuales con barra libre en la Feria de Abril de Sevilla. De momento, la organización que lidera Francisco Fernández Sevilla ya ha tenido que devolver 25.000 euros.
  Ahora la Junta da un paso más. El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, anunció ayer que la Administración autonómica ha abierto un procedimiento de revisión de oficio a UGT en relación a «dos expedientes de años completos» al juzgar insuficiente el funcionario instructor la documentación entregada en el procedimiento informativo previo. Jiménez Barrios no supo precisar cuál es el montante económico objeto de revisión ni la naturaleza de los justificantes que se han echado en falta.
  Invocando la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el titular de Presidencia detalló que el sindicato tendrá tres meses -a contar desde el 16 de octubre, cuando acabó el plazo inicialmente concedido a fin de que acreditara el gasto- para aportar los justificantes correspondientes antes de que los servicios jurídicos de la Junta elaboren el dictamen y se dé traslado al Consejo Consultivo. Entonces se determinará si UGT ha de devolver dinero por destinar fondos públicos a fines indebidos.
  El número tres del Ejecutivo andaluz podría haber incurrido en un lapsus linguae al cifrar en tres meses el plazo que tiene el sindicato para presentar la documentación, puesto que la Ley de Procedimiento Administrativo -en su artículo 112- fija entre 10 y 15 días el plazo para que el interesado presente los documentos y justificantes pertinentes.
  

  
  

  De momento, las dos únicas facturas devueltas por UGT a la Junta derivan de dos informaciones reveladas por EL MUNDO. Así, el pasado 23 de agosto este diario desveló que los 11.499,10 euros de la macroasamblea celebrada en Sevilla el 21 de enero de 2011 por delegados tanto ugetistas como de CCOO se emitió con cargo a «publicidad servicio de asesoramiento jurídico y defensa procesal a mujeres en caso de discriminación laboral por razón de sexo». El mismo día, la Consejería de Presidencia reconoció expresamente que el sindicato le había engañado adjuntando a la factura «ejemplares de folletos impresos que publicitan el servicio de defensa legal».
  Días después, concretamente el 26 de agosto, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo puso en marcha un procedimiento informativo después de que EL MUNDO de Andalucía detallara que los 12.716,23 euros gastados por el sindicato en la cena con barra libre de la Feria de Abril de 2010 se cargaron a ayudas para la negociación colectiva.
  
  Sin ir más lejos, en 2010 hubo una segunda factura de feria de 13.775 euros, defendida por el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, porque habría sido para la «copa institucional de trabajo» [sic], aunque se justificó ante la antigua Consejería de Empleo como «comidas reuniones negociación colectiva». Además, este diario ha sacado a la luz más facturas feriantes entre los años 2008 y 2011 que suman 76.514 euros y de las que sólo se ha devuelto el 16 por ciento a las arcas autonómicas.
  Jiménez Barrios dijo que la Administración autonómica ha actuado en este asunto «de forma inmediata, con responsabilidad y transparencia». Preguntado por los periodistas por el hecho de que la Junta no hubiera detectado la imputación a programas subvencionados gastos ajenos a éstos y que haya actuado a raíz de las denuncias de este periódico, el titular de Presidencia eludió pronunciarse: «Vamos a esperar al procedimiento y [entonces] tendremos la oportunidad de ver si han fallado los controles», observó.
  Sea como fuere, el consejero dijo que «no hay que atacar a las centrales sindicales sino pedir clarificación» de las presuntas irregularidades, al tiempo que hizo una «llamada» por lo que «significan para la concertación y para la cohesión social» los sindicatos.
  De otro lado, Jiménez Barrios confirmó que la Junta ha puesto en marcha un procedimiento informativo para determinar si CCOO-A destinó fondos públicos finalistas a sufragar gastos de estructura.
  La actuación de la Administración autonómica se conocía al día siguiente de que este periódico informara de que la organización sindical pagó sueldos de sindicalistas con subvenciones concedidas por la Junta para la formación de desempleados y autónomos.
  Por este motivo, el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias interpuso ayer una denuncia contra el secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, por un presunto delito de falsedad en documento público, malversación de caudales públicos y estafa.