domingo, 3 de junio de 2012

Los socialistas piden que la Iglesia pague el IBI en ciudades donde el PSOE no lo paga

Posted: 02 Jun 2012 10:25 AM PDT
La semana pasada Rubalcaba anunció su nueva campaña contra la Iglesia Católica, mediante la cual pretendía exigirle el pago del IBI, despreciando sus obras sociales -que tanto bien hacen a los españoles que se han visto arruinados por la pésima gestión del gobierno de Zapatero- y discriminando a esa institución frente a otras entidades sin ánimo de lucro. Lo más interesante es que la campaña del PSOE ha servido para comprobar que no paga el IBI en localidades en las que ha tenido la desvergüenza de exigírselo a la Iglesia.
Pide que la Iglesia pague el IBI días después de pedir que se exima al PSOE
Los problemas para el PSOE empezaron ya el 24 de mayo en Aranjuez. Piedad Roldán, Segunda Teniente de Alcalde y Concejal de Hacienda en esa localidad madrileña, recordó que de la exención del IBI se benefician también los partidos políticos y afirmó que el PSOE había pedido esa exención la semana anterior a la presentación de su moción contra la Iglesia.
El pasado miércoles el PSOE presentaba su moción en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para pedir que la Iglesia Católica pagase el IBI. Según informa la web de ese municipio madrileño, el portavoz del gobierno local, José Luis Navarro, denunció que el PSOE “tiene la desvergüenza de exigir a ONGs como Cáritas el pago del IBI mientras acaba de pedir al Ayuntamiento de Torrejón que le exima del mismo en aplicación de la misma ley que quiere suprimir”. La web del Ayuntamiento señala a propósito del IBI que los socialistas “llevan varios años sin pagarlo al Ayuntamiento de Torrejón al acogerse a la Ley de Entidades sin ánimo de lucro, no abonando concretamente este año al Ayuntamiento 865,23 euros del IBI correspondiente a su sede ubicada en la calle Juan XXIII de la localidad”.
Fue la dirección del PSOE la que autorizó a pedir la exención del IBI
El jueves, el diario La Razón desvelaba hasta qué punto ha obrado de mala fe la dirección federal del PSOE. En Majadahonda pasó lo mismo que en Torrejón: el portavoz socialista en esa localidad madrileña reconoció que la dirección federal les había autorizado a solicitar la exención del IBI en aquellos casos en los que la agrupación estuviera sumida en problemas económicos, algo muy habitual después del descalabro electoral sufrido por el PSOE el año pasado, primero en las Elecciones Municipales y Autonómicas de mayo, y después en las Elecciones Generales de noviembre. En consecuencia, el Ayuntamiento de Majadahonda eximió al PSOE de ese impuesto, por lo que no paga el IBI por su sede de la Plaza Mayor. Eso no impidió al PSOE presentar el pasado miércoles su moción sobre el IBI de la Iglesia.
El PSOE pidió en Zamora y Ciempozuelos la exención retroactiva del IBI
El viernes le tocaba el turno a Zamora. Al ir a presentar su moción a favor de que la Iglesia sea discrimada en la exención del IBI frente a otras entidades sin ánimo de lucro, los socialistas se encontraron con esta petición del gobierno local: que el PSOE “pague el IBI de su sede antes de exigirle el pago a la Iglesia”. Y es que como señaló el concejal de Economía, Manuel Roncero, “los socialistas carecen de legitimidad moral y política para pedir que la Iglesia Católica pague el IBI cuando ellos se están beneficiando de esa exención y no están pagando al Ayuntamiento el impuesto por su sede“. Es más: según apunta La Opinión de Zamora citando al gobierno local, el PSOE “ha solicitado con carácter retroactivo la exención de este impuesto”, lo que ya es el colmo de la desfachatez. Idéntica situación se ha dado en la localidad madrileña de Ciempozuelos, donde el PP ha revelado que el PSOE no sólo no paga el IBI por su sede, sino que además ha solicitado la exención retroactiva.
Ayer La Razón también apuntaba que el PSOE y su rama catalana, el PSC, tampoco pagan el IBI en sus sedes de Leganés (Madrid), Gerona y Casteldefels (Barcelona) desde hace dos años. A pesar de ello los socialistas de Leganés han presentado la moción contra la Iglesia.
La insolidaridad del PSOE de Alcorcón, donde tampoco paga el IBI
Hoy mismo el Alcalde de Alcorcón, David Pérez, recuerda que en esa localidad madrileña “el PSOE no paga IBI, mientras Cáritas atiende a medio millar de familias, una labor social que vale mucho más de lo que significaría este pago”. Pérez señala, además, que ésta no es la primera muestra de insolidaridad del PSOE en Alcorcón: “Recientemente el PP propuso eliminar la subvención a los partidos, porque entendíamos que mientras no se pagara la deuda que dejó el PSOE a las ONG, de 700.000 euros, era inmoral que los partidos sí cobráramos. El PSOE votó en contra. Ellos no pagaban a nadie, pero querían su dinerito. Lo quitamos igualmente.”
La dirección del PSOE pidió la exención del IBI para su sede de Ferraz
Ayer el diario La Razón también desvela que el PSOE solicitó la exención del IBI de su sede nacional en la calle Ferraz, en Madrid. Ante la negativa del Ayuntamiento de la capital, los socialistas recurrieron al Ministerio de Hacienda, entonces en manos del PSOE, que sí consideró que se podía establecer una analogía entre un partido y una entidad sin ánimo de lucro y elaboró un informe favorable. De hecho, como señalaba Montse Doval hace unos días en su blog, la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos establece en su Articulo 9.2: “En lo no previsto en este título se aplicarán las normas tributarias generales y en particular, las previstas para las entidades sin fines lucrativos”. Esto es lo que permite a los partidos acogerse a la Ley 49/2002, o Ley de Mecenazgo, cuyo Artículo 15.1 establece: “Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades.” Es decir, que con la ley en la mano, el Ayuntamiento de Madrid obró de forma incorrecta al no conceder esa exención.

La Guardia Civil desenmascara al Comando ERE‏

sábado, 2 de junio de 2012

La Guardia Civil cerca a Griñán con el caso de los ERE fraudulentos

Griñán desvió 6 millones de euros a Invercaria cuando era consejero de hacienda.
La juez Alaya modifica el calendario de declaraciones tras conocer el atestado
Asegura que hubo destrucción de documentos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que, durante el mandato de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, y teniendo como base una serie de declaraciones tomadas, "se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación" que lidera la juez Mercedes Alaya en torno a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Así consta en las conclusiones del atestado que ha sido remitido a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla bajo el título 'Informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en el periodo 1999-2010', compuesto por el informe en sí, de poco más de 300 páginas, acompañado por 50 anexos, y en el que los investigadores concluyen que el sistema de ayudas investigado era conocido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que "participó en mecanismos que lo harían viable"
Al comienzo del atestado, los agentes de la UCO dicen que el informe aportado a la magistrada "será oportunamente ampliado consecuentemente al desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo por esta Unidad, procediendo a la elaboración de nuevos atestados relativos, entre otros asuntos, a las ayudas a empresas concedidas por la Junta y al posible conocimiento de los hechos por otras consejerías y por otros órganos superiores de la mencionada Administración".
En el atestado, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes analizan de manera minuciosa el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo bajo los sucesivos mandatos de Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y concluyen que en esta última etapa, no sólo "se sacó documentación que pudiera haber resultado comprometida", sino que "los expedientes reclamados por el Juzgado no se mandaron tal cual estaban en la Dirección General de Trabajo, sino una vez completados con distintos documentos que les faltaban a los mismos y que eran reclamados de los distintos organismos que los pudieran tener".
NO EXISTE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS
No obstante lo cual, los agentes de la UCO sí afirman con rotundidad que, de las actuaciones llevadas a cabo, "no se deduce que se destruyera documentación alguna durante las revisiones realizadas ni en la Dirección General de Trabajo durante el fin de semana del 20/21 de noviembre de 2010, ni posteriormente por los equipos que trabajaron tanto desde esta Dirección General como desde" la Consejería de Empleo, añadiendo que "el objeto de la revisión era el hallazgo de irregularidades que eran tramitadas a través" del departamento de Rivera "a los responsables" de dicha Consejería.
De otro lado, los agentes de la UCO dicen que tanto Rivera como el entonces viceconsejero, Justo Mañas, "fueron informados a su llegada y de manera detallada de la situación existente en la Dirección General, no trasladando los hechos al Juzgado ni al Ministerio Fiscal", mientras que Rivera "no sólo da continuidad a los acuerdos alcanzados por Guerrero sin formalidad y con una clara y patente falta de procedimiento, sino que además da forma a los mismos mediante la emisión de una resolución por la que se ordena un pago, y en la que se da por hecho que obra en la Dirección General el expediente completo de la ayuda a Surcolor, todo ello en un contexto en el que ya se sabía cómo se habían dado las ayudas durante la época de Guerrero".
"De una simple revisión del 'expediente' existente se deduce de forma clara y patente la falta de procedimiento en la adjudicación de esta ayuda por parte de Guerrero", subraya la Benemérita, que añade que, también durante el mandato de Rivera y en el marco de la investigación liderada por la juez instructora, "en distintos documentos analizados aparecen menciones al pago a sindicatos de distintas cantidades de dinero, de las que a día de hoy se desconoce su motivación", citando que esta cantidad asciende a 120.000 euros en el caso de Santana o la Faja Pirítica.
CONOCIDO POR EL CONSEJILLO Y EL CONSEJO DE GOBIERNO
Asimismo, y en el punto referido al mandato de Guerrero, encarcelado desde el 10 de marzo en la prisión de Sevilla-1, los investigadores consideran que, a través del convenio firmado en 2001 por el que se regulaban las ayudas irregulares, se constituyó "una nueva herramienta que de manera injustificada, sustituiría y desplazaría durante más de nueve años la normativa de indudable rango superior que debió ser aplicada", impidiendo su fiscalización, añadiendo que la confección del convenio marco "sería conocida" tanto por los Consejillos como "posiblemente" por el Consejo de Gobierno.
Al hilo, asevera que "el descontrol absoluto" y el funcionamiento "irregular" de la Dirección General de Tráfico durante la etapa de Guerrero "no responde únicamente a la actuación aislada de éste, sino a la activa colaboración de algunos de sus subordinados, que además se aprovecharon de las debilidades del sistema de adjudicación de ayudas y de la falta de control existente". Así, concluye que "han participado en mayor o menor medida en la adjudicación de las ayudas o se han aprovechado de la falta de control, entre otros", el que fuera parlamentario socialista Ramón Díaz o el exchófer de Guerrero Juan Francisco Trujillo.
Concretamente, los agentes dicen que "la falta de un desarrollo reglamentario en la legislación autonómica al respecto de objetivar qué empresa y bajo qué condiciones podían optar a las ayudas dio lugar a que se adoptaran las mismas sin criterio objetivo alguno y basándose en decisiones discrecionales que nada tenían que ver con necesidades objetivas, sino más bien con intereses personales, lo que permitió favorecer a determinadas personas y territorios de una manera totalmente injustificada y desproporcionada".
EL CASO DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA
Así, relatan los agentes que durante el periodo de Guerrero --1999 a 2008-- "se han otorgado subvenciones directas a empresas andaluzas por 70 millones de euros, siendo beneficiarias empresas de la comarca de la Sierra Norte, con una población de 30.000 habitantes y que recibió 50 millones en ayudas, "lo que supone más del 70 por ciento del total de las ayudas directas a empresas concedidas en la comunidad autónoma". En este punto, dice que el exconsejero de Empleo José Antonio Viera "jugó un papel esencial por ser el que promovió" las ayudas a la Sierra Norte.
No obstante, su sucesor, Antonio Fernández, "fue responsable de que dichas ayudas siguieran pagándose", y además "no sólo conocía y estaba informado de la concesión de ayudas individuales, sino que fue la persona que efectivamente explicó a los sucesivos directores generales la posibilidad de su concesión, dando en ocasiones el visto bueno a las mismas".
Insistiendo en el papel de Fernández, la Guardia Civil señala que tanto él como su viceconsejero, Agustín Barberá, "eran conscientes de la tramitación irregular de los expedientes de ayuda en la etapa de Guerrero, pero no trasladan los hechos al Juzgado ni al Ministerio Fiscal a pesar de su gravedad".
EL PAPEL DE JUAN MÁRQUEZ
Los agentes de la UCO también concluyen que las ayudas individuales otorgadas "fueron concedidas a personas vinculadas políticamente, familiarmente o por razones de amistad a distintos funcionarios o cargos públicos con responsabilidad en la adjudicación y gestión de dichas ayudas".
En relación al mandato de Juan Márquez, los agentes aseveran que "los responsables de la Dirección General y de la Consejería conocían la existencia de intrusos y no hicieron nada por evitarlo", de manera que "se siguieron incluyendo intrusos en las pólizas de renta colectiva".

De tal perro tal amo‏


perroEl ingeniero ordenó a su perro
§¡ Escalímetro, muestra tus habilidades!
El perro agarró un martillo, unas tablas y se armó él solito una cucha. Todos admitieron que era increíble.


perros-salchicha-1El
contador dijo que su perro podía hacer algo mejor:
§
¡Cash Flow, muestra tus habilidades!
El perro fue a la cocina, volvió con 24 galletas y las dividió en 8 pilas de 3 galletitas cada una. Todos admitieron que era genial..


116El
químico dijo que su perro podía hacer algo aún mejor: §¡Óxido, muestra tus habilidades!
Óxido
caminó hasta la refrigeradora, tomó un litro de leche, peló una banana, tomó la licuadora y se hizo un batido. Todos aceptaron que era impresionante.

salchichaEl
informático sabía que podía ganarles a todos:
§
¡ Megabyte, hazlo !
Megabyte
atravesó el cuarto, encendió la computadora, controló si tenía virus, mejoró el sistema operativo, mandó un e-mail e instaló un juego excelente. Todos sabían que esto era muy difícil de superar. Todos miraron de reojo al político y le dijeron:
§
Y su perro, ¿qué puede hacer...?

perro olfateando[4]
El político llamó a su perro y dijo:
§
¡ Diputado, muestra tus habilidades!
Diputado
se paró de un salto, se comió las galletas, se tomó el batido, cagó en la alfombra, borró todos los archivos de la computadora, armó trifulca con los otros cuatro perros, ocupó la cucha con un título de propiedad falso y alegó inmunidad parlamentaria...
Insuperable....!!!

Griñán, el 'Tiger Woods' del despilfarro: destina 1,2 millones de euros a patrocinar un torneo de golf

La Consejería andaluza de Turismo gastó 4,3 millones en publicidad, ferias y patrocinio deportivo en sólo cuatro meses.


Reparte 1,83 millones de euros entre los medios de comunicación.

El verde es el color corporativo de la Junta de Andalucía, como verdes son también los campos de golf. En uno de ellos ha transcurrido un torneo al que José Antonio Griñán ha regado, como si de agua de mayo se tratara, con casi 1,2 millones de euros de los contribuyentes. Es la clara apuesta de un gobierno de izquierdas por un deporte considerado de ricos. Hoyo en uno en despilfarro.
Y no es el único. No parece que la hípica pegue mucho con el "obrero" incluido en el nombre del PSOE. Sin embargo, las carreras de caballos se han visto beneficiadas con unos más modestos 128.400 euros. Gracias a esos y otros deportes, así como a la promoción turística, los medios de comunicación ha recibido de la Junta 1,84 millones de euros en sólo cuatro meses de 2012.
En total, y en plena época de crisis y recortes, dicho departamento del Gobierno andaluz gastó 4.260.497,34 euros en "adjudicación de contratos de publicidad institucional y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria". Esas cifra se reparte entre el patrocinio deportivo, la presencia de la Junta en ferias de turismo y contratos con medios de comunicación locales y de ámbito nacional.
En la relación de los contratos, figuran dos partidas diferentes destinadas al "Patrocinio del Open de Andalucía de Golf 2012", que se desarrolló en Marbella del 15 al 18 de marzo.
El adjudicatario de una de ellas es Open de España de Golf S.L. y el otro Fade and Draw Target, grupo empresarial fundado por el golfista Miguel Ángel Jiménez. En ambos casos, la cantidad adjudicada es de 590.000 euros. Esto supone 1.180.000 euros para patrocinar dicho 'abierto'.
En cuanto al deporte equestre, los 128.400 euros totales se reparten entre tres carreras y circuitos hípicos: Dos Hermanas, Mijas y Circuito Hípico del Sol (Vejer de la Frontera). El capítulo deportivo se completa con los 200.000,01 destinados a la Vuelta Ciclista a Andalucía.
El dinero destinado a los medios está muy repartido. Las cantidades adjudicadas a los periódicos locales del grupo Vocento es de 492.094,86 euros.
Aquí aparece, una vez más, el deporte practicado por 'Tiger' Woods, puesto que incluye 93.222,36 euros destinados a patrocinar la revista 'Andalucía Costa del Golf'. El Grupo Joly, con una fuerte presencia en la prensa andaluza, consiguió contratos por 242.434,77 euros.
A la SER se le asignaron tres partidas, por un total de 114.317,98 euros, que sumados a los 106.080,87 euros de un patrocinio al diario AS suponen 212.161,74 euros para los medios del Grupo PRISA.
A Edhispalis, que produce la programación de la televisión local Giralda TV (Sevilla) y diversos programas para Canal Sur, se le destinaron 210.984 euros. Y precisamente a Canal Sur, tanto de televisión como de radio, se le otorgaron contratos por 155.036,79 euros.
Otros beneficiarios son Unión de Editores del Sur (147.500 euros), Marca (103.274,99 euros), Cope (98.593,72), Onda Cero (66.859,99 euros), Prensa Ibérica (61.540,43 euros) y Diario de Córdoba (Grupo Zeta, 38.940 euros).

Mafo cobrará 11.000 euros al mes durante dos años,cuando abandone el Banco de España

El gobernador del Banco de España cobrará el 80% de su retribución actual.
Después de varias semanas envuelto en la polémica, el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez abandonará su cargo el 10 de junio un mes antes de lo previsto. El mandato de Mafo concluye el 12 de julio, pero ha decidido adelantar el cese para que su sucesor "pueda incorporarse el 11 de junio", y afrontar con el tiempo necesario todos los pasos que impone la nueva reforma financiera.

El gobernador cobrará el 80% de su retribución actual, unos 11.000 euros al mes por los servicios prestados, siempre que no incumpla el régimen de incompatibilidad si tras dejar el Banco de España, pasa a formar parte del consejo de administración de alguna gran empresa.

A Ordóñez le corresponde esta cantidad durante los próximos dos años, según establece la Ley de Autonomía del Banco de España. La nacionalización de Bankia, la gestión del BdE durante la crisis financiera y la decisión del Gobierno de que sean expertos independientes los que evalúen la situación de la banca española, han precipitado la renuncia de Ordóñez.

Si estas dudas sobre la gestión del BdE se hubiesen materializado en un cese, Mafo no tendría ni siquiera derecho a la compensación según publica elEconomista. Este miércoles en el Senado, el gobernador del Banco de España salía del paso negándose a opinar sobre el sistema financiero
por "responsabilidad" en una situación "dramática". A partir del 10 de junio, Fernández Ordóñez contará con un plazo de tres meses para declarar sus actividades y su patrimonio, así como los de su familia.
                        

viernes, 1 de junio de 2012

Es necesario poner orden de una vez en los sueldos de los políticos y fijarlos por ley.

Resulta absolutamente impresentable, impropio de una democracia y sólo aplicable a una república bananera y sin ningún control del gasto, que los políticos decidan qué sueldos se ponen a sí mismos. Esto nos conduce a situaciones kafkianas como que la alcaldesa de Madrid, y otros varios más, cobren sueldos por encima del Presidente del Gobierno, o que en algunos ayuntamientos hubiera años con dos y tres subidas de sueldo, mientras todo el peso de la crisis y los recortes se cargan en los ciudadanos de a pié. Del mismo modo resulta incomprensible para el común de los mortales que los políticos acumulen sueldos, en un espectáculo que resulta obsceno y dantesco, del que el paradigma es la presidenta de la Diputación de León que acumula nada menos que doce cargos y sueldos. Al mismo tiempo todo esto permite que sea imposible calcular el gasto que dedicamos a nuestra clase política, o que exista incluso la posibilidad de que un partido con mayoría en un ayuntamiento deje sin asignación a toda la oposición, como ocurre en muchas ocasiones, con la pretensión de no dar medios para el control de su acción de gobierno, mientras ellos incluyen en su sueldo el aminorado a la oposición. Que los políticos puedan decidir cuando y cuanto se suben sus sueldos, es una forma insensata de poner a la zorra a guardar las gallinas.
España necesita poner orden en las cuentas públicas. Ese orden debe comenzar porque los ciudadanos sepan exactamente donde van destinados cada euro que pagan impuestos. Es un derecho fundamental, porque de esa forma los ciudadanos podrán conocer si sus impuestos están bien o mal gestionados, además que de esa forma se acabarían con muchas de las demagogias existentes al respecto, y con los atracos a la caja de todos los españoles por otro. Por esa razón se hace imprescindible que los sueldos de todos los políticos, incluídos los autonómicos, supramunicipales y locales se fijen en una tabla anual por ley, y que estos no tengan potestad para variarlos. De esa forma un gasto que ahora es variable e incontrolabe pasaría a ser un gasto fijo y presupuestado, con los beneficios obvios que ello conlleva. Algo que se hace en cualquier empresa en crísis, resulta inconcebible que no se aplique en un país en práctica bancarrota como España.
Estas tablas deberían fijarse, si se aplica la lógica, en base a la población que gestionan, de modo que se evite que un alcalde de un municipio de unos pocos miles de ciudadanos gane lo mismo que el presidente del gobierno, lo cual sólo puede ocurrir en esta España nuestra. Lo mismo ocurre con las taifas en que se han convertido las autonomías, que disponen del presupuesto, incluso del de las generaciones venideras, para gastar a su antojo cuanto quieren. Debemos comenzar por conocer cuanto cuesta este Estado que tenemos y que, según el informe elaborado por tres asesores de Presidencia del Gobierno publicado por Diario El Aguijón emplea a nada más y nada menos, que a unos 445.000 políticos. Ahora, una vez conocido el número de políticos sería muy interesante saber cuanto suponen para las arcas públicas los sueldos de toda esa legión de políticos. Todo ello, porque no es baladí pensar que, tenemos un número de políticos viviendo de todos nosotros, muy por encima de nuestras posibilidades.